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Daniela Muñoz Solano
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La interposición de una consulta facultativa ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte de 20 diputaciones obligó a suspender el debate del expediente 24.009.
La iniciativa, presentada en la legislatura pasada por el legislador liberal Luis Diego Vargas, pretende establecer nuevos mecanismos para la concesión pública, el cual pasaría a llamarse “alianzas público-privadas” y a estar bajo la administración de una agencia nacional.
La propuesta, que se aprobó en primer debate el pasado 18 de mayo, podría debilitar los controles que existen actualmente sobre la concesión de obra pública y abriría portillos para que se realicen contrataciones a la medida de ciertas empresas.
Durante el debate del proyecto solamente la fracción del Frente Amplio se opuso, pero un grupo adicional de diputados se sumó a la iniciativa de presentar una consulta constitucional para aclarar dudas sobre el texto existente.
Puntualmente, firmaron la consulta las siete diputaciones del Frente Amplio junto a Álvaro Ramírez, Janice Sandí, Karen Alfaro, Jesús Calderón, Iztarú Alfaro, Mangell McLean, Diana Murillo, Ronald Campos, Ángela Aguilar, Eder Hernández y Karol Matamoros del Partido Liberación Nacional, Abril Gordienko de la Unidad Social Cristiana y Claudia Dobles, de Acción Ciudadana (electa por la Coalición Agenda Ciudadana).
La presidenta legislativa Yara Hernández anunció durante la sesión plenaria que se suspendía el trámite del proyecto, qué ha sido calificado por los frenteamplistas como un “ornitorrinco jurídico”, hasta que se resuelva la gestión ante el tribunal constitucional.
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