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Mauricio Diaz
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Entre otras valiosas recomendaciones, el Informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea plantea la necesidad de adoptar dos leyes fundamentales. La proposición fue respaldada con prontitud y entusiasmo por las asociaciones de periodistas. No es para menos. Pero el citado informe de la UE, en disonancia con su análisis de contexto, omite curiosamente una tercera ley y guarda cauto silencio sobre una cuarta ley. Ambas también fundamentales.
Veamos las dos leyes recomendadas. La primera es una ley de medios de comunicación públicos (léase del Estado). No hay novedad en el diagnóstico: los medios estatales, en especial Bolivia TV, favorecieron al presidente/Gobierno y tuvieron una cobertura parcial y desigual de los candidatos. Se requiere, pues, para estos medios, establecer los “principios de pluralismo, imparcialidad e independencia frente al Órgano Ejecutivo”. Es una necesidad impostergable.
La segunda norma recomendada por la Misión es una ley de derechos digitales. La ausencia de este marco regulatorio “crea lagunas en el acceso a la información, la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos en línea”. Este vacío afecta el proceso electoral y contamina la conversación pública. Es fundamental entonces adoptar una normativa que limite los contenidos de odio, la publicidad encubierta y la desinformación que nutre la guerra sucia.
¿Cuáles son las ausencias en el informe de observación electoral? Una es la carencia de una ley de acceso a la información pública. Los especialistas de la UE señalan esta falta en su análisis de contexto, pero omiten recomendar una normativa que contribuya a garantizar el derecho fundamental de acceder a la información en poder del Estado. Sin esta ley, durante mucho tiempo congelada en el Órgano Legislativo, se quiebra el principio de transparencia.
Lo más crítico es el silencio de la Misión sobre la anomia en torno a la acción de los medios tradicionales en el proceso electoral. El informe muestra que las campañas de desprestigio, la desinformación y los contenidos difamatorios se expandieron en canales de televisión y emisoras de radio. Ni hablemos de los medios/periodistas con camiseta y los operadores mediáticos de las cloacas. Se necesitan reglas: el monitoreo sin sanciones del OEP y la estéril autorregulación no bastan.
La integridad electoral y la democracia precisan garantizar a plenitud la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo. Pero sin integridad informativa en los medios, masivos y digitales, se vulnera el derecho a la participación ciudadana. Más calidad, colegas periodistas, menos ombligo.
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Veamos las dos leyes recomendadas. La primera es una ley de medios de comunicación públicos (léase del Estado). No hay novedad en el diagnóstico: los medios estatales, en especial Bolivia TV, favorecieron al presidente/Gobierno y tuvieron una cobertura parcial y desigual de los candidatos. Se requiere, pues, para estos medios, establecer los “principios de pluralismo, imparcialidad e independencia frente al Órgano Ejecutivo”. Es una necesidad impostergable.
La segunda norma recomendada por la Misión es una ley de derechos digitales. La ausencia de este marco regulatorio “crea lagunas en el acceso a la información, la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos en línea”. Este vacío afecta el proceso electoral y contamina la conversación pública. Es fundamental entonces adoptar una normativa que limite los contenidos de odio, la publicidad encubierta y la desinformación que nutre la guerra sucia.
¿Cuáles son las ausencias en el informe de observación electoral? Una es la carencia de una ley de acceso a la información pública. Los especialistas de la UE señalan esta falta en su análisis de contexto, pero omiten recomendar una normativa que contribuya a garantizar el derecho fundamental de acceder a la información en poder del Estado. Sin esta ley, durante mucho tiempo congelada en el Órgano Legislativo, se quiebra el principio de transparencia.
Lo más crítico es el silencio de la Misión sobre la anomia en torno a la acción de los medios tradicionales en el proceso electoral. El informe muestra que las campañas de desprestigio, la desinformación y los contenidos difamatorios se expandieron en canales de televisión y emisoras de radio. Ni hablemos de los medios/periodistas con camiseta y los operadores mediáticos de las cloacas. Se necesitan reglas: el monitoreo sin sanciones del OEP y la estéril autorregulación no bastan.
La integridad electoral y la democracia precisan garantizar a plenitud la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo. Pero sin integridad informativa en los medios, masivos y digitales, se vulnera el derecho a la participación ciudadana. Más calidad, colegas periodistas, menos ombligo.
FadoCracia vergonzante
- Los nuevos regentes del Estado Plurinacional de Bolivia reanudaron relaciones con los viejos regentes del Estado Genocida de Israel. Son relaciones estratégicas. 2. A los genocidas no les interesa que seamos plurinacionales. Y viceversa. Amistades matan principios. Aquí el verbo “matan”, por si caso, es alegórico. 3. La decisión fue suscrita… ¡en Washington D.C! Quizás con la bendición (o mandato) del monarca y su “corolario a la Doctrina Monroe”. 4. Según la Constitución, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve el derecho a la paz y rechaza toda guerra de agresión”. Es incontestable. 5. No parece muy pacifista que, en los últimos dos años, nuestros renovados socios hayan “asesinado o mutilado a 64.000 niños y niñas en la Franja de Gaza, entre ellos al menos mil bebés” (Unicef). Ninguno “terrorista” de Hamás. 6. La madura “diplomacia activa” boliviana cree que eso es “defender los DDHH y la paz” (sic). 7. La buena noticia es que llegarán turistas israelíes (no necesitan visa) a la Patria, Patria, Patria. Con suerte nos tocan algunos que, cansados de disparar, necesitan naturaleza. Es un paso histórico de las “democracias morales”.
José Luis Exeni Rodríguez
es politólogo.
es politólogo.
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