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Adrián Z. Rivero
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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suspendió un paso esencial en la ley que obliga a los bancos a responsabilizarse por los fraudes electrónicos que sufran los clientes, lo que podría provocar que los reclamos pasen años sin resolverse en la vía administrativa.
Dicha ley, vigente desde el 22 de abril de 2026 como la Ley 10.889, hace responsables a los bancos incluso cuando no tengan culpa directa de la situación.
Tras su publicación, primero la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y luego la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica interpusieron acciones de inconstitucionalidad, ambas admitidas para estudio por la Sala Constitucional.
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La ley, vigente desde finales de abril, obliga a las entidades financieras a responder por fraudes electrónicos que sufran sus clientes.
La ley establece que los bancos deben resolver los reclamos de sus clientes en un plazo máximo de treinta días naturales, prorrogable una única vez hasta por diez días hábiles.
Las tres únicas excepciones en las que los bancos pueden rechazar los reclamos son los casos de autofraudes, cuando exista dolo (entendido como toda conducta deliberada de una persona orientada a cometer un acto ilícito, con pleno conocimiento de su ilegalidad), o cuando las transferencias fueron entre cuentas del mismo titular.
Si la entidad bancaria rechaza el reclamo, entonces el artículo 3 de la norma establece que la Sugef debe validar dicha decisión, mediante un acto razonado, en diez días hábiles. En caso de que la superintendencia no ratifique la decisión de la entidad financiera, estas deben restituir los fondos.
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Ese último paso es el que la Sugef justamente decidió suspender, según consta en la circular externa SGF-OFC-0831-2026:
“La Sugef suspenderá la emisión y notificación del acto razonado correspondiente hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción interpuesta o precise el alcance de los efectos procesales aplicables”, dice dicho documento.
El ente aseguró que la medida “tiene como finalidad preservar la seguridad jurídica en la aplicación directa de una norma actualmente sometida a control constitucional” y resguardar los derechos e intereses de los usuarios y las entidades financieras que supervisa.
Además, la superintendencia planteó ante la Sala una gestión de adición y aclaración sobre los alcances de los efectos suspensivos que se derivan de la admisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por la ABC, pero los magistrados declararon “no ha lugar” la solicitud, según consta en la resolución Nº 2026023067.
Según la abogada experta en consumo financiero y directora de la Asociación Pro Defensa al Consumidor (Aprodeco), Adriana Rojas, la admisión de la acción de inconstitucionalidad habilitó a la Sugef para suspender la emisión de su “acto razonado”, ya que así lo establece la ley para este tipo de procesos constitucionales.
Sin embargo, Rojas advirtió que esto a quien afecta más es a los consumidores, pues ya las entidades bancarias han comenzado a realizar rechazos de los reclamos, los cuales quedan paralizados al llegar al paso que le toca a la superintendencia.
“Las personas están inconformes con los rechazos, pero entonces la Sugef lo que está haciendo es guardándolos en una gaveta”, añadió la abogada.
La experta explicó que podrían pasar años antes de que la Sala resuelva las acciones y zanje la discusión, por lo que, mientras tanto, lo más afectados serán “los que no tengan dinero para ir la vía judicial” a presentar su caso, o a los que no les convenga por no haber perdido montos demasiado elevados.
“Por decir un ejemplo. Si una persona perdió ₡700 mil, aunque tenga el dinero, no le conviene gastar ₡3 millones en un proceso”, explicó la directora de Aprodeco.
En la misma línea, Rojas agregó que, aunque puede parecer que una persona perdió un monto bajo, para esa víctima podría representar “la diferencia entre comer y no comer un mes”.
“Las personas humildes son las más afectadas, una vez más. Y esto fue por la interposición de la acción de la ABC, es una realidad”, dijo la abogada.
Por su parte, la activista Carmen Rojas, una de las dirigentes del movimiento Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica, criticó que, desde su perspectiva, a los bancos “lo único que les interesa es ganar mucho y no tener ninguna obligación de nada ni ningún otro costo”.
La activista, una de las impulsoras de la ley cuestionada por las entidades financieras, recomendó que las víctimas no acepten respuestas verbales de las entidades financieras, sino que presenten sus reclamos y documenten todo por escrito.
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