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Laura Martínez Quesada
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Algunas diputadas han pronunciado en el plenario la palabra clave del desarrollo económico nacional y muy enfáticamente en la planificación y operación del sector energético: la solidaridad y accesibilidad del suministro energético para todos los habitantes consumidores del país.
Ejemplos importantes como: la igualdad de precios de los combustibles, en áreas rurales y urbanas y su distribución en todo el país, aunque a algunos grandes, les gustaría diferenciarse y que la distancia encarezca su distribución. De igual manera, la generación de electricidad de diferentes fuentes en un conjunto, cuya mezcla beneficia a todos, aunque algunos querrían aprovecharse de las fuentes baratas para su propio beneficio.
De esa manera se ha llegado a tener casi un 100% de electrificación, con el esfuerzo solidario de todas las distribuidoras de electricidad en el país. Cooperativas de electrificación rural, empresas municipales y el ICE, que llevan energía a todos los usuarios del país, a través de la red eléctrica y también con instalaciones solares individualizadas. No así, en el sector de las telecomunicaciones, donde el lucro priva en el servicio, de tal manera que, a la fecha, la concentración en áreas rentables es evidente, ya que el servicio de internet, apenas llega al 73% en zona rural y el 85% en zona urbana, con cada empresa instalando infraestructura propia de transmisión por todo lado, encareciendo el servicio, mientras su tarifa resulta en una falsa competitividad parcializada.
Las incongruencias de la llamada “Armonización”, más bien, “gentrificación” eléctrica, permite que empresas o grupos de consumidores con poder adquisitivo mayor, se nutran a través de la generación directa barata o la agregación, utilizando la red de transmisión, (alta tensión) y la de distribución, pagada con las tarifas de todos, mediante el denominado, acceso libre, de todos los agentes de mercado.
Lo que las distribuidoras no están aquilatando, es que, sus mejores clientes, se escaparán de sus áreas de concesión, de distribución y comercialización, deteriorando sus finanzas y haciendo que sus otros usuarios soporten aumentos tarifarios para sostener el servicio, aunque les ofrezcan mejores tarifas, porque las nuevas empresas industriales, que se instalen en el territorio nacional, vendrán con su proveedor eléctrico solar o eólico, contratado de antemano, aunque cuando no haya intensidad solar o viento, deban recurrir a otro proveedor más caro.
La armonización presenta debilidades evidentes en la planificación indicativa, que no se sabe qué es y en la planificación “indicativa” de expansión, con subastas de cantidades de energía y capacidad sin definir proyectos, una locura de dispersión geográfica y afectación de las áreas de mayor potencial energético, compitiendo con áreas agrícolas, ganaderas, urbanas y de protección ambiental, si no se define un ordenamiento territorial inmediatamente, ya que los únicos proyectos viables son los solares y eólicos, que requieren, entre 2 y 2,5 hectáreas por MW instalado. Muy diferente a la planificación de expansión que realiza el ICE, con estudios previos que verifican la viabilidad y el impacto ambientales de su ubicación y construcción y evitan la canibalización de la adquisición de tierras.
La peor incongruencia se refiere a la constitución de un centro de control “independiente”, más cercano al poder ejecutivo, con una junta directiva de subalternos, que estará listo en un lapso de 30 meses, si logra definir un presupuesto e integrar un equipo de expertos, cuyo origen y cantidad es incierto, por lo que tendrá que contratarse a una empresa con experiencia que diseñe, constituya y asesore la operación. Un sin sentido, cuando ya se tiene el del ICE. Una peor debilidad financiera resulta de que el canon que le podría dar ingresos a ese ente, se recolectará, una vez que haya agentes con nueva generación, pues empezar a cobrar sin constituirse, a los generadores existentes, sería una carga indebida para los consumidores. ¿De dónde obtendrá ingresos el MINAE y su apéndice, el ECOSEN, para iniciar la aplicación de la apertura del mercado?
El caso de la transmisión es ridículo. El plan de expansión “indicativo” de la transmisión “sin proyectos”, lo hace el ECOSEN, pero le encarga al ICE, la operación y no dice quién construye, pero si dice que es servicio público, o sea, todos los consumidores pagarán de antemano la inversión en la adecuación de las líneas de alta tensión, que duran casi cinco años en construirse, sin saber dónde estarán los nuevos proyectos privados de generación, que se conocerán cuando se hagan las subastas de capacidad, y producirán capacidad instalada ociosa y mayores costos de operación. Por supuesto que la planificación integrada del ICE, supera con creces este desorden, a menos que también se quieran llevar toda la dirección de planificación del ICE.
Para colmo de males, en ese desorden de proyectos de generación, se estipula que, aunque no genere, al productor se le debe pagar, debido a que ya realizó su inversión, lo que implica que, si tiene un contrato, aunque aparezca un generador más barato, el consumidor ya está esclavizado. Dependiendo de la evolución de la demanda esos casos podrían ser frecuentes y producir un exceso de oferta, que no ayudaría a bajar los precios, porque también es incierta su colocación en el mercado regional. Mayor oferta menores precios es un postulado que no se cumple en las condiciones de la armonización.
El despacho económico no puede ser óptimo, ya que el desarrollo futuro, basado en fuentes renovables variables, indica que estas se consumen cuando se generan, no son susceptibles de despacho. Eso, ya lo hace el centro de control del ICE y no mejorará. El despacho se concibió para centrales térmicas, se complicó con las hidroeléctricas y se descompuso con las centrales solares y eólicas. Un aspecto importante, es que no dice como se remunerará la generación, si con un precio fijo o con un costo marginal declarado que implica una fórmula variable, que al generar en los picos asumen el precio más alto y entonces no habrá beneficio para el consumidor.
Por otro lado, establece la obligatoriedad de contratación entre áreas de generación y áreas de consumo, pero estas últimas qué son, empresas de consumo, distribuidoras o comercializadores, porque ya todos los abonados, (usuarios con contrato), tienen un contrato de servicio, pero no están agrupados para firmar un contrato colectivo. Tanto ICE, como CNFL, tienen cubiertas sus ventas, (46% ICE y 31% CNFL de las ventas totales nacionales), con su generación, (70,6% ICE y 3,24% CNFL).
En fin, hay una variedad de temas controversiales sin respuesta, en el texto, como, con que centrales futuras, el ECOSEN definirá potencia firme, quién cubre los costos de inversión y operación de centrales térmicas de respaldo, como se distribuyen los costos de los combustibles utilizados, si ya no habrá CVG, (costo variable de generación), si ya las cooperativas y empresas municipales no harán su propio despacho, cuanto durará el proceso transitorio para estar listos para operativizar el mercado mayorista, cuál será el costo para el usuario de esta aventura neoclásica.
La entrada Solidaridad: la clave del éxito energético aparece primero en Semanario Universidad.
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