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Ignacio Ortiz Salas
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La Universidad de Costa Rica (UCR) impulsa el rediseño del puente peatonal que conecta las fincas 1 y 2 de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio con el propósito de corregir las observaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras la construcción de la obra. La propuesta contempla eliminar la columna central, reforzar la superestructura y rediseñar los sistemas de seguridad vial para que el proyecto obtenga finalmente la aprobación de la Dirección de Prevención Vial del ministerio.
Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el procedimiento de rediseño se realizó bajo el expediente 2026LD-000025-0000900001 y fue adjudicado a José Mauricio López Campos por un monto de ₡14.998.404 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el pasado 18 de marzo.
La intervención forma parte de un plan remedial aceptado por el MOPT luego de que una inspección determinara que el conector no cumplía con varios requisitos de seguridad vial. Según el acta constitutiva del proyecto, la principal observación se relaciona con la protección de la columna ubicada sobre la isla divisoria de la carretera, cuya configuración actual no ofrece la contención necesaria en caso de una colisión vehicular. A ello se suma que en una de las vías el puente estaría incumpliendo con la altura mínima para el tránsito.
Sin embargo, Esteban Camacho Mosheim, arquitecto y docente de la Escuela de Arquitectura, responsable del diseño original del conector peatonal que fuera inaugurado en 2021, solicitó al Consejo Universitario suspender el procedimiento de contratación para el diseño e inspección de la remodelación mientras se analizan alternativas que, según sostiene, permitirían corregir las observaciones del MOPT sin modificar de forma sustancial la estructura.
En la carta remitida al órgano universitario, Camacho afirma que el procedimiento impulsado por la Oficina Ejecutora de Programas de Inversiones (OEPI) conduciría a “un gasto significativo e innecesario de fondos públicos” y a “la destrucción irremediable” de una obra que, además de sus reconocimientos nacionales, considera de alto valor arquitectónico. También sostiene que las justificaciones técnicas utilizadas para respaldar la contratación admiten soluciones menos costosas y de menor impacto sobre el puente.
La contratación forma parte de un plan remedial acordado entre la UCR y el MOPT luego de que el ministerio rechazara la obra tras una inspección realizada una vez concluida su construcción. De acuerdo con el acta constitutiva del proyecto y los términos de referencia del procedimiento, la iniciativa tiene como objetivo elaborar el diseño, presupuesto e inspección del reforzamiento del puente, además del rediseño integral de las obras de seguridad vial para que el conector obtenga finalmente la aprobación de la Dirección de Prevención Vial del ministerio.
La Universidad señala además que, debido a las reiteradas solicitudes realizadas por el MOPT y al impedimento para cerrar administrativamente el proyecto mientras persistieran esos incumplimientos, la OEPI elaboró un plan remedial que posteriormente fue aceptado por el ministerio. La contratación actualmente en ejecución corresponde precisamente a la segunda etapa de ese plan.
Como parte de esa solución, el anteproyecto suministrado por la Universidad contempla la demolición de la columna central del puente, el reforzamiento de la superestructura mediante una viga tridimensional sobre la pasarela existente, el eventual reforzamiento de columnas, pedestales y cimentaciones, así como el rediseño completo de los sistemas de seguridad vial para ajustarlos a la normativa nacional. El producto esperado de este primer proceso licitatorio son los planos constructivos visados, las especificaciones técnicas y el presupuesto que servirán de base para una futura licitación de la obra.
Arquitecto plantea soluciones menos invasivas
Camacho cuestiona que esas intervenciones sean necesarias. En su criterio, los tres principales señalamientos formulados por el MOPT pueden resolverse mediante acciones puntuales sin alterar de manera profunda la estructura.
Respecto a la altura libre para el paso de vehículos, afirma que la diferencia corresponde a aproximadamente nueve centímetros en un área cercana a los dos metros cuadrados y que esa condición no fue producto del diseño original, sino de un recarpeteo asfáltico realizado posteriormente por la Municipalidad de Montes de Oca. Por esa razón considera que la solución proporcional sería rebajar la carpeta asfáltica en ese punto específico, en lugar de rediseñar el puente completo.
Sobre la ausencia de rótulos de altura, sostiene que esa señalización únicamente corresponde cuando existe una restricción efectiva inferior al mínimo normativo. Desde su perspectiva, si se corrige la capa asfáltica de la vía la rotulación dejaría de ser necesaria; de mantenerse la condición actual, bastaría con instalar la señal correspondiente, sin justificar una remodelación estructural.
La principal diferencia entre ambas posiciones se encuentra, sin embargo, en el futuro de la columna central. Mientras el proyecto impulsado por la Universidad parte de su eliminación para cumplir con el plan remedial aceptado por el MOPT, Camacho asegura que, según recuerda de las reuniones sostenidas con funcionarios del ministerio entre 2021 y 2022, la observación se limitó a mejorar la protección del bastión mediante el reposicionamiento de la barrera de concreto existente y no a demoler el elemento estructural.
Las reacciones desde el Consejo Universitario
La carta de Camacho se dirigió a todos los integrantes del Consejo Universitario (CU) y el tema tuvo una primera discusión en la sesión n.° 7007 del pasado 2 de julio. En ella surgió el cuestionamiento desde la representante del Área de Ciencias Sociales, Ilka Treminio, que aseguró recibir con preocupación el oficio porque el órgano colegiado no había tenido comunicación respecto al puente “A pesar de la insistencia que ha tenido este CU de ser debidamente informados sobre la inversión de los recursos en construcción”.
En la mesa del CU se encuentran tanto Natalia Solano, quien representa al área de Ingenierías y es arquitecta de profesión, así como Olman Vargas, quien es ingeniero civil y representa a los colegios profesionales ante el órgano. Vargas se ofreció a realizar un análisis de la situación. Consultado por UNIVERSIDAD aseguró que es probable que presente sus conclusiones en la sesión del 21 de julio, mientras que Solano aseguró que “corresponde al Consejo verificar, a posteriori, que los procesos de desarrollo, intervención, mantenimiento y mejora de la infraestructura universitaria cumplan con el marco legal, administrativo y técnico aplicable. También debe valorar que las decisiones protejan el bienestar de la comunidad universitaria y respondan a un uso responsable de los recursos institucionales.”
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