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Varias comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana tienen intención de llevar a los tribunales la regularización de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ya que, a su entender, puede tener impacto negativo en la prestación de servicios públicos, provocando "una mayor saturación del sistema". En el caso de los Gobiernos de Madrid y Baleares ya han avanzado que pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de esa regularización.
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