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Katiuska Hernández
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La Comisión de Alto Nivel encargada de analizar los resultados de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá ofrece este lunes 13 de julio una actualización sobre el avance de ese proceso.
La información es presentada en una conferencia de prensa convocada por el Gobierno en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, en Amador.
En la actividad participan el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes forman parte de la Comisión de Alto Nivel que evalúa los resultados de la auditoría integral de la mina.
La Prensa transmite en directo la conferencia de prensa a través de su sitio web y sus plataformas digitales.
Chapman, dijo que el cierre de la mina, desde el 28 de noviembre de 2024, ha generado una pérdida de 6 mil 500 millones de dolares, equivalente a más de 5% del PIB.
Además enumeró los beneficios que se perdieron como aportes a la Caja del Seguro Social, caída de 75% de las exportaciones de bienes y se dejó de financiar aumento de las ayudas a los más vulnerables.
Chapman aseguró que pese a las pérdidas han trabajado para diversificar la economía y obtener ingresos por otra vía a la vez que se redujo el gasto público. Dijo que pese al cierre de la mina, la economía creció más de 4% en 2025.
“Este país no está ni remotamente quebrado” dijo a la vez que señaló que si se perdió parte de su potencial económico.
Aseguro que el pais enfrenta demandas por arbitrajes internacionales por 27 mil millones de dólares. Por lo que se debe enfocar una solución estratégica y técnica. Y eso no debilita la defensa legal ante las demandas.
En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que el cierre de la mina de Cobre Panamá no solo dejó más de 40 mil desempleados, sino que también impactó a unos 115 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos vinculados a la actividad minera.
Moltó señaló que el Gobierno no minimiza las protestas sociales ni desconoce la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Cobre Panamá.
El ministro indicó que los resultados de la auditoría realizada por la empresa SGS al proyecto minero ya fueron divulgados y permiten analizar la situación con base en evidencia técnica.
“La concesión es inconstitucional”, reiteró Moltó, al tiempo que aseguró que, independientemente de la decisión que se adopte sobre el futuro del proyecto, existen tres principios que no serán negociables para el Gobierno:
Soberanía absoluta: todas las decisiones estarán bajo fiscalización del Estado y será el Estado panameño quien tendrá el control.
Sin costos para los panameños: cualquier alternativa que se plantee no implicará trasladar cargas económicas a la población.
Defensa de la economía: se buscará enviar un mensaje de seguridad jurídica y confianza para la inversión.
Sin presentar nuevos anuncios, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró que el cierre abrupto de la mina de Cobre Panamá no resolvió el problema ambiental asociado al proyecto.
Navarro explicó que, aunque la auditoría realizada por SGS concluyó que el proyecto minero cumple con el 87% de los compromisos ambientales evaluados, también identificó nueve incumplimientos, entre ellos retrasos en los procesos de reforestación y la intervención de un área adicional que no estaba contemplada inicialmente.
El ministro aseguró que el Gobierno no actuará de manera improvisada y señaló que actualmente se desarrolla una etapa técnica para concluir el análisis del informe de auditoría.
Los ministros encargados de analizar la auditoría realizada al proyecto Cobre Panamá señalaron que aún no han llegado a una recomendación sobre el futuro de la mina, en caso de que se determine una eventual reapertura.
Chapman explicó que el equipo designado por el Ejecutivo se encuentra en una etapa técnica de revisión de la información y que todavía no existe una definición sobre el tipo de contrato o el esquema bajo el cual podría operar el proyecto.
Chapman indicó que no tienen una fecha límite establecida para presentar sus conclusiones, aunque han conversado sobre la necesidad de contar con una recomendación antes de finalizar 2026.
“No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca”, afirmó el ministro, quien reconoció que se trata de decisiones complejas.
Detalló que la metodología de trabajo contempla reuniones periódicas entre los ministros involucrados y la conformación de equipos técnicos en cada despacho para revisar y validar la información disponible.
Información en desarrollo...
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La información es presentada en una conferencia de prensa convocada por el Gobierno en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, en Amador.
En la actividad participan el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes forman parte de la Comisión de Alto Nivel que evalúa los resultados de la auditoría integral de la mina.
La Prensa transmite en directo la conferencia de prensa a través de su sitio web y sus plataformas digitales.
Chapman, dijo que el cierre de la mina, desde el 28 de noviembre de 2024, ha generado una pérdida de 6 mil 500 millones de dolares, equivalente a más de 5% del PIB.
Además enumeró los beneficios que se perdieron como aportes a la Caja del Seguro Social, caída de 75% de las exportaciones de bienes y se dejó de financiar aumento de las ayudas a los más vulnerables.
Chapman aseguró que pese a las pérdidas han trabajado para diversificar la economía y obtener ingresos por otra vía a la vez que se redujo el gasto público. Dijo que pese al cierre de la mina, la economía creció más de 4% en 2025.
“Este país no está ni remotamente quebrado” dijo a la vez que señaló que si se perdió parte de su potencial económico.
Aseguro que el pais enfrenta demandas por arbitrajes internacionales por 27 mil millones de dólares. Por lo que se debe enfocar una solución estratégica y técnica. Y eso no debilita la defensa legal ante las demandas.
En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que el cierre de la mina de Cobre Panamá no solo dejó más de 40 mil desempleados, sino que también impactó a unos 115 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos vinculados a la actividad minera.
Moltó señaló que el Gobierno no minimiza las protestas sociales ni desconoce la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Cobre Panamá.
El ministro indicó que los resultados de la auditoría realizada por la empresa SGS al proyecto minero ya fueron divulgados y permiten analizar la situación con base en evidencia técnica.
“La concesión es inconstitucional”, reiteró Moltó, al tiempo que aseguró que, independientemente de la decisión que se adopte sobre el futuro del proyecto, existen tres principios que no serán negociables para el Gobierno:
Soberanía absoluta: todas las decisiones estarán bajo fiscalización del Estado y será el Estado panameño quien tendrá el control.
Sin costos para los panameños: cualquier alternativa que se plantee no implicará trasladar cargas económicas a la población.
Defensa de la economía: se buscará enviar un mensaje de seguridad jurídica y confianza para la inversión.
Sin presentar nuevos anuncios, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró que el cierre abrupto de la mina de Cobre Panamá no resolvió el problema ambiental asociado al proyecto.
Navarro explicó que, aunque la auditoría realizada por SGS concluyó que el proyecto minero cumple con el 87% de los compromisos ambientales evaluados, también identificó nueve incumplimientos, entre ellos retrasos en los procesos de reforestación y la intervención de un área adicional que no estaba contemplada inicialmente.
El ministro aseguró que el Gobierno no actuará de manera improvisada y señaló que actualmente se desarrolla una etapa técnica para concluir el análisis del informe de auditoría.
Los ministros encargados de analizar la auditoría realizada al proyecto Cobre Panamá señalaron que aún no han llegado a una recomendación sobre el futuro de la mina, en caso de que se determine una eventual reapertura.
Chapman explicó que el equipo designado por el Ejecutivo se encuentra en una etapa técnica de revisión de la información y que todavía no existe una definición sobre el tipo de contrato o el esquema bajo el cual podría operar el proyecto.
Chapman indicó que no tienen una fecha límite establecida para presentar sus conclusiones, aunque han conversado sobre la necesidad de contar con una recomendación antes de finalizar 2026.
“No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca”, afirmó el ministro, quien reconoció que se trata de decisiones complejas.
Detalló que la metodología de trabajo contempla reuniones periódicas entre los ministros involucrados y la conformación de equipos técnicos en cada despacho para revisar y validar la información disponible.
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