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Fabiola Pomareda García
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Una reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes señaló que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) acumula 4.560 casos por infracción ambiental sin resolver, además de 317 casos que se encuentran en etapa de seguimiento.
El TAA es un órgano del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) con desconcentración máxima e independencia funcional. Está integrado por tres juezas propietarias y tres jueces suplentes. Su función es conocer y resolver en sede administrativa las denuncias por violaciones a la legislación ambiental, pudiendo investigar hechos, ordenar medidas y establecer responsabilidades e indemnizaciones. Sus resoluciones son de acatamiento obligatorio y agotan la vía administrativa.
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, el TAA señaló que desde el año 2021 ha formulado propuestas al Minae para fortalecer la gestión institucional, establecer criterios de priorización técnica de casos urgentes y reducir el circulante de expedientes; pero que las autoridades superiores no se han pronunciado formalmente sobre dichas propuestas.
El TAA también indicó a la Defensoría que tienen seis plazas de profesionales en Derecho para atención de denuncias ambientales a nivel nacional, lo que representa una carga aproximada de más de 500 expedientes por profesional. Esta situación se agravó por el traslado de varias plazas hacia otras dependencias del Minae.
Debilitamiento y pérdida de efectividad
El 14 de octubre de 2024, UNIVERSIDAD publicó que, después de mantenerse desintegrado desde el mes de abril, finalmente en octubre el Consejo Nacional Ambiental -ente que asesora a Presidencia- juramentó a las personas que fungirían como nuevos jueces y juezas del TAA.
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Después de que se mantuviera desintegrado desde el mes de abril, finalmente el Consejo Nacional Ambiental juramentó a las personas que fungirán como nuevos jueces y juezas del Tribunal Ambiental…Asimismo, el 30 de julio del año pasado, este medio publicó que bajo la administración Chaves Robles, el TAA perdió ocho plazas, su presupuesto se redujo y cada vez dicta menos resoluciones, según datos del propio tribunal, solicitados por este semanario. Todo esto contribuye a su debilitamiento y pérdida de efectividad, aseguraron abogados ambientalistas y jueza.
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El debilitamiento de este órgano sancionador genera un sentido de impunidad en quienes cometen delitos ambientales, dijo la abogada y ecologista Silvia Matamoros.
En la investigación dada a conocer hoy por la Defensoría, esta institución confirmó que en 2024 y 2025 el Tribunal se vio afectado por la renuncia de varios de sus integrantes, lo que implicó que estuvieran suspendidas, por algún periodo de tiempo, audiencias y actuaciones por falta de quórum.
El TAA tuvo que presentar un plan de contingencia para atender el circulante de denuncias y proponer medidas para reducir el rezago, incluyendo la integración extraordinaria de jueces suplentes y ajustes organizativos.
La Defensoría también expuso que el TAA ha experimentado variaciones en la asignación de recursos, incluyendo incrementos destinados a inversión tecnología; pero disminuciones que afectaron la contratación de servicios como seguridad y digitalización de expedientes.
Además, la Defensoría sostuvo que entre marzo y octubre de 2025 no hubo quórum en el TAA, por lo que se tuvo que suspender todas las audiencias orales y públicas, agravando el rezago en la atención de casos.
La Defensoría recomendó al Minae “tomar medidas para la integración necesaria y el adecuado funcionamiento del Tribunal, a través del nombramiento oportuno de las personas juezas en el momento que se requiera por renuncia o cualquier otro motivo”.
También le recomendó “adoptar las acciones administrativas, presupuestarias y organizativas para fortalecer la capacidad operativa del Tribunal; diseñar y ejecutar un plan institucional para la atención del rezago de expedientes” y remitir a la Defensoría un cronograma detallado de acciones para el periodo 2026.
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