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Moisés Cáceres
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La tasa de recolección de basura en Quito enfrenta tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en febrero de 2026. Concejales y un ciudadano cuestionan el método de cálculo y el traslado del cobro a la planilla de agua potable, vigente desde este mes.
El 13 de febrero de 2026, Byron Valdiviezo presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la ordenanza que regula el cobro y solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae.
El 22 de febrero, el concejal Michael Aulestia anunció otra demanda. El 9 de febrero pidió la suspensión inmediata del cobro hasta revisar de forma técnica y transparente el cálculo aplicado. Según indicó, el alcalde Pabel Muñoz respondió que no suspenderá el cobro. Frente a esa negativa, activó una acción constitucional.
Un día después, el lunes 23 de febrero, el concejal Wilson Merino interpuso una nueva demanda. Solicitó que la Corte trate el caso con prioridad y fundamentó su acción en el sentido de retroactividad, con base en los artículos 95 y 96 del Código de Garantías Jurisdiccionales.
Merino afirmó que nadie se opone a la existencia de la tasa, sino al método de cálculo. Señaló que la fórmula incorporó costos variables asociados al consumo de agua. A su criterio, una tasa debe responder a costos fijos como el barrido electrónico y la disposición final de residuos. “Uno paga en función de un servicio que tiene que ser medible y cuantificable”, expresó.
También planteó dudas sobre la recaudación. Según información preliminar dentro de un proceso de fiscalización, se intentaría recaudar cerca de dos millones de dólares adicionales a los seis millones mensuales que, según sus palabras, se requerían para cubrir el servicio.
Además, pidió la comparecencia del gerente de la empresa encargada ante el Concejo Metropolitano y sostuvo que el Alcalde bloqueó la posibilidad de fiscalización en el pleno.
Por su parte, Aulestia señaló que la medida impacta la economía de familias, pequeños negocios y sectores productivos. Indicó que no se trata de un debate político, sino de una decisión con efectos directos en los hogares del Distrito Metropolitano.
El alcalde Pabel Muñoz respondió a las demandas y calificó de “irresponsables” a los concejales que impulsaron las acciones. “Ahora quieren presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para dejarle a Quito sin recolección de basura”, manifestó.
Durante su programa semanal, el lunes 24 de febrero Muñoz sostuvo que, sin la tasa, el Municipio perdería cerca de 8,5 millones de dólares mensuales que financian el servicio de recolección. También cuestionó que no se presentara una demanda cuando el Gobierno Nacional eliminó el cobro en la planilla eléctrica.
Desde el 1 de febrero de 2026, el Municipio trasladó el cobro de la tasa de la planilla eléctrica a la planilla de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. La nueva metodología, aprobada por el Concejo Metropolitano, fija una tarifa progresiva basada en el consumo de agua potable.
Según el Municipio, existe una correlación técnica entre mayor consumo de agua y mayor generación de residuos sólidos. Tras el primer cobro, ciudadanos reportaron incrementos en sus facturas e incluso duplicación de valores.
Carlita Rocío Chanalata, vecina del barrio El Trigal, relató que antes pagaba alrededor de cuatro dólares cuando la tasa constaba en la planilla de luz. En febrero pagó 10 dólares adicionales y la última planilla le reflejó 15 dólares más solo por la tasa de recolección. “Simplemente que el señor alcalde escuche al pueblo”, expresó.
El Municipio estima que la eliminación del rubro en las planillas eléctricas generó un déficit cercano a 12 millones de dólares entre finales de 2025 e inicios de 2026. Frente a ese escenario, integró la tasa en la planilla de agua y habilitó un canal digital para consultar y estimar pagos.
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Tasa de basura en Quito suma tres demandas ante la Corte Constitucional
El 13 de febrero de 2026, Byron Valdiviezo presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la ordenanza que regula el cobro y solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae.
El 22 de febrero, el concejal Michael Aulestia anunció otra demanda. El 9 de febrero pidió la suspensión inmediata del cobro hasta revisar de forma técnica y transparente el cálculo aplicado. Según indicó, el alcalde Pabel Muñoz respondió que no suspenderá el cobro. Frente a esa negativa, activó una acción constitucional.
Un día después, el lunes 23 de febrero, el concejal Wilson Merino interpuso una nueva demanda. Solicitó que la Corte trate el caso con prioridad y fundamentó su acción en el sentido de retroactividad, con base en los artículos 95 y 96 del Código de Garantías Jurisdiccionales.
Concejales cuestionan método de cálculo y monto de recaudación
Merino afirmó que nadie se opone a la existencia de la tasa, sino al método de cálculo. Señaló que la fórmula incorporó costos variables asociados al consumo de agua. A su criterio, una tasa debe responder a costos fijos como el barrido electrónico y la disposición final de residuos. “Uno paga en función de un servicio que tiene que ser medible y cuantificable”, expresó.
También planteó dudas sobre la recaudación. Según información preliminar dentro de un proceso de fiscalización, se intentaría recaudar cerca de dos millones de dólares adicionales a los seis millones mensuales que, según sus palabras, se requerían para cubrir el servicio.
Además, pidió la comparecencia del gerente de la empresa encargada ante el Concejo Metropolitano y sostuvo que el Alcalde bloqueó la posibilidad de fiscalización en el pleno.
Por su parte, Aulestia señaló que la medida impacta la economía de familias, pequeños negocios y sectores productivos. Indicó que no se trata de un debate político, sino de una decisión con efectos directos en los hogares del Distrito Metropolitano.
Municipio defiende la tasa y advierte pérdida de 8,5 millones mensuales
El alcalde Pabel Muñoz respondió a las demandas y calificó de “irresponsables” a los concejales que impulsaron las acciones. “Ahora quieren presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para dejarle a Quito sin recolección de basura”, manifestó.
Durante su programa semanal, el lunes 24 de febrero Muñoz sostuvo que, sin la tasa, el Municipio perdería cerca de 8,5 millones de dólares mensuales que financian el servicio de recolección. También cuestionó que no se presentara una demanda cuando el Gobierno Nacional eliminó el cobro en la planilla eléctrica.
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Cambio en el cobro y reclamos por incremento en planillas
Desde el 1 de febrero de 2026, el Municipio trasladó el cobro de la tasa de la planilla eléctrica a la planilla de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. La nueva metodología, aprobada por el Concejo Metropolitano, fija una tarifa progresiva basada en el consumo de agua potable.
Según el Municipio, existe una correlación técnica entre mayor consumo de agua y mayor generación de residuos sólidos. Tras el primer cobro, ciudadanos reportaron incrementos en sus facturas e incluso duplicación de valores.
Carlita Rocío Chanalata, vecina del barrio El Trigal, relató que antes pagaba alrededor de cuatro dólares cuando la tasa constaba en la planilla de luz. En febrero pagó 10 dólares adicionales y la última planilla le reflejó 15 dólares más solo por la tasa de recolección. “Simplemente que el señor alcalde escuche al pueblo”, expresó.
El Municipio estima que la eliminación del rubro en las planillas eléctricas generó un déficit cercano a 12 millones de dólares entre finales de 2025 e inicios de 2026. Frente a ese escenario, integró la tasa en la planilla de agua y habilitó un canal digital para consultar y estimar pagos.
- Información extra: Recolección de basura
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