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Mario Bermúdez Vives
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La presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Sussy Wing Ching, fue denunciada ante la comisión legislativa de la provincia de Limón por miembros del sindicato de realizar en forma constante actos de acoso laboral y de privatizar los servicios de seguridad portuarios.
Ante la comisión de Limón asistieron Jayson Boxx, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y los delegados Elbhlyyn Mora y Nelson Kiel, quien afirmaron haber sido víctimas de acciones de represalia por parte de la jerarca de Japdeva, en el marco del expediente 24.548, la investigación sobre el cumplimiento o no de los objetivos del contrato de concesión con la empresa APM Terminals.
Boxx manifestó que existe una «situación crítica» de acoso laboral en Japdeva de parte de Wing Ching, por prácticas de humillaciones públicas y gritos, aislamiento de funcionarios y represalias tras la presentación de denuncias, además de inicio de procedimientos administrativos y amenazas de despido sin fundamento técnico, respaldado por numerosos testimonios. Sin embargo, precisó que tienen conocimiento de alrededor de 10 denuncias, lo que atribuyó a una cultura de miedo en Japdeva con la actual administración.
Mora indicó ser víctima de una de estas situaciones, al enfrentar dos procesos de despido por el mismo hecho, a pesar de que el Ministerio de Trabajo lo habría declarado sin lugar. «A pesar de la resolución del Ministerio en la que se indicó que no se podían presentar más recursos, presentaron uno nuevo para tratar de anular esta resolución», dijo.
Kiel declaró que en su caso, fue despedido y reinstalado por una sentencia en firme de la Sala Segunda de la Corte, pero aseguró que no se le mantuvieron las condiciones, conforme lo resuelto por los tribunales. «Me tienen como oficial administrativo sin arma, cuando se me había contratado como oficial operativo con arma», expresó.
Kiel también denunció que la administración de Japdeva está tercerizando los servicios de seguridad, a pesar de que existe el inconveniente de que los puertos son propiedad del Estado. «Se ha dejado a trabajadores (de esta área) sin funciones reales, y se están gastando más de ₡1.000 millones al año por esta seguridad privada», declaró.
Ante estas declaraciones, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), consultó si se estaba realizando un negocio, a costa de las funciones que el Resguardo Portuario de la institución debía realizar. Kiel indicó que en una primera ocasión se realizó una contratación directa con una empresa Alfa, por fuera del sistema SICOP, porque la compañía no participaba en esa plataforma de contratación pública, pero alegó que posteriormente si se utilizó para Consorcios Corporación González &Asociados Internacionales, con montos que van de ₡1.346 millones al año, sin temporada de cruceros, y ₡1.379 millones anuales, con temporada de cruceros (esto según acta extraordinaria 24 de Consejo de Administración de Japdeva, del 7 de setiembre del 2023).
La audiencia generó un intercambio entre las diputada Alfaro y la oficialista Ada Acuña, cuando la segunda consultó a Mora si el motivo de la acción de despido fue porque no entregó un informe de activos. Alfaro criticó la consulta, asegurando que estaba tratando de victimizar a la denunciante.
Posteriormente, fue la diputada Katherine Moreira, presidenta de la comisión, quien consultó a Mora el motivo de las represalias en su contra, a lo que la delegada de Sintrajap indicó que se le intentó hacer responsable de más de tres mil activos que no estaban bajo su custodia. Esta vez el reclamo fue de Acuña, quien se quejó de que Moreira estaba guiando a la compareciente. Moreira rebatió que no debía justificar las preguntas que consideraba pertinentes, y afirmó que ya se había recibido a la presidenta ejecutiva de Japdeva en la comisión, por lo que se tenía referencia de sus actitudes.
Ante esta situación, Acuña solicitó pruebas de estas denuncias. Kiel afirmó que presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, con más de 5 mil páginas, y afirmó que dejaba copia de las denuncias en una memoria de computadora.
Los diputados acordaron convocar a una próxima sesión a funcionarios del Ministerio de Trabajo de Limón, para dar seguimiento a estas denuncias.
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