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Daniela Muñoz Solano
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La solicitud injustificada de datos sensibles en el formulario para aplicar para recibir clases de Inglés ofrecidas como parte del programa gubernamental Hello Brete preocupa a ciudadanos, activistas y expertos en Derechos Humanos.
El pasado lunes el gobierno anunció que ofrecería un convenio con la empresa Open English clases de inglés para mejorar los niveles de empleabilidad de la población.
Con el fin de que las personas se inscriban, el gobierno habilitó un sitio web (hellobrete.com), pero para ingresar al mismo es necesario realizar un registro a través de un formulario.
Es en ese punto que se han generado controversias, pues para poder crear una cuenta en el sitio es necesario consentir a entregar información que va desde el nombre, la edad y el nivel educativo cursado hasta la orientación sexual e identidad de género.
Universidad realizó una revisión del formulario mencionado y comprobó que efectivamente se solicita información que por ley está catalogada como sensible.
También se verificó la existencia de un consentimiento informado mediante el cual la persona autoriza el uso de sus datos pero que no detalle exactamente por qué se preguntan datos sensibles.
Esto ha generado una serie de cuestionamientos en redes sociales donde muchas personas han manifestado que estaban en proceso de inscribirse en el programa pero pausaron el proceso pues no se sentían cómodas entregando información tan personal sin saber por qué motivo se recolecta.
Es inevitable que el incidente recuerde los cuestionamientos que se realizaron al gobierno de Carlos Alvarado en 2020 y 2021 tanto por haber instalado una unidad de procesamiento de datos en la presidencia (Upad) como por haber intentado recabar datos sensibles durante la aplicación de las pruebas FARO en centros educativos.
Para el activista y analista político Luis Paulino Vargas, quien además forma parte de las comunidades LGBTIQ+, las preguntas sobre orientación sexual e identidad de género son una forma de “obligar a la gente a salir del clóset”.
“Hay que entender bien lo que eso significa, salir del clóset nunca es fácil, para nadie nunca ha sido fácil”, cuenta Vargas.
Aún cuando se justifique la solicitud de estos datos para diseñar políticas anti bullying, como según comenta le han dicho, es su criterio el solo acto de preguntar la orientación sexual de una persona o su identidad de género es un acto de bullying en sí mismo.
La pregunta central en todo el asunto según el analista es “¿para qué diantres está el gobierno recolectando esta información?,
“Estamos jugando con algo muy delicado, porque las personas además van a estar identificadas, se va a saber quién es, en el contexto de un gobierno de clarísimas inclinaciones homofóbicas, un gobierno que presume ser muy conservador en estos temas”, agregó.
Por otra parte, para la abogada experta en Derechos Humanos Larissa Arroyo es comprensible que se recaben estos datos siempre y cuando se justifiquen las razones.
“Sí hay una necesidad estructural de contar con información para crear política pública”, dice Arroyo y agrega que obligaciones jurídicas nacionales e internacionales que obligan al gobierno a recabar datos desagregados para poder usarlos para tomar decisiones y acciones a nivel estatal, identificar desigualdades estructurales y patrones de exclusión, posibles acciones afirmativas, y así proteger el derecho a la igualdad y no a la discriminación.
El problema, asevera la experta, es que los datos se están recabando a través de plataformas privadas que no tienen las mismas exigencias que tiene el Estado.
“Son plataformas privadas a las que no se les exige de la misma forma que el Estado y que están generando, procesando y, ¿por qué no?, comercializando una información que es determinante”, indicó.
Por eso, explicó, considera que existe un conflicto entre los intereses privados y las necesidades y deberes públicos, pues por ejemplo se está generando mucha información sobre poblaciones LGBTIQ+ “no tenemos claridad tampoco en cómo se van a manejar estos datos” e incluso no se sabe si esos datos que podrían servir para la construcción de políticas públicas más bien podrían usarse para generar discriminación directa o indirecta y exclusión a ciertas poblaciones.
A la experta además le preocupa que se estén solicitando estos datos en un proceso que pretende culminar en la contratación de las personas por parte de empresas y “se está pidiendo una información que podría causar discriminación a la hora de la contratación”.
Hasta el momento, dijo Arroyo, no se ha dicho nada sobre que los datos se estén recabando para el diseño de acciones afirmativas de cuotas por lo cual es especialmente necesario revisar los términos del consentimiento informado, temas de seguridad y procesamiento de la información, y garantizar anonimización o pseudonimización para que no se generen acciones discriminatorias.
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