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La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió este miércoles la medida de arresto domiciliario impuesta al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, a presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
La magistrada Giselle Méndez explicó que, aunque el militar cumplió su pena de cinco años que se le impuso en junio, la sentencia todavía no es firme porque no se le ha dado lectura íntegra, por lo que su proceso penal continúa.
Añadió que hasta que no pase el plazo para recurrir la sentencia, cuya lectura está programada para el 23 de este mes de agosto, ese fallo, en el caso de Girón, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se prevé que no apelen, no adquiere la cosa irrevocablemente juzgada.
"En este caso ya este ciudadano (Raúl Alejandro Girón) ha cumplido la condena que se le ha impuesto y, por tanto, esta medida de coerción (el arresto domiciliario) resulta desproporcional en atención a su naturaleza", sostuvo la magistrada.
Con la variación de la medida "cesa la custodia que ejercía el Ministerio Público" respecto a Girón en los términos dispuestos por la resolución del juez que le impuso en mayo del 2021 el arresto domiciliario, agregó Méndez.
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El testimonio del mayor Raúl Alejandro Girón fue clave en el caso de corrupción en el que se condenó a 20, 15 y 10 años a oficiales de altos rangos militar y policial el pasado mes de junio.
También recibió una condena de 20 años el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, mientras que a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez se le impuso 15 años de cárcel, a esta última se le acusa de ser presunta testaferra de Cáceres.
Al salir del tribunal, Girón no reaccionó a las preguntas de los periodistas de si se siente seguro con menos restricciones a su libertad.
La solicitud de la variación de la medida de coerción a Girón fue solicitada por el defensor público Rubén Martínez, a la que los representantes del Ministerio Público y del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no se opusieron.
Por el órgano acusador estuvo el fiscal Jonathan Pérez Fulcar y por el ERPP, José Alberto Ortiz.
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La magistrada Giselle Méndez explicó que, aunque el militar cumplió su pena de cinco años que se le impuso en junio, la sentencia todavía no es firme porque no se le ha dado lectura íntegra, por lo que su proceso penal continúa.
Añadió que hasta que no pase el plazo para recurrir la sentencia, cuya lectura está programada para el 23 de este mes de agosto, ese fallo, en el caso de Girón, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se prevé que no apelen, no adquiere la cosa irrevocablemente juzgada.
"En este caso ya este ciudadano (Raúl Alejandro Girón) ha cumplido la condena que se le ha impuesto y, por tanto, esta medida de coerción (el arresto domiciliario) resulta desproporcional en atención a su naturaleza", sostuvo la magistrada.
Con la variación de la medida "cesa la custodia que ejercía el Ministerio Público" respecto a Girón en los términos dispuestos por la resolución del juez que le impuso en mayo del 2021 el arresto domiciliario, agregó Méndez.
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Testimonio clave
El testimonio del mayor Raúl Alejandro Girón fue clave en el caso de corrupción en el que se condenó a 20, 15 y 10 años a oficiales de altos rangos militar y policial el pasado mes de junio.
- Entre los oficiales condenados figuran el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, a 20 años de prisión; los generales Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cestur; y Julio Camilo de los Santos Viola, a 20 y 15 años de prisión, respectivamente.
También recibió una condena de 20 años el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, mientras que a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez se le impuso 15 años de cárcel, a esta última se le acusa de ser presunta testaferra de Cáceres.
Al salir del tribunal, Girón no reaccionó a las preguntas de los periodistas de si se siente seguro con menos restricciones a su libertad.
La solicitud de la variación de la medida de coerción a Girón fue solicitada por el defensor público Rubén Martínez, a la que los representantes del Ministerio Público y del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no se opusieron.
Por el órgano acusador estuvo el fiscal Jonathan Pérez Fulcar y por el ERPP, José Alberto Ortiz.
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