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Javier Córdoba
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Cada 20 de abril, la Universidad de Costa Rica conmemora el aniversario de la Sede de Occidente, decana de la regionalización universitaria, y con ello celebra uno de los proyectos más transformadores en la historia de la educación superior costarricense.
No se trata únicamente de una efeméride institucional. Se trata, sobre todo, de recordar una decisión histórica que abrió las puertas del conocimiento a miles de personas que, por razones geográficas o socioeconómicas, habían permanecido al margen de la educación superior. Con la creación del entonces Centro Regional Universitario de San Ramón, el país dio un paso decisivo hacia la democratización del saber y la construcción de una sociedad más equitativa.
Desde entonces, la regionalización ha sido mucho más que una política universitaria: ha sido un compromiso ético con el país. A lo largo de casi seis décadas, ha permitido que miles de jóvenes de diversas regiones accedan a oportunidades de formación, impulsen la movilidad social de sus familias y contribuyan activamente al desarrollo de sus comunidades.
Pero su impacto trasciende las aulas. La presencia de la Universidad en los territorios ha fortalecido la vida cultural, ha dinamizado la investigación aplicada a problemáticas locales y ha consolidado una relación viva entre la academia y la sociedad. Allí donde la Universidad está presente, el conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en una herramienta concreta de transformación.
Hoy, más que nunca, esta visión cobra una relevancia particular. Vivimos en un contexto marcado por profundas desigualdades y por desafíos complejos que requieren respuestas integrales: el cambio climático, la seguridad alimentaria, la exclusión social, la violencia, el narcotráfico y las brechas de género, entre muchos otros. Frente a estas realidades, la educación superior no es un lujo, sino una condición indispensable para el desarrollo sostenible.
Sin embargo, también es cierto que la educación superior pública enfrenta cuestionamientos que, en ocasiones, desconocen su valor estratégico. Se instala, con preocupante ligereza, la idea de que el progreso puede alcanzarse al margen del conocimiento, o que la inversión en educación es prescindible. Nada más alejado de la realidad.
No existe desarrollo económico sólido sin una base de talento humano capaz de comprender, innovar y resolver problemas complejos. No hay cohesión social sin oportunidades reales de acceso a la educación. No hay democracia plena sin espacios que promuevan el pensamiento crítico y el diálogo informado.
La regionalización universitaria, en este sentido, representa una de las expresiones más claras del compromiso del Estado costarricense con el bien común. Es una apuesta por un país que reconoce su diversidad y que entiende que el desarrollo no puede concentrarse en unos pocos territorios, sino que debe irradiarse hacia todas las regiones.
Defender este modelo no es un acto nostálgico. Es una responsabilidad con el presente y, sobre todo, con el futuro. Implica comprender que la educación es un derecho, que el conocimiento es un bien público y que la Universidad tiene un papel insustituible en la construcción de una sociedad más justa.
Al conmemorar el quincuagésimo octavo aniversario de la Sede de Occidente, reconocemos también el esfuerzo de generaciones de personas docentes, administrativas y estudiantes que han hecho posible este proyecto. Pero, más allá del reconocimiento, este es un momento para reafirmar una convicción: la Universidad de Costa Rica está presente en el país, y su quehacer se orienta, sin reservas, al servicio de la sociedad.
Porque la regionalización no es solo una política universitaria. Es, en esencia, una promesa de país. Y es una promesa que Costa Rica no puede permitirse abandonar.
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