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Álvaro Murillo
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La presidenta Laura Fernández concedió una seguidilla de entrevistas con varios medios tras cumplir la mítica cifra de 100 días al frente del poder formal, en las cuales reafirmó sus discursos de mano dura y de detrimento al Poder Judicial, como supuesto culpable de la inseguridad que, reconoce ella, tiene al país al borde de perder su modelo de desarrollo.
Es decir, señala que el país vive una crisis existencial mientras la crisis política escala ante la evidente crispación que ella, en cambio, descarta, aduciendo que hay una unión nacional reflejada por dos encuestas recientes hechas por empresas privadas, dijo en una entrevista para el medio internacional El País, publicada el jueves.
En esa entrevista y en otras concedidas por los 100 días, Fernández reafirmó su función presidencial sin dejar de reconocer el papel poderoso de Rodrigo Chaves. Tampoco descarta que los característicos insultos contra opositores o críticos sean un problema, aunque corre a advertir que los profiere con supuestas buenas intenciones y que casi siempre está ella de acuerdo con él, sin que ello signifique que sea intolerante a las críticas, dice.
Asegura, por tanto, que tiene conciencia de que debe representar a toda la población y no solo a sus votantes o quienes apoyan al chavismo, a quienes con frecuencia exalta para mostrar la legitimidad de su cargo en nombre “del pueblo”.
“Las personas opositoras, que siempre van a existir en democracia, pueden tener plena tranquilidad de que yo siempre respetaré sus derechos siempre y respetaré la Constitución Política”, afirma como contestando a los señalamientos de críticos y opositores por un avance hacia el autoritarismo, aunque en realidad los reproches suelen ir contra Chaves, no contra ella, bajo la certeza de que no es ella quien gobierna en la práctica.
¿Por qué entonces suelen en el Ejecutivo repudiar a los críticos? “Lamento que usted tenga esa impresión de que las críticas yo las recibo con rechazo”, dijo la mandataria, antes de resaltar que pudo haber ordenado operativos de tránsito contra el plantón opositor del 6 de agosto en San José, pero no lo hizo.
“Las críticas en democracia no deben importar si son o no bien recibidas, el tema es que hay que recibirlas y punto, porque este es un país de libertad de expresión”, respondió asegurando que sí ha tomado en cuenta algunos de los cuestionamientos. Su ejemplo es que, ante el señalamiento de falta de política social en el cuatrienio formal de Chaves, ella decidió “comunicarla mejor”.
“Aquí la crítica constructiva siempre es bienvenida; la que no se vale es la crítica que lo que pretende es confundir a la opinión pública y dañar la imagen del Gobierno”, aseguró matizando su apertura a las críticas.
¿Entonces quién debería decidir cuáles críticas son válidas y cuáles no? Ella contestó que son “los datos”, como si con los mismos datos como si no hubiera variedad de conclusiones o como si estos no se pudieran acomodar a favor de un discurso tanto como para otro.
Aquí es donde de inmediato llega al tema de la seguridad, pues sostiene que “los datos” demuestran que la actual crisis de seguridad está asociada a la impunidad atribuible al Poder Judicial, al que no cesa de criticar aunque la entrevista sea para audiencias internacionales.
Las cifras, sin embargo, también muestran que con este mismo Poder Judicial, con los mismos jueces que suelen criticar o los magistrados considerados adversarios, la tasa de homicidios en 2012 estaba en menos de 10 por cada 100.000 habitantes e incluso 12,6 en 2022, cuando entró a gobernar Rodrigo Chaves. Este indicador llegó a más de 17 en 2023 y se ha reducido levemente hasta ahora, mientras Fernández se plantea la meta de bajar esa tasa a 15,3 al acabar su cuatrienio, objetivo que no sacaría al país del escenario crítico actual.
Al margen de estos datos, su ofensiva contra el Poder Judicial es constante: “Figuras nacionales como don Carlo Díaz o doña Patricia Solano salen abiertamente diciendo que lo que yo quiero es cerrar, debilitar o golpear al Poder Judicial… lo que yo quiero es que el Poder Judicial ponga las barbas en remojo y se ponga a trabajar, porque estamos en un momento parte aguas: o se nos sale de control el país o lo recuperamos”, apuntó en tono grave.
La mandataria insiste en su discurso contra los cargos “vitalicios” de magistrados, como llama en referencia a los nombramientos por ocho años renovables salvo por un rechazo de la Asamblea Legislativa de mayoría calificada, como ocurrió en 2022 con el ahora extraditado Celso Gamboa, quien tuvo sólo el apoyo del entonces diputado Otto Guevara y una liberacionista. Aunque en Estados Unidos los magistrados de la Corte Suprema sí son vitalicios y con claro color político, evitó opinar sobre este punto cuando mencionaba la madurez del sistema estadounidense como ejemplo para la reelección presidencial inmediata (“no compare papas con manzanas”).
Dados los incesantes cuestionamientos al Poder Judicial, se le consultó si pretende impulsar que sea mediante voto popular como se elijan los cargos de jueces o magistrados, algo que solo aplica en México. Ante esta opción, dijo que es “una buena idea”, igual que se expresó anuente cuando se le mencionó la posibilidad de apoyar una reforma constitucional para que Chaves pueda competir por la elección en 2030, pues con las normas actuales debería esperar al 2034.
Fernández no admite responsabilidad alguna del gobierno de Chaves ni el de ella en la escalada de violencia de los últimos cinco años, pues todas sus respuestas apuntan contra el Poder Judicial. “Yo puedo acometer todas estas tareas con toda mi fuerza, pero el Poder Judicial no le da cuentas claras al pueblo de Costa Rica por la crisis de impunidad que tiene o por la cantidad de expedientes judiciales que se atiborran en las oficinas”. Su teoría es que más condenas harán que las bandas criminales recapaciten y se inhiban de seguir peleando a fuego por las fortunas que genera la industria del narcotráfico.
“Yo me siento totalmente sola en esta pelea, junto con la Asamblea Legislativa”, dijo Fernández sin mencionar el poder que tiene el oficialismo ahora con la mayoría legislativa que anhelaba y la posibilidad de hacer numerosas reformas en materia de seguridad, sin que se hayan materializado en estas 11 semanas.
Un “golpe de Estado” peculiar
Uno de los puntos más noticiosos del arranque del cuatrienio de Fernández fue la decisión de culpar a la Sala Constitucional de dar un presunto e inédito “golpe de Estado” por haber emitido la sentencia para reinstalar a un grupo de magistrados suplentes con el objetivo de alivianar el atasco de expedientes provocada por la falta de nombramientos por parte del oficialismo en la Asamblea Legislativa.
Eso fue el 31 de julio, antes de ir a presentar querellas contra cuatro magistrados en medio de una arenga política con varias decenas de seguidores convocados para la ocasión. Después se dejó de usar la frase “golpe de Estado” por unos días, pero posteriormente se retomó con un matiz, agregándole el adjetivo “institucional” como para justificar ese señalamiento a pesar de las consecuencias de esa sentencia no fueron ni cercanas a las de los golpes de Estado registrados en otros países.
En la entrevista quiso explicar el matiz: “Una cosa es un golpe de Estado institucional de transgresiones normativas de algún poder contra otro que lesionan sin duda alguna la independencia de poderes, y no se deben minimizar, y otra ya es que se dé un avance hacia un golpe de Estado que conlleve a una revolución. Eso evidentemente no lo hemos visto en Costa Rica y yo confío en Dios en que no lo veamos”, contestó cuando se le preguntó por qué el silencio internacional ante la grave denuncia que había hecho el 31 de julio.
En todo caso, la presidenta sostiene que su acusación y las críticas usuales contra el Poder Judicial no afectan la imagen del país como destino de inversiones. Para ello tomó su teléfono celular y leyó lo que pareció ser un reporte de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) con datos macroeconómicos que, sin embargo, incluyen también cifras poco halagüeñas, por la desaceleración del dinámico sector de zonas francas. Según ella, los golpes contra la credibilidad del Poder Judicial, adicionales a sus problemas arrastrados, no afectan a la seguridad jurídica ni al clima de inversiones.
“Lo que sí pone en jaque todo el modelo de desarrollo nacional y el bienestar de la gente en Costa Rica es la escalada de la inseguridad”, dijo Fernández señalando a otra dirección y, de nuevo, colando la responsabilidad sobre el Poder Judicial, no sobre el gobierno de Chaves ni sobre el suyo, a pesar de algunos cambios que se han registrado entre uno y otro. Por ejemplo, el enfoque de “mano dura” en las cárceles, cuestionamientos contra altos cargos policiales y la decisión de reinstalar al Servicio de Guardacostas en el llamado “Triángulo de Osa”, zona sur del país, de donde fueron retirados en el gobierno anterior.
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