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Adrián Z. Rivero
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El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar provisionalísima que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó para mantener varios contratos cuestionados por la Contraloría General de la República (CGR).
La decisión del Tribunal se concretó este miércoles, según informó el Instituto en un comunicado de prensa.
El pasado 28 de julio, la Contraloría emitió el DFOE-CIU-0287, en el que se determina que el ICE suscribió contrataciones directas con otras instituciones públicas, pero fue un sujeto privado el que terminó ejecutando la mayor parte de los contratos, a través de una figura conocida como “asociación empresarial”.
En su estudio, el ente contralor detectó al menos catorce contratos en los que sucedió lo antes descrito:
“Se evidencia un patrón sistemático y generalizado: los socios comerciales privados asumen la ejecución material, técnica y sustantiva de los contratos (aportando equipos, licencias, instalación y mantenimiento operativo), mientras que el ICE relega su papel a una labor meramente administrativa, de representación e intermediación frente a las instituciones públicas contratantes”, señala el documento.
La CGR señaló que dicho esquema “fragmenta el control de los fondos públicos” pues las instituciones públicas contratantes terminan pagando por “un servicio que es ejecutado casi íntegramente por un ente privado que no fue seleccionado bajo principios de igualdad, libre concurrencia y de transparencia pública, ni se fiscaliza directamente por tal ejecución”.
Cuando comunicó los resultados de su investigación, la Contraloría dijo que “las instituciones evadieron la licitación pública al utilizar, de forma ilegítima, la figura excepcional de contratación directa entre entes de derecho público”.
Entre las instituciones implicadas, además del ICE, están la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Asamblea Legislativa, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y otras.
Por su parte, algunas de las empresas que participaron en estos contratos fueron Corporación FONT S.A., SONDA Tecnologías de Información S.A., Continex Continental Importación y Exportación S.A., Swat Consulting Services Latin America S.A., Componentes El Orbe S.A., y otras.
El órgano contralor explicó que la figura de contratación entre entes de derecho público es un privilegio que no tienen otros competidores del ICE:
“No es posible que la empresa pública utilice este privilegio estatal como vehículo para introducir directamente a sujetos privados en la prestación de actividades o servicios públicos, eludiendo el principio constitucional de competencia”, señala el documento.
En el oficio se ordena al Instituto dejar de utilizar estas asociaciones empresariales con sujetos privados en contrataciones directas entre entes de derecho público, además de garantizar que cuando se realicen estos procedimientos excepcionales, el ICE pueda cumplir al menos con el 70% del objeto contractual.
Sin embargo, el Instituto asegura que lo dispuesto por la CGR limita “su capacidad de competir en el mercado de telecomunicaciones”, al tiempo que supuestamente afecta a las instituciones contratantes a la hora de prestar servicios públicos.
De tal manera que, tras las órdenes, el ICE elevó el asunto ante el Contencioso, que ordenó de forma provisionalísima “mantener la vigencia y ejecución de los contratos actualmente suscritos” bajo la modalidad cuestionada por la CGR, “garantizando la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios que actualmente reciben las instituciones públicas usuarias y los ciudadanos beneficiarios de dichos servicios”.
El Instituto sostiene que la medida cautelar acogida por el Tribunal “evita que sistemas esenciales como el EDUS de la CCSS y la conectividad a internet en escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP) sean suspendidos”.
El tema de las asociaciones empresariales ya había sido cuestionado antes por la Auditoría Interna del ICE, que en su momento advirtió en el oficio ADV-04-2025 que Cisco Systems —a través de sus socios locales o partners— y otras tres empresas concentran dichas alianzas en la institución.
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El ente auditor señala que Cisco, a través de sus socios locales, y otras tres empresas concentran el 60% de las asociaciones empresariales, una figura utilizada en contrataciones excepcionales.
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