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Daniela Muñoz Solano
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El Subgerente General de Negocios del Instituto Nacional de Seguros (INS), Claudio León, admitió que como parte de los despidos masivos del 2025 la institución separó de sus cargos a personas que estaban en licencia de maternidad o a días de acceder a su jubilación.
El funcionario reconoció estos hechos durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público que está investigando los despidos masivos y sus efectos en la empresa aseguradora.
León explicó que a principios del 2025 se hizo una solicitud verbal a las jefaturas de distintos departamentos para que levantaran listas de personas que dichas jerarquías recomendaban despedir.
Como parte de esas listas, dijo, se despidió a personas que estaban en licencia de maternidad o que estaban a días de tener derecho a la pensión.
El funcionario justificó que esto sucedió porque las listas mencionadas tenían información “no tan actualizada” y que cuando se identificaron esos casos, se reincorporó a dichas personas a sus puestos de trabajo aunque no precisó cuántos casos en total fueron.
Según dijo León, el proceso masivo de despidos se realizó al amparo del plan estratégico de la institución, específicamente en la línea de reducción del gasto.
No obstante, la diputada Kattia Cambronero le cuestionó la relación de gasto del INS (es decir el porcentaje de los ingresos que cuesta mantener el negocio) y el funcionario no pudo precisar un dato exacto de cuál era la relación de gasto antes de los despidos y cómo había impactado la decisión ese número.
Igualmente, varias diputaciones pusieron en duda la motivación cuando poco después de los despidos masivos la institución gastó más de ₡884 millones en patrocinio para cambiarle el nombre al Estadio Nacional a Estadio INS, decisión que el funcionario dijo era ajena a su departamento.
Cuando la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, le preguntó a León por qué muchos funcionarios consideraban que él había sido el gestor inicial del proceso de despidos, el funcionario se sacudió la responsabilidad y aseguró que Luis Fernando Monge, exgerente general, fue el que dio la orden.
Cuestionado también por los diputados, el funcionario reconoció que esta orden se había dado cuando ya era presidenta ejecutiva de la institución la actual jerarca Gabriela Chacón, aunque aseguró que la presidenta no tuvo injerencia en el proceso.
Cabe recordar que en una audiencia previa de la misma comisión Monge aseveró que la orden había sido emitida por la propia presidenta ejecutiva.
Sobre el hecho de que los despidos se realizaron sin que mediara una evaluación técnica de su impacto o una revisión del desempeño de los trabajadores separados de su puesto, el funcionario se excusó diciendo que el proceso se había realizado conforme a la normativa pues cada caso había sido analizado por un comité consultivo.
“El tema humano no lo puedo saltar, también lo siento, desde lo más profundo. Ahora, creo que también es mi responsabilidad, desde un contexto mayor, el ser responsable del uso de los recursos”, dijo León.
La presidenta de la comisión le reclamó entonces que se priorizara la reducción de costos por encima de afectar la vida de cientos de familias que se quedaron sin ingresos sin que mediaran razones técnicas o evaluaciones de desempeño.
Igualmente diputados cuestionaron la justificación de reducir costos pues el Instituto ha tenido que recurrir a gastos imprevistos para enfrentar los procesos legales que han interpuesto decenas de exempleados que de ganar sus respectivos procesos deberán ser compensados generosamente e incluso podrían darse con todos sus procesos legales por daños reputacionales tanto a los trabajadores como a la empresa pública.
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