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Carolina Vasco
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La Superintendencia intervino Granasa, este jueves 19 de febrero de 2026, por supuestas irregularidades societarias.
La Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Extra y Expreso. La medida se adoptó en medio de una controversia por el control de parte de su paquete accionario y generó cuestionamientos desde organismos que defienden la libertad de prensa.
La resolución fue notificada el 18 de febrero de 2026. El organismo de control señaló que la decisión tiene como objetivo “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”, con el fin de evitar perjuicios a socios y terceros.
La Superintendencia sostuvo que Granasa estaría incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías. Esa disposición guarda relación con auditorías externas y con el registro de accionistas.
Para ejecutar la intervención, el organismo designó como interventora a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco. Ella deberá presentar informes mensuales sobre la situación administrativa y financiera de la compañía.
La decisión se produce menos de tres meses después de que la Superintendencia solicitara información detallada sobre los accionistas de la empresa.
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso que Granasa revierta el 40% de sus acciones que, desde el 6 de febrero de 2020, están en manos de Ingrid Martínez. El organismo ordenó que ese porcentaje regrese a Veranera S.A., empresa de la misma Martínez que actualmente se encuentra en liquidación.
Eduardo Carmigniani, abogado de la compañía, cuestionó esa decisión y denunció un intento de control estatal a través de la Superintendencia. El jurista aseguró que no existe una orden judicial firme que anule la transferencia realizada hace más de seis años y sostuvo que esa operación no puede revertirse sin el consentimiento de los involucrados.
Le puede interesar: Los medios enfrentan una transformación inevitable
Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la notificación de la intervención.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) atribuyó el caso a posibles “represalias indirectas” contra Granasa. La organización recordó que los diarios editados por la compañía han mantenido una línea crítica frente a la gestión del presidente Daniel Noboa.
Información externa: Extra
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Intervención a editora de Extra y Expreso desata alerta por libertad de prensa
La Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Extra y Expreso. La medida se adoptó en medio de una controversia por el control de parte de su paquete accionario y generó cuestionamientos desde organismos que defienden la libertad de prensa.
La resolución fue notificada el 18 de febrero de 2026. El organismo de control señaló que la decisión tiene como objetivo “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”, con el fin de evitar perjuicios a socios y terceros.
La causa legal invocada
La Superintendencia sostuvo que Granasa estaría incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías. Esa disposición guarda relación con auditorías externas y con el registro de accionistas.
Para ejecutar la intervención, el organismo designó como interventora a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco. Ella deberá presentar informes mensuales sobre la situación administrativa y financiera de la compañía.
La decisión se produce menos de tres meses después de que la Superintendencia solicitara información detallada sobre los accionistas de la empresa.
La disputa por el 40% de las acciones
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso que Granasa revierta el 40% de sus acciones que, desde el 6 de febrero de 2020, están en manos de Ingrid Martínez. El organismo ordenó que ese porcentaje regrese a Veranera S.A., empresa de la misma Martínez que actualmente se encuentra en liquidación.
Eduardo Carmigniani, abogado de la compañía, cuestionó esa decisión y denunció un intento de control estatal a través de la Superintendencia. El jurista aseguró que no existe una orden judicial firme que anule la transferencia realizada hace más de seis años y sostuvo que esa operación no puede revertirse sin el consentimiento de los involucrados.
Le puede interesar: Los medios enfrentan una transformación inevitable
Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la notificación de la intervención.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) atribuyó el caso a posibles “represalias indirectas” contra Granasa. La organización recordó que los diarios editados por la compañía han mantenido una línea crítica frente a la gestión del presidente Daniel Noboa.
Información externa: Extra
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