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Adrián Z. Rivero
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Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) anulara ocho mecanismos ilegales de traslado al salario global en la Universidad de Costa Rica (UCR), la casa de enseñanza dice que todavía no ha decidido si recuperará los recursos pagados a raíz de esos movimientos y evita revelar el impacto financiero.
Así se señala en respuestas enviadas a UNIVERSIDAD por la Oficina de Prensa de la Rectoría tras consultas sobre el oficio DFOE-CAP-0621, en donde el ente contralor ordenó a la UCR ajustar su Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) a la Ley Marco de Empleo Público (10.159), luego de encontrar irregularidades en ocho formas habilitadas para migrar al salario global.
Dicha ley, vigente desde marzo de 2023, establece la creación de un régimen de salario global como forma de remuneración en el sector público, sustituyendo al salario compuesto (base + pluses) históricamente utilizado. Las universidades públicas, debido a su autonomía constitucional, tuvieron la posibilidad de quedar fuera del régimen creado por el Ejecutivo y, en cambio, definir su propio salario global.
En el caso de la UCR, esta aprobó su RRSA, aplicable solo para el sector académico, el 14 de diciembre de 2023, mediante un acuerdo tomado por el Consejo Universitario (CU).
A favor de dicha propuesta, hoy desbaratada por la CGR, votaron el actual rector y entonces representante de sedes regionales ante el CU, Carlos Araya, así como Eduardo Calderón, Patricia Fumero, Jaime Caravaca, Natasha García, Valeria Bolaños, Germán Vidaurre y Carmela Velásquez, quienes en ese momento también integraban el órgano colegiado.
En contra del acuerdo estuvieron el exrector Gustavo Gutiérrez y los miembros William Méndez, Stephanie Fallas y Carlos Palma.
En el RRSA, el centro de educación superior habilitó varias formas para que los funcionarios con salarios compuestos menores al global pudiesen pasar de un régimen a otro y con ello obtener una mejor remuneración, mediante cuatro transitorios que la Contraloría determinó que son ilegales.
Por ejemplo, se posibilitó que los funcionarios en puestos de elección de autoridades universitarias pudiesen solicitar su traslado de régimen durante o al concluir su gestión y también se abrió la opción para quienes renunciaran al beneficio de dedicación exclusiva. Junto a estas existían otras seis vías para trasladarse de un régimen a otro que la CGR ordenó eliminar.
Además de la orden de anular las disposiciones irregulares, el ente contralor también abrió una investigación para “determinar los hechos y las eventuales responsabilidades que correspondan”, según confirmó al Semanario.
¿Los funcionarios tendrán que devolver el dinero?
En respuestas previas a este medio, la Contraloría aseguró que le corresponde a la Rectoría de la UCR hacer las valoraciones sobre las consecuencias de la disposición de ajustar el reglamento salarial.
“Cualquier valoración sobre situaciones particulares, eventuales efectos derivados de esos traslados o posibles acciones de recuperación de recursos corresponde a la Administración universitaria, en el marco de sus competencias, su régimen jurídico aplicable y los procedimientos que correspondan”, dijo la entidad.
Ante esto, UNIVERSIDAD consultó a la Rectoría si a raíz del DFOE-CAP-0621 se tomarían medidas de recuperación de recursos y si los funcionarios que se trasladaron de régimen utilizando esas vías declaradas ilegales tendrían que devolverse a su modalidad salarial anterior.
Al respecto, la Oficina de Prensa de la Rectoría indicó que la Universidad no ha tomado “decisiones institucionales definitivas” sobre las eventuales “consecuencias administrativas o jurídicas” a raíz del proceso de fiscalización de la CGR.
“No resulta posible anticipar si procederán medidas como recuperaciones de sumas pagadas, modificaciones de régimen salarial o cualquier otra actuación, ni los plazos en que eventualmente podrían ejecutarse”, indicó esa Oficina.
El Semanario también preguntó a la Administración por el impacto económico de los traslados ilegales y la cantidad de funcionarios que los utilizaron. Sin embargo, la misma dependencia de Rectoría indicó que, como parte de un “proceso de fiscalización”, la CGR pidió a la Universidad “información técnica, financiera y administrativa” que sigue en “recopilación, verificación y análisis”, y se escudó en esa gestión para no entregar lo solicitado.
“La Universidad no puede suministrar, en este momento, información que forma parte de ese proceso de análisis y fiscalización, incluyendo datos cuya determinación y validación constituyen precisamente objeto del requerimiento formulado por el órgano contralor”, añadió la instancia.
Por otro lado, la Oficina de Prensa de la Rectoría —que pidió explícitamente que se atribuyeran así las declaraciones— recordó que, en respuesta a la orden de la Contraloría de anular los transitorios, ya el CU aprobó una serie de reformas que actualmente están siendo consultadas a la comunidad universitaria, tras lo cual vendrá su aprobación definitiva.
“Una vez que concluyan esos procesos y existan decisiones institucionales definitivas y datos oficialmente consolidados que puedan divulgarse conforme al ordenamiento jurídico, la Universidad atenderá las solicitudes de información dentro del marco del principio de transparencia que rige la función pública”, agregó la dependencia.
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