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Mario Bermúdez Vives
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Las reformas a las leyes de legitimación de capitales han quedado relegadas en los procesos de ajustar la normativa, ante la crisis de seguridad que vive Costa Rica: apenas se han aprobado dos directamente relacionadas con esa materia desde el 2022, un 0,3% de las 680 leyes aprobadas durante la administración de Rodrigo Chaves.
Pero tampoco la cantidad de proyectos de ley evidencia algún grado de prioridad: desde esa fecha, se firmaron alrededor de 2.235 expedientes y, según los datos del Departamento de Servicios Parlamentarios, únicamente 33 se relacionaron con la legitimación de capitales, un 1,4% de la totalidad.
Y a ello se debe restar que prácticamente la mitad no se refería directamente al lavado de dinero, sino que se trataba de reformas a leyes vinculadas con la materia (ver recuadro: “La ruta de la legislación”).
El balance es de cinco leyes que modifican la materia, pero solo dos con relación directa: la 10.691, que aumentó los plazos a la prescripción de este y otros delitos, y la 10.961, para incluir los activos digitales en las regulaciones para prevenir este delito (ver recuadro: “Magra cosecha de leyes”).
Números que deben alertar, dada la crisis de seguridad que enfrenta el país, con los índices de homicidios más altos en la historia del país (en el 2023 pasó de una tasa de 12 a 17, que se mantiene en esos niveles) y un aumento en la actividad de los grupos de delincuencia organizada.
Durante la anterior Asamblea, se instaló una comisión que procuró acelerar la aprobación de proyectos de seguridad, con la participación del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, en esa instancia solo alrededor de un 5% de las propuestas se refirieron a legitimación de capitales. Ninguno de esos expedientes avanzó.
En materia de legitimación de capitales, la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales 2026, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), muestra indicadores preocupantes: en el 2025, el Ministerio Público reportó la mayor cantidad de casos ingresados por legitimación de capitales en los últimos cinco años, 336. A su vez, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la menor cantidad de casos resueltos de esta materia en cinco años, apenas 16. Esto evidencia que los casos solucionados representan solo un 4,7% de los ingresados en el 2025, una relación que se deteriora desde el 2021 (ver gráfico).
Es una situación que no mejora: el fiscal adjunto en Legitimación de Capitales Walter Molina declaró en septiembre del 2025 que Costa Rica no le llega ni al 1% de la superficie visible del iceberg que es el lavado de dinero, y en junio de este año, el fiscal Carlo Díaz declaró ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que solo hay 6 fiscales para investigar los casos de legitimación de capitales, lo que representan alrededor de 200 casos, un promedio de 33 casos complejos por fiscal, con dificultades que se arrastran por reformas pendientes desde hace años (ver recuadro: “Los debates pendientes”).
Esto en medio de una duplicación de los reportes de operaciones sospechosas del 2019 al 2024. No es algo menor: según el ICD, del 2021 al 2025 se recibieron 3.413 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales 1.328 (39%) fueron catalogados bajo el delito de legitimación de capitales.
Todo esto se reflejaría en condenas por legitimación de capitales microscópicas: únicamente 39 del 2021 al 2024, según los datos más recientes del Poder Judicial, y apenas 3 se registraron en el 2024. Un 0,07% de las condenas en esos cuatro años.
Ante ello, la respuesta es limitada: además de impulsar un recorte presupuestario desde el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves no mostró interés en realizar mejoras en esta área, que es la clave para contener al crimen organizado. Ninguna de las cinco leyes que avanzaron durante su administración fueron impulsadas por su Gobierno, y solo una de ellas empezó a regir durante su mandato. Las otras cuatro —incluyendo las dos directamente relacionadas— empezaron a regir durante la administración de Laura Fernández.
Y de los 33 proyectos de ley, solo 5 de ellos (15%) fueron presentados por el anterior Poder Ejecutivo. No obstante, tres de ellos son muy similares: dos son uno mismo, para incluir ganadería y venta de vehículos en actividades que se deben supervisar por legitimación (el 25.129 sustituye al archivado 24.476), y otro pretende incluir lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que Costa Rica sea incluido en la lista gris de naciones no cooperantes.
A su vez, Fernández pareciera haber heredado esa falta de urgencia en lavado de dinero, ya que, aunque presentó dos paquetes de proyectos de seguridad, únicamente 1 de los 12 expedientes se vincula con el blanqueo de capitales (8% del total), y es el que incluye ese y otros delitos en las causas de extradición.
Pero precisamente la sombra de la GAFI, presente por la cercanía de la evaluación de Costa Rica en 2027, puede haber sido motor para empezar a agitar las inquietudes en esta materia, que se evidencian en un incremento de los proyectos de ley desde el 2024, tanto de los expedientes con vinculación indirecta, como los específicamente orientados a este delito.
Acaso la presión externa sea el acicate para sacudir propuestas que han avanzado poco, para actualizar la mejor forma de combatir al crimen organizado: tocándole el bolsillo.
Magra cosecha de leyes
A pesar de la crisis de seguridad que enfrenta el país, en la que se menciona insistentemente la necesidad de revisar leyes en esta materia, Costa Rica tiene una reducida cosecha de leyes relacionadas con la legitimación de capitales.
Según el recuento del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, en los últimos seis años apenas se han aprobado cinco iniciativas relacionadas con esta materia, de las cuales solo dos tienen una relación directa.
Ley 10.369: iniciada el 4 de mayo del 2022, impulsada por el Poder Ejecutivo de Carlos Alvarado, propuso reformas a la Jurisdicción Especializada y su estructura. Rige desde el 30 de mayo del 2023.
Ley 10.685: iniciada el 8 de noviembre del 2023, impulsada por la diputada Alejandra Larios del Partido Liberación Nacional, ley para sancionar el reclutamiento ilícito de menores de edad. Rige desde el 30 de mayo del 2025.
Ley 10.691: iniciada el 17 de febrero del 2025, impulsada por el diputado Ariel Robles del Frente Amplio, aumentó los plazos de prescripción de delitos. En el caso del lavado de dinero, tiene relación directa; pero condicionada: solo aplica plazo de 30 años cuando esté asociada a corrupción. Rige desde el 30 de mayo del 2025.
Ley 10.949: iniciada el 21 de marzo del 2024, impulsada por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, para ampliar la cantidad de funcionarios que debían rendir declaración patrimonial ante la Contraloría. Rige desde 10 de junio de 2026.
Ley 10.961: iniciada el 11 de diciembre de 2025, impulsada por el diputado Gilbert Jiménez y la comisión de Seguridad y Narcotráfico para incluir regulación de activos virtuales y plataformas de estos productos en legislación contra legitimación de capitales. Regirá desde 19 de setiembre del 2026.
La ruta de la legislación
El interés en presentar iniciativas para reformar la legitimación de capitales recién se empezó a mover en los últimos 2 años. El Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa contabilizó 33 proyectos de ley del 2022 a la fecha, lo que representa un nivel reducido, comparado con los más de 2 mil proyectos que se presentaron desde esa fecha.
Además, debe considerarse que estos 33 proyectos no se destinan todos específicamente al blanqueo de dinero. De ellos, 16 (48%) se relacionan indirectamente, al referirse a temas como reclutamiento ilegal de menores de edad e incluso consumo personal de marihuana. Solo 17 se refirieron específicamente a esta área, pero 2 fueron repeticiones (el proyecto 25.129 fue un rescate del archivado 24.746, y el 25.279 del archivado 24.523), con lo que únicamente 15 iniciativas se presentaron para reformar directamente esta normativa.
De los 33 proyectos tramitados en la Asamblea, apenas 5 lograron convertirse en ley (15% del total), pero 3 tenían relación indirecta, y solo 2 se relacionaron directamente con la legitimación de capitales; es decir, apenas un 6%. Del resto, 8 fueron archivados (24%), 17 permanecen en la corriente legislativa (51%) y 3 esperan su publicación para iniciar su trámite.
Sin embargo, debe resaltarse que estos resultados discretos se mejoraron en los últimos meses. La presentación de proyectos de ley fue bastante menor en los dos primeros años: del 2022 al 2024 tan solo se presentaron ocho proyectos de ley, un 24% del total. En los últimos dos años, se incrementó tanto la cantidad de proyectos indirectos como directos (ver gráfico).
Los debates pendientes
Hay varios temas que se han vuelto decisiones sin concretar o solventar, en materia de las reformas relacionadas con la legitimación de capitales:
Prueba del delito: la existencia del dolo directo se ha convertido en una gran dificultad para probar el delito y lograr condenas; la normativa vigente exige que el imputado deba conocer la existencia del delito para poder sancionarlo. Se han presentado alternativas como dolo eventual o presunción obligada, pero no se ha concretado.
Incremento patrimonial sin causa: vinculado a propuestas de extinción de dominio, se han presentado varias iniciativas para tratar de regular la posibilidad de que las autoridades investiguen sobre los incrementos de patrimonio sin razón aparente. Hay discusiones sobre la posible inversión de la prueba en esta materia.
Congelamiento de activos: también ha aparecido en discusiones sobre la extinción de dominio desde hace más de una década, en propuestas de permitir la medida cautelar de congelamiento de activos, a solicitud de autoridad judicial, en tanto se realizan investigaciones. Se alega que evitaría la fuga de capitales, pero se cuestiona posible afectación a derechos de propiedad.
Acceso a informes financieros: fiscales e investigadores se han quejado de la dificultad de acceder a respuestas de entidades financieras, que pueden llevar meses y hasta años, lo que dificulta la indagación.
Actualizaciones de GAFI: los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se han convertido fuente de discusión y de inspiración para diferentes iniciativas: más de la mitad de los expedientes desde finales del 2024 alegan las recomendaciones de este grupo para justificar sus propuestas.
La entrada Solo dos proyectos para atacar lavado de dinero se han aprobado desde 2022 pese a su importancia aparece primero en Semanario Universidad.
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