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Washington certifica a Guatemala para acceder al 50% de fondos de cooperación, al igual que El Salvador y Honduras
Estados Unidos certificó a Guatemala, El Salvador y Honduras para acceder al 50% de los fondos de cooperación económica y de seguridad previstos para 2026, tras determinar que cumplen los requisitos establecidos por Washington.
Sandy Pineda
16 de agosto de 2026
|
16:56h
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Fotografía de archivo del 26 de mayo de 2026 que muestra el Capitolio de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)
Estados Unidos certificó a Guatemala, El Salvador y Honduras para acceder al 50% de los fondos de asistencia económica y de seguridad contemplados para el 2026, luego de que el Departamento de Estado determinara que los tres gobiernos cumplen las condiciones establecidas por Washington.
La certificación fue firmada el 1 de julio por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y publicada el 6 de agosto en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno estadounidense.
La decisión se fundamenta en la sección 7045(b)(2)(A) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y programas relacionados del 2026.
La ley establece que el cumplimiento de determinados requisitos es necesario para liberar la mitad de los recursos anuales de asistencia destinados a Guatemala, El Salvador y Honduras.
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Corrupción, seguridad y Estado de derecho
En el documento, Landau certifica que los gobiernos de los tres países combaten la corrupción y la impunidad, incluida la investigación y el procesamiento de funcionarios, militares y policías cuando existen acusaciones creíbles de corrupción.
“En virtud de la autoridad que me confiere certifico que los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras están combatiendo la corrupción y la impunidad”, señala el funcionario en el documento.
La certificación también menciona avances en las estrategias para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Washington concluyó además que los tres gobiernos impulsan reformas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, mejorar la transparencia de las instituciones públicas y garantizar la independencia de los sistemas judiciales y electorales. También incluye como condición la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
Otro de los aspectos evaluados fue la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición.
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Cooperación contra el narcotráfico y la migración
En materia de seguridad, Estados Unidos reconoce la cooperación de Guatemala, El Salvador y Honduras en la lucha contra el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otros delitos transnacionales.
La evaluación también contempla medidas para fortalecer los controles fronterizos, contener la migración irregular y generar oportunidades económicas que contribuyan a reducir las causas de la migración.
Los tres gobiernos, según el documento, también cooperan con Estados Unidos para facilitar “el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes”.
Además, la certificación considera programas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres y niñas, así como políticas destinadas a disminuir la pobreza, fortalecer la educación y ampliar las oportunidades para jóvenes en situación de riesgo.
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Inversión y uso de los fondos
Entre las condiciones también figura el mejoramiento del entorno para la operación y la inversión de empresas nacionales y extranjeras. Esto incluye reformas fiscales transparentes, mecanismos para el reembolso de impuestos a compañías estadounidenses y procedimientos para resolver disputas relacionadas con propiedades de ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
La asistencia que queda habilitada puede utilizarse en programas relacionados con seguridad pública, desarrollo económico, reducción de la migración irregular, fortalecimiento institucional, protección de derechos humanos y sistemas judiciales y electorales.
La certificación será remitida al Congreso de Estados Unidos junto con un memorando de justificación, como parte del procedimiento previsto en la legislación para autorizar el desembolso de los recursos destinados a los países del Triángulo Norte.
El acceso a los fondos está sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por la legislación estadounidense y a las revisiones que realice Washington sobre los avances de los tres países.
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