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Monserrat Cordero Parra
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Los sindicatos del sector salud celebraron el fallo de la Sala Constitucional que anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechazaba la designación de la exdiputada Rocío Alfaro como representante sindical ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este fallo se da luego de que la Unión Médica Nacional (UMN) presentara un recurso de amparo contra el Consejo de Gobierno, por su decisión de irrespetar la decisión tomada por el Movimiento Sindical el pasado 9 de junio.
Esta agrupación sindical había alegado específicamente que la decisión del Consejo desconocía la voluntad expresada democráticamente por el movimiento sindical e implicaba una injerencia ilegítima del Consejo de Gobierno en la integración de la Junta Directiva de la CCSS.
“La decisión judicial constituye un importante reconocimiento de la autonomía y la voluntad democrática del movimiento sindical de elegir a sus representantes sin intromisiones externas. La Unión Médica Nacional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la autonomía sindical y el cumplimiento del principio de legalidad, así como con el respeto de los procesos democráticos”, indicó la UMN en un comunicado de prensa, luego de darse a conocer la resolución.
De igual forma, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) señaló que esta decisión de la Sala IV significaba una “reivindicación de la justicia, la democracia y la libertad sindical frente a una actuación que pretendió desconocer la voluntad expresada legítima y democráticamente por el movimiento sindical”.
En esa línea agregaron que las decisiones del sector sindical no pueden ser impugnadas por el Consejo de Gobierno.
“No corresponde al Gobierno escoger cuál representante sindical le resulta conveniente, aceptable o políticamente afín”, indicaron.
Asimismo, Undeca exigió al Consejo de Gobierno el cumplimiento inmediato de la resolución constitucional, alegando que ningún Gobierno está por encima de la Ley.
Por su parte, la exlegisladora Alfaro indicó que recibía con satisfacción la noticia y aseguró que desde el inicio, el movimiento sindical sostuvo que se debía respetar la elección de este puesto, que existe para “defender a la clase trabajadora”, tanto a la que trabaja en la Caja, como a la que recibe sus servicios.
¿Qué dijo la Sala IV?
Ante el alegato del reclamante, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, indicó que el rechazo del Consejo de Gobierno no tenía fundamento jurídico, pues la misma ley de la CCSS, en el artículo 6, prohíbe al Poder Ejecutivo objetar este tipo de nombramientos, sea de la parte sindical o patronal.
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El pasado 24 de junio, el Consejo de Gobierno había rechazado el nombramiento de la exdiputada como representante del sector sindical.
Asimismo, agregó que un grupo de magistrados consideró que se vulneró la autonomía de la Caja, mientras que otros también señalan que “se está vulnerando el derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, así como también la libertad sindical en su ámbito colectivo”.
La anulación fue decidida por unanimidad en la sentencia 2026-031380, dentro del expediente 26-029106-0007-CO.
¿Cómo justificó el Consejo de Gobierno rechazo a Alfaro?
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de Alfaro como representante sindical en la CCSS el pasado 26 de junio, según consta en la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026.
La decisión tomada por el Consejo se da tras una recomendación de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, quien alegó un incumplimiento de requisitos legales por parte de Alfaro.
Específicamente, Taylor -según se lee en la certificación- habría indicado que Alfaro “no demuestra competencia en materias económico-sociales en los términos exigidos por el artículo 7 del inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Asimismo agregó que la exdiputada registra participación activa en asuntos de política electoral, pues es agente electoral, militante y contribuyente del Partido Frente Amplio, así como delegada territorial propietaria de esa agrupación.
“Tal participación evidencia una vinculación político-electoral activa, actual y sostenida, incompatible con la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, indica la certificación.
Destacaron también que la exdiputada también tiene vínculos familiares con funcionarios de la CCSS. En este caso, un hermano que labora como médico asistente en el Hospital Tomás Casas, y la esposa de éste, como enfermera.
“Lo anterior configura un posible potencial conflicto de interés”, añadieron.
Los argumentos de Taylor no se quedaron ahí, pues señaló al Consejo de Gobierno que Alfaro ha emitido posiciones públicas sobre la decisión de la CCSS de adjudicar 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.
“Generándose un prejuzgamiento sobre materia respecto a la cual ya ha adoptado una posición pública, reiterada y comprometida, con el riesgo que sus decisiones futuras sean afectadas por sus posiciones previas sobre presuntos actos de corrupción y negligencia, que aún no han sido resueltos por la autoridad competente, lo que compromete la legitimidad subjetiva institucional, incidiendo en su ética lo cual acredita un menoscabo sobre su máxima honorabilidad, el cual es un requisito estipulado en los artículos 6 y 7 inciso a) de la Ley N.º17”, señala la certificación.
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