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Daniel Zenteno
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El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, llegó este miércoles a La Paz alrededor de las 08.00. Personal policial se trasladó a la pista de aterrizaje para recibirlo y proceder con su resguardo en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El traslado, según confirmó su abogada defensora, Silvia Tapia, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las presuntas “víctimas” del 26 de junio de 2024, hecho que la parte acusadora mantiene como un supuesto “golpe de Estado” y alzamiento armado.
Por ello, el equipo jurídico de Zúñiga adelantó que pedirá una medida sustitutiva que le permita enfrentar el proceso en libertad, bajo restricciones.
Tapia recordó además que el informe conclusivo de la Asamblea Legislativa no halló prueba fehaciente que confirme la existencia de un golpe de Estado, documento que consideran un elemento relevante para la revisión de la situación jurídica del excomandante.
La defensa anticipó que deberán ser convocadas varias exautoridades nacionales para esclarecer el caso, entre ellas el expresidente Luis Arce Catacora; el exministro de Defensa, Edmundo Novillo; el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; y la exministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Con su llegada a la sede de gobierno, Zúñiga se alista a reactivar su estrategia legal con el objetivo de asumir su defensa fuera del penal de El Abra, en Cochabamba, donde permanece detenido hace más de un año.
De acuerdo con el excomandante, los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un grupo de militares derribaron con una tanqueta una puerta de Palacio Quemado, fueron instrucción del expresidente Arce en un intento de levantar su popularidad.
Zúñiga explicó en varias entrevistas desde el penal de El Abra que los motorizados militares solo pueden movilizarse si reciben una autorización directa del comandante general de las Fuerzas Armadas, es decir, el Presidente.
A raíz del hecho hay una veintena de personas, entre militares y civiles, que están detenidos y buscan que su situación sea revisada debido a que, aseguran, no intentaban tomar el poder por la fuerza, como asegura la parte denunciante que denominó el caso como Golpe de Estado III.
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El traslado, según confirmó su abogada defensora, Silvia Tapia, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las presuntas “víctimas” del 26 de junio de 2024, hecho que la parte acusadora mantiene como un supuesto “golpe de Estado” y alzamiento armado.
Por ello, el equipo jurídico de Zúñiga adelantó que pedirá una medida sustitutiva que le permita enfrentar el proceso en libertad, bajo restricciones.
Zúñiga
Tapia recordó además que el informe conclusivo de la Asamblea Legislativa no halló prueba fehaciente que confirme la existencia de un golpe de Estado, documento que consideran un elemento relevante para la revisión de la situación jurídica del excomandante.
La defensa anticipó que deberán ser convocadas varias exautoridades nacionales para esclarecer el caso, entre ellas el expresidente Luis Arce Catacora; el exministro de Defensa, Edmundo Novillo; el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; y la exministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Con su llegada a la sede de gobierno, Zúñiga se alista a reactivar su estrategia legal con el objetivo de asumir su defensa fuera del penal de El Abra, en Cochabamba, donde permanece detenido hace más de un año.
De acuerdo con el excomandante, los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un grupo de militares derribaron con una tanqueta una puerta de Palacio Quemado, fueron instrucción del expresidente Arce en un intento de levantar su popularidad.
Zúñiga explicó en varias entrevistas desde el penal de El Abra que los motorizados militares solo pueden movilizarse si reciben una autorización directa del comandante general de las Fuerzas Armadas, es decir, el Presidente.
A raíz del hecho hay una veintena de personas, entre militares y civiles, que están detenidos y buscan que su situación sea revisada debido a que, aseguran, no intentaban tomar el poder por la fuerza, como asegura la parte denunciante que denominó el caso como Golpe de Estado III.
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