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Adrián Z. Rivero
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La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que propondrá someter a un “arbitraje laboral de derecho” la discusión con el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) sobre el pago de anualidades y el ajuste por costo de vida.
En un comunicado enviado a la comunidad universitaria, la Rectoría señaló que existe “controversia jurídica” alrededor de ambos temas, por lo que propone el arbitraje “con el propósito de alcanzar una solución que brinde certeza tanto a las personas trabajadoras como a la Institución”.
En relación con el ajuste por costo de vida, el pasado 20 de julio la Administración aprobó un aumento de 1,5% para los funcionarios cuyo salario es menor al de la escala de salario global, sin embargo, el sindicato defiende que debía aplicarse para todos los funcionarios.
Respecto a esto, la Rectoría asegura que hay una controversia jurídica sobre si el ajuste debe considerarse como un aumento salarial a la base o no, lo que definiría si le aplica la Ley de Empleo Público (10.159) y si hubiese que incluir en el incremento a todos los funcionarios, incluidos los que ganan más que el salario global.
El pasado 30 de julio, el Sindeu se declaró en conflicto con la UCR por no haber aplicado el ajuste para todos, lo que fue considerado por la organización como una supuesta discriminación salarial.
En cuanto a las anualidades, el arbitraje tendría como propósito determinar el régimen aplicable al reconocimiento de anualidades de acuerdo con las distintas situaciones salariales que existen en la institución, incluyendo también el tema de si corresponde otorgarlas a quienes están por debajo o encima del salario global.
Tal como UNIVERSIDAD ha reportado previamente, la Rectoría negó que existan compromisos de realizar pagos retroactivos de anualidades, mientras que el secretario general del Sindeu, Harold Chavarría, sostiene que existe una minuta de acuerdos firmada por el rector, Carlos Araya, sobre este tema.
“La propuesta procura que una instancia imparcial analice integralmente las posiciones jurídicas existentes, considerando la Constitución Política, la legislación vigente, la Convención Colectiva, la jurisprudencia y los demás criterios jurídicos aplicables, y adopte una decisión que otorgue seguridad jurídica tanto a las personas trabajadoras como a la Institución”, dijo la Rectoría en su comunicado, enviado el pasado lunes.
Según el documento, “el arbitraje no pretende sustituir el diálogo entre la Administración y el Sindeu ni desconocer las posiciones sostenidas por las partes”, sino más bien una vía para que las diferencias de interpretación puedan resolverse, con “fundamento en Derecho y mediante una decisión imparcial” antes de tomar decisiones “cuyos efectos salariales, administrativos y presupuestarios podrían proyectarse durante muchos años”.
“La Universidad considera responsable acudir a una vía imparcial que permita analizar integralmente las distintas posiciones jurídicas y alcanzar una decisión fundada en Derecho, antes que adoptar unilateralmente una interpretación que pueda afectar los derechos de las personas trabajadoras, comprometer recursos públicos o generar consecuencias institucionales de largo plazo”, insistió la Rectoría.
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Por su parte, el Sindeu defiende que tiene una “minuta de acuerdos” en la que la Administración promete pagar anualidades y escalafones de los últimos años.
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