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Laura Martínez Quesada
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Hay momentos en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Costa Rica vive uno de esos momentos. Durante años, docentes, estudiantes, familias, comunidades rurales, personal de salud, periodistas, universidades y organizaciones sociales han advertido sobre una misma deriva: el debilitamiento paulatino de las instituciones que sostienen la democracia y hacen posible la movilidad social. No era ruido. No era exageración. No era la defensa de privilegios. Era una alarma.
Ahora los datos obligan a escuchar. El proyecto de presupuesto nacional para 2027 plantea una reducción para educación y deja la inversión educativa en torno a 4,9% del PIB, muy lejos del mandato constitucional del 8%. La cifra no es un detalle contable. Es una definición de prioridades. Detrás de cada recorte hay menos posibilidades para juntas de educación, comedores, becas, infraestructura, formación docente y acceso de las personas jóvenes a una vida distinta de la que les impuso el lugar donde nacieron.
Se nos ha querido convencer de que el ajuste es inevitable, de que el país no tiene alternativa, de que reducir recursos educativos es una decisión técnica. Pero ninguna hoja de cálculo es neutral cuando decide qué se recorta. Un presupuesto es una radiografía moral, revela qué se protege y qué se deja a la intemperie.
La Universidad Nacional conoce bien esta tensión. No ha respondido a las restricciones con derroche ni con inmovilidad. Entre 2019 y 2025 redujo ₡2.800,4 millones en diez partidas de servicios y ₡399,6 millones en ocho partidas de materiales y suministros. Redujo también ₡662,6 millones en tiempo extraordinario, recargo de funciones y disponibilidad laboral, además de ₡929 millones en dedicación exclusiva. Y mientras ajustaba lo prescindible, aumentó los recursos disponibles para becas estudiantiles hasta ₡15.245,2 millones en 2026: 31,4% más que en 2022.
Ese es el sentido de administrar con responsabilidad, no recortar por recortar, sino distinguir entre lo superfluo y lo esencial. Pero el deterioro no se limita a la educación. Una democracia no se sostiene solo con escuelas, universidades y becas; también necesita prensa libre, voces críticas, acceso a la información y ciudadanos capaces de cuestionar a quienes ejercen el poder.
El informe del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, reseñado por El País, advierte un deterioro acelerado del entorno periodístico costarricense. Señala presiones económicas, estigmatización desde el Ejecutivo, restricciones al acceso a información pública y un ambiente de intimidación que afecta la sostenibilidad del periodismo independiente. El índice de Reporteros Sin Fronteras, según la nota, ubicó a Costa Rica en el puesto 38 tras haber ocupado el 8 en el mundo cuatro años antes.
No es un mero trámite que la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas hayan enviado una misión a Costa Rica para evaluar la situación de libertad de expresión y prensa. En un pronunciamiento del 1 de setiembre, ocho expresidentes de la República alertaron sobre señales de deterioro, tales como presiones económicas contra medios, restricciones de acceso a información, uso injustificado del secreto de Estado, estigmatización y hostigamiento digital contra voces críticas.
Cuando se debilita la educación, se reduce la capacidad de una sociedad para comprender, discutir y transformar su realidad. Cuando se debilita la prensa, se reduce su capacidad de conocer lo que el poder hace en su nombre. Ambas cosas se alimentan mutuamente, una ciudadanía sin educación robusta es más vulnerable a la manipulación; una ciudadanía sin periodismo libre tiene menos herramientas para exigir cuentas.
Por eso el llamado no es solo universitario. Es nacional. Quien gracias a la educación pública aprendió a leer, que lea. Que lea el presupuesto, las cifras, las decisiones, las omisiones y las consecuencias. Quien puede hablar, que alce la voz. Que pregunte, que escriba, que exija información, que no permita que el cansancio convierta lo inaceptable en costumbre. Y quien tiene oídos para oír, que oiga; la democracia no se pierde siempre con un golpe espectacular. A veces se erosiona con recortes normalizados, preguntas silenciadas, instituciones debilitadas y voces que terminan por creer que protestar ya no sirve.
Costa Rica no puede continuar por esa vía. Defender la educación pública no es proteger una burocracia. Es proteger el derecho de una niña a aprender, de una persona joven a recibir una beca, de una estudiante de una sede regional a graduarse, de una comunidad a acceder a conocimiento y de un país a construir futuro. Defender la libertad de prensa no es defender empresas mediáticas. Es defender el derecho de cada persona a saber, contrastar y cuestionar.
Todavía estamos a tiempo. Pero el tiempo y el silencio no defienden a nadie, a la Patria la defendemos nosotros.
Dr. Jorge Herrera Murillo
Rector
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