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Fabiola Pomareda García
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Sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) están proponiendo que la institución financie la expansión en la infraestructura eléctrica que se requiere para atender la demanda creciente del país utilizando los recursos en los fondos de pensiones, que hoy ascienden a más de $20.300 millones -más de ¢10.5 billones-.
El pronunciamiento se emitió en medio de la polémica por la aprobación en primer debate del proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” (Expediente 23.414) el pasado 26 de mayo. La iniciativa requiere 38 votos (mayoría calificada) para ser aprobada en segundo debate y desde el 27 de mayo la presidenta de la República, Laura Fernández, desconvocó el proyecto del periodo de sesiones extraordinarias temporalmente.
Uno de los argumentos de los actores que defienden el proyecto de ley es que el ICE por sí solo no cuenta con los recursos para invertir en la infraestructura necesaria de proyectos de energía solar, eólica y de biomasa para cubrir la demanda creciente de electricidad, por lo que se requiere la inversión privada en el mercado de generación, para contar con mayor capacidad instalada en placa.
En un comunicado emitido por Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE (FIT), el Sindicato de Ingenieros del Instituto Costarricense de Electricidad (Siice) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), se plantea que “ante el debate nacional sobre la propuesta de abrir y fragmentar el mercado eléctrico bajo la premisa de que el Instituto Costarricense de Electricidad no tiene capacidad fiscal para invertir”, una alternativa técnicamente viable y económicamente superior es “financiar la infraestructura eléctrica del país utilizando el gigantesco ahorro de la clase trabajadora depositada en los fondos de pensiones”.
Los sindicatos argumentan que la Ley de Protección al Trabajador “obliga a que al menos el 50% de los fondos de pensiones se queden invertidos en el mercado local” y que datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen) indican que existen más de $20.300 millones de dólares, alrededor de ¢10.5 billones.
En el artículo 62 de la Ley de Protección al Trabajador (7983) se establece que la Supen podrá autorizar la inversión hasta de un 25% del activo del fondo de pensiones en valores de emisiones extranjeras que se negocien en mercados de valores organizados en el territorio nacional o el extranjero. Pero que si el rendimiento real de las inversiones es igual o menor que los rendimientos internacionales, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) podrá autorizar la ampliación del límite hasta el 50%. Es decir, que un 50% puede invertirse en el país.
Los sindicatos afirman que con esto se evitaría el endeudamiento público, ya que el ICE podría construir y operar nuevas plantas sin que esto compute como deuda directa en sus balances ni afecte el déficit fiscal del Estado.
Otra razón, sostienen los sindicatos, es que esto sería un “blindaje contra la inflación”, ya que “a diferencia del capital privado extranjero que exige altos márgenes de ganancia que se fugan del país”, las pensiones buscan estabilidad y se podrían firmar contratos de compra de energía a largo plazo entre el ICE y el fideicomiso.
Su tercer argumento es que los plazos calzan perfectamente porque “las plantas eléctricas tienen una vida útil y un retorno de inversión a 20 o 30 años, exactamente el mismo horizonte de tiempo de largo plazo que necesitan las operadoras de pensiones para pagar las jubilaciones de los trabajadores”.
Los sindicatos hicieron un llamado al Poder Ejecutivo, a las fracciones legislativas y a la Supen a que construyan un marco jurídico “de trámite rápido”, que “elimine las trabas burocráticas en la estructuración de fideicomisos financieros entre el ICE y las operadoras de pensiones”.
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