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Mario Bermúdez Vives
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Representantes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declararon en la Asamblea Legislativa que un proyecto de ley para prohibir la venta de servicios de verificación de identidad tiene problemas de conexidad.
Eugenia Zamora, presidenta del TSE, asistió a la Comisión especial de reformas al sistema político y electoral del Estado, para referirse al proyecto 24.895, la ley para devolver al ciudadano el control de sus datos básicos sobre hechos vitales. La acompañaron Xinia Guerrero, Directora de estrategia, y Andrei Cambronero, director del despacho.
«Hay un error técnico en la formulación del proyecto, dice que se prohíbe la venta de datos de un servicio que no tiene datos; es un servicio para verificar la identidad», expuso Zamora.
Adicionalmente, los funcionarios alegaron que el proyecto pretende variar la declaratoria de datos privados y públicos, que correspondería a una reforma a la ley de protección de datos, mediante una reforma indirecta, relacionada con el Código Electoral y el artículo 24, que autorizar al TSE el cobro por brindar servicios no esenciales.
El proyecto 24.895 fue presentado por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), y firmado por sus compañeros Eliécer Feinzaig y Luis Diego Vargas, que posteriormente se declaró independiente. En el proyecto se alega que el TSE vende a cualquier interesado los datos de los costarricenses y los expone públicamente.
«Hay que mitigar, a la mayor brevedad, el altísimo riesgo que existe de que esos datos que el TSE pone a disposición de cualquiera sean utilizados en estafas, acoso o a través de otros delitos», indica el proyecto, que propone eliminar el carácter comercial del servicio del TSE y que en su lugar únicamente se pueda cobrar el acceso a las bases de datos para emitir certificaciones a solicitud del interesado o mediante su consentimiento informado.
No obstante, esta inquietud fue rechazada por Zamora, quien enfatizó que precisamente el sistema de Verificación de Identidad (VID) del TSE permite reducir la criminalidad, mediante procesos de identificación que son utilizados por bancos y notarios.
«Básicamente, compara la huella dactilar de la persona en un lector, con la huella dactilar que se tiene asociada al número de la cédula de identidad», explicó la presidenta del TSE.
Guerrero por su parte destacó que el VID funciona desde el 2016, y que cuenta con 167 usuarios activos. «Se realizan un promedio anual de mas de 885 mil consultas, y desde el 2016, se han realizado más de 9 millones», expresó Guerrero, quien insistió en que no se divulgan datos, sino que se verifica que la huella que se está remitiendo, asociada con un número de cédula, corresponde a la huella registrada en el TSE asociada a ese número de cédula.
Por su parte, Cambronero enfatizó en que el proyecto comete un error al prohibir la venta de datos del TSE, cuando lo que se comercializa es la verificación, como un proceso que cuenta con el consentimiento del ciudadano, al colocar su huella en el lector para ser identificado.
Cambronero también reconoció que los diputados tienen la posibilidad de variar los datos que se pueden considerar como sensibles o privados, pero resaltó que esa variación debería realizarse con un cambio de la ley de protección de datos, y no de manera indirecta, con una variación de los servicios que el TSE comercializa.
No hubo ninguna consulta de los diputados tras las exposiciones de los funcionarios del TSE, que al final de la audiencia fueron convocados nuevamente, pero para referirse a otro proyecto de ley, el 24.875 para regular el uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales, que está siendo bloqueado por el oficialismo con mociones, y la solicitud de que este tema se deje para más adelante.
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