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José Alejandro Sánchez
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El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (Siuned) advirtió que las medidas de contención del gasto aplicadas por la UNED durante 2026 ya obligan a modificar actividades vinculadas con la docencia, la investigación, la extensión y la vida estudiantil.
Raúl García Fernández, integrante del sindicato, señaló que las disposiciones fueron presentadas como ajustes administrativos, pero tienen efectos sobre el trabajo que la institución desarrolla en distintas regiones. Entre ellas figuran la reducción de horas extraordinarias, giras y actividades presenciales, así como la revisión de contrataciones, plazas vacantes y proyectos de inversión.
“Si nos vemos obligados a reducir el pago de horas extra, actividades presenciales o giras, estamos de alguna u otra forma afectando la investigación, la extensión, la docencia y la vida estudiantil”, afirmó.
El Consejo de Rectoría aprobó el 1 de junio un conjunto de 24 medidas. La decisión se fundamentó en que el Gobierno no giró el 2% del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) incorporado al presupuesto de 2025, lo que, según la Universidad, dejó un faltante de ₡2.204 millones que deberá absorberse con recursos de 2026.
En 2025, la UNED recibió ₡65.562 millones de los ₡69.736 millones presupuestados y ejecutó ₡67.994 millones, un 98% del gasto previsto. La institución sostiene que su alta ejecución y la ausencia de un superávit libre acumulado limitan su capacidad para cubrir el faltante.
Las acciones incluyen posponer actividades no indispensables, recuperar recursos que no vayan a ejecutarse, recurrir al personal interno antes de contratar servicios externos y priorizar la virtualidad. También se dispuso a mantener sin utilizar las plazas vacantes, salvo excepciones; reducir el tiempo extraordinario; revisar servicios especiales y contrataciones mediante el artículo 32 bis; y no incorporar plazas nuevas ni aumentos de jornada en el presupuesto de 2027.
La Rectoría aseguró que las medidas buscan mantener las becas, la operación de las sedes y los gastos indispensables de la Universidad.
Sin consulta, afirma sindicato
García cuestionó que la propuesta no fuera discutida previamente con el sindicato ni de manera abierta con la comunidad universitaria. Según explicó, el Consejo de Rectoría formuló las medidas, estas fueron trasladadas al Consejo Universitario y después comunicadas a las dependencias.
“Ninguna de las medidas fue consultada de forma abierta a la comunidad universitaria ni al sindicato”, aseguró. Cada escuela, oficina, cátedra, sede o centro debe determinar cuáles de las 24 opciones puede aplicar, una flexibilidad que, a criterio del Siuned, puede producir diferencias entre dependencias.
Para García, el documento no constituye todavía un plan integral, sino “una serie de acciones dispersas” orientadas a generar ahorro. El sindicato reclama un espacio público y presencial en el que las autoridades expliquen la situación financiera, permitan preguntas y acuerden prioridades con estudiantes y personas trabajadoras.
El Siuned realizó un piquete y acudió al Consejo Universitario para solicitar esa rendición de cuentas. García sostuvo que el informe anual presentado por la Rectoría no satisface la petición, pues el sindicato demanda una plenaria abierta con información detallada.
El FEES y la responsabilidad por el faltante
El Siuned sostiene que el costo de la falta de recursos no debe trasladarse a las personas trabajadoras ni a la población estudiantil. García atribuyó la situación inmediata al incumplimiento del giro del 2% del FEES de 2025, pero también responsabilizó a las rectorías, los consejos universitarios y al Consejo Nacional de Rectores (Conare) por no asumir una posición política más firme.
Según relató, los sindicatos pidieron durante 2025 que las autoridades acompañaran movilizaciones y no concentraran la respuesta únicamente en negociaciones o acciones judiciales. Aunque la Sala Constitucional resolvió a favor de Conare el recurso contra la retención de los fondos, la propia UNED reconoce que recuperar el dinero requerirá tiempo.
García señaló, además, incertidumbre sobre el depósito gradual de los llamados fondos postergados. Según dijo, estos representarían cerca de ₡1.800 millones anuales para cada universidad, condicionados a inversión de capital, y podrían contribuir a restablecer el equilibrio financiero.
“Cero despidos y cero recortes en materia de derechos laborales”, resumió. Aunque las medidas actuales no ordenan despidos ni reducciones salariales, manifestó temor de que las restricciones se profundicen si no se recuperan los recursos pendientes.
Sindicato alerta sobre amenaza al modelo del FEES
García planteó que el problema debe analizarse más allá del faltante de 2025. A su juicio, el paso de acuerdos plurianuales a negociaciones anuales y los cambios en la forma de calcular los aumentos han reducido la capacidad de planificación de las universidades y debilitado el crecimiento del FEES.
También manifestó preocupación por propuestas que podrían transformar el fondo en un esquema de becas asignadas directamente a estudiantes o permitir el traslado de recursos hacia universidades privadas. Desde la perspectiva sindical, esos cambios debilitarían el financiamiento institucional y dejarían sin respaldo suficiente la investigación, la extensión y la acción social.
El Siuned apoya una redistribución gradual del FEES entre las universidades públicas que permita asignar más recursos a la UNED y a otras instituciones que reciben una proporción menor. Sin embargo, García sostuvo que esa discusión debe darse después de asegurar la defensa y el crecimiento del fondo, sin reducir los recursos de las demás universidades.
El sindicato esperará la rendición de cuentas antes de presentar propuestas específicas. García adelantó que su posición partirá de proteger la estabilidad laboral y el acceso de los estudiantes a los servicios universitarios.
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