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Fabiola Pomareda García
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Ranitas de cristal, tortugas hicoteas, lapas rojas y verdes, tucanes, perezosos, serpientes, monos carablanca, dantas, cauceles (felinos), hormigas, escarabajos y mariposas morpho están entre las especies extraídas de sus hábitats en Costa Rica para ser traficadas.
Ser uno de los 25 países megadiversos en el mundo, con uno de los mayores niveles de densidad de biodiversidad, hace al país atractivo para uno de los negocios ilícitos más lucrativos actualmente: el tráfico de vida silvestre.
Cada año alrededor de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats en el país, según el Ministerio Público. (Fotos: Fuerza Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial
Estas especies son perseguidas para ser vendidas como mascotas, traficadas a mercados internacionales de mascotas exóticas o añadidas a colecciones privadas. Asimismo, productos derivados de estos animales también son utilizados como trofeos, adornos o para usos medicinales.
El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández Araya, afirmó a UNIVERSIDAD que en los últimos años se ha duplicado la criminalidad del tráfico de vida silvestre, registrando 123 denuncias en 2023, 224 en 2024 y 239 en 2025, según datos del Ministerio Público. Esto representa un aumento de un 94% en 2 años.
Sin embargo, esto constituye una fracción minúscula, frente a los casos no denunciados e invisibilizados de este tráfico.
Se calcula que cada año alrededor de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats naturales en el país, según datos del Ministerio Público.
Crimen organizado y pocos controles
De acuerdo con Hernández, este aumento en el tráfico de vida silvestre se debe a la globalización económica con el ingreso de grandes capitales producto de negocios ilícitos, que buscan en qué invertir y encuentran en el delito ambiental una línea de comercio rentable en un país megadiverso.
“Esos dos factores, grandes capitales transnacionales emergentes y un país que ofrece una alta biodiversidad, son el caldo de cultivo para que se incremente el tráfico de especies de vidas silvestres”, dijo el fiscal.
Para Andrea Borel, directora de la organización Humane World for Animals Costa Rica, este tráfico debe analizarse desde la perspectiva de la criminalidad organizada, ya que “forma parte de dinámicas criminales más complejas, sumamente organizadas, con rutas, intermediarios, mercados, mecanismos para evadir controles y altos beneficios económicos”.
El incremento que se ha dado en los últimos años, en su criterio, tiene que ver con que el comercio ilegal de vida silvestre “es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo” y se ha vuelto una actividad muy compleja y difícil de rastrear por todos sus componentes.
Cada año alrededor de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats en el país, según el Ministerio Público. (Fotos: Fuerza Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Rodrigo Pop/AP for Humane World for Animals)
En la opinión de Arturo Carballo Madrigal, abogado y presidente de Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), Costa Rica está en ese “grupo élite” de países megadiversos; pero a esta gran riqueza se suma que “hay pocos controles, hay organización transnacional, hay débil control migratorio, falta de fiscalización y de trazabilidad, que permiten que se de esa cadena”.
Carballo señaló que además de que hay un mercado interno y un mercado externo “hay vínculos con otras actividades delictivas”.
El fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Alejandro Alpízar, afirmó que estas estructuras criminales que se dedican al tráfico de vida silvestre son transfronterizas, y confirmó que actualmente el país es “fuente” y “puente” para este trasiego.
“Ya hemos detectado, perseguido e incluso sancionado casos de personas que movilizan especies, frecuentemente mamíferos, desde Panamá, y llevan un tránsito terrestre hacia Estados Unidos y México y no se descarta que inclusive lleguen a Europa, donde hay coleccionistas que son los que motivan este trasiego”, dijo Alpízar en el programa “Voces MP”, del Ministerio Público.
En el tráfico de vida silvestre se diferencia el tráfico interno (a nivel nacional) y el tráfico que entra y sale del país.
En los aeropuertos se han realizado decomisos de insectos, en general de invertebrados, arañas, escarabajos, hormigas, que han salido para diferentes colecciones en Europa y otros países, así como muchísimas ranas de cristal, detalló Grettel Delgadillo, directora de Políticas y Programas de Humane World for Animals Costa Rica.
“Hay una tendencia a buscar animales más pequeños, que son tal vez más fáciles de esconder y de manipular; pero vienen más cantidades de esos porque siempre hay unos que se mueren. Cuando son animales que no necesariamente los quieren vivos, pues ahí el proceso es un poquito más simple y cruel”, explicó Delgadillo.
“En el caso de las hormigas, iban vivas; iban cada una en un contenedor muy pequeñito. En el caso de las ranas de cristal también, iban en diferentes contenedores de comida para llevar”, recordó.
Mientras que, en el caso de las mariposas, a veces se comercializan las pupas, y otras veces las mariposas adultas muertas para colecciones que requieren que el espécimen vaya en perfecto estado.
En cuanto al tráfico interno, Delgadillo resaltó que ahora hay una tendencia en la parte turística relacionada con los osos perezosos de dos dedos y de tres dedos.
“Ahorita lo que estamos viendo es que hay mucho movimiento de perezosos de diferentes zonas del país para suplir algunos destinos turísticos, y poner el perezoso como que siempre ha estado ahí; pero realmente es un animal que sacaron incluso de otra geografía, y se lo llevan a estos lugares para pretender que es un parque natural, un parque de perezosos (…)”, denunció Delgadillo.
En marzo de este año, la Fiscalía Adjunta Ambiental rescató cinco perezosos, una danta, seis serpientes y ranas de cristal en centros turísticos y en una vivienda en Bijagua de Upala. Según las investigaciones, los animales eran presuntamente vendidos a sitios turísticos, donde los ponían en lugares específicos para que los turistas pudieran interactuar con ellos.
A nivel interno también hay mucho comercio local de aves canoras y de plumas y continúa habiendo mucha cacería.
En mayo de 2025, la Fuerza Pública detuvo a dos hombres en Orotina que se dieron a la fuga durante un retén policial, y que, además de transportar droga, llevaban ocultos cinco capibaras juveniles dentro del carro. Esa especie es nativa de Colombia, Panamá, Venezuela, Perú o Brasil, y las autoridades creen que eran traficadas desde Panamá.
Los capibaras estaban en condiciones críticas, desnutridos, deshidratados y hacinados en una caja plástica. El más pequeño y débil murió días después por estrés y complicaciones de salud. Las cuatro hembras se recuperaron y son cuidadas en el Rescate Wildlife Rescue Center, en Alajuela.
Andrea Borel llamó la atención de que detrás de este delito hay animales capturados, transportados y mantenidos escondidos en condiciones de enorme sufrimiento, sumamente crueles.
“Es una de las formas más crueles de explotación animal. Cada animal traficado es un individuo que sufre”, resaltó Borel.
Carballo advirtió que pocas veces se habla de la alta mortalidad de los animales que son transportados por largos trayectos “en maletas, en jorobas de carros, escondidos en lugares que uno ni se imagina”, además de que a veces muchos de ellos son aún muy jóvenes y son separados de la madre, de la cual dependen para nutrirse.
El Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, José Pablo González Montero, quien coordina la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), enfatizó en que las acciones del crimen organizado ambiental “están dañando el equilibrio ecosistémico y degradando totalmente el ambiente, impidiendo la dispersión de semillas, la polinización, rompiendo la cadena trófica, la alimentación de los animales por otros animales; hay una disrupción grave con cada acto criminal”.
González se refirió al tema el 23 de junio en el seminario “Nuevas tendencias de la criminalidad organizada en la delincuencia ambiental, con énfasis en tráfico de vida silvestre y minería ilegal”, organizado por el Ministerio Público y la organización de bienestar animal Humane World for Animals Costa Rica.
González también destacó el esfuerzo realizado desde la Fiscalía Ambiental para que se aumenten las penas por estos delitos ambientales. Indicó que se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que agrupa 205 delitos ambientales —que están tipificados dentro de 14 leyes— en 6 artículos; impone penas mayores a 4 años de prisión en los delitos ambientales; y penaliza conductas nuevas.
Actualmente, las personas detenidas enfrentan penas de hasta tres años de prisión por extracción, tráfico y exportación ilegal de especies silvestres. No obstante, estos delitos no son catalogados legalmente como crimen organizado, lo que impide a los fiscales acceder a intervenciones telefónicas o a la ampliación de plazos para medidas cautelares.
Borel, por su parte, sostuvo la importancia del abordaje del tráfico de vida silvestre de una manera integral “desde la prevención, desde la investigación, desde la persecución penal”, mejorando la capacidad de las agencias encargadas de aplicar la ley para poder identificar mejor estos posibles delitos.
El fiscal Luis Diego Hernández reconoció que aún se desconoce la magnitud de este negocio ilícito, pues existe “una cifra oscura” y no hay interoperabilidad de los datos. Hernández apuntó que los sistemas que procesan las denuncias no están interconectados y tienen distintas plataformas, refiriéndose al Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y las bases estadísticas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Hernández advirtió que no existe trazabilidad ni una fecha de caducidad en los permisos que se otorgan para investigación y colecta.
“No existe una trazabilidad, no existe una fecha de caducidad de los permisos, las especies pueden ser, imagínese, un cargamento de insectos, son 3.000 insectos en un cargamento y esto es una amenaza, porque pueden estarse llevando biodiversidad para producción científica, cosmética, bioprospección; entonces sí es un punto débil del país”, afirmó Hernández.
El tráfico de vida silvestre es un negocio cruel que enriquece a unos pocos, mientras deja daños irreparables en los ecosistemas. El comercio ilegal de vida silvestre genera ganancias de entre $20.000 millones y $23.000 millones al año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
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