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Juan Pablo Rodríguez Campos
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Esta mañana la Secretaría del Concejo Municipal de Puntarenas admitió que una omisión de notificación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón mantuvo frenada una investigación sobre la nula inversión de infraestructura deportiva en el cantón central.
De acuerdo con la Contraloría General de la República a partir de su informe dado a conocer el 17 de septiembre, el Comité Cantonal tenía entre agosto de 2024 y agosto de 2025 cerca de 490 millones de colones sin ejecutar en obras de infraestructura deportiva local, ya sea obras nuevas o mejoras y remodelaciones a los gimnasios Francisco Robledo Ibarra y el Coloso de Barranca, así como las piscinas del Roble. Incluso, la misma Contraloría detalló en otros informes que desde 2022 no se han vuelto a desarrollar obras de infraestructura deportiva o proyectos en el cantón puntarenense.
Esto motivó a que en la sesión municipal del 4 de diciembre, la regidora Sindy Scafidi plantease una moción para convocar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas para brindar cuentas de su gestión ante la Municipalidad, la cual fue aprobada. Sin embargo el acuerdo, que fue escrito el 9 de diciembre, fue archivado sin enviarse la debida notificación a los integrantes del Comité. No fue sino hasta esta misma mañana cuando la Secretaría Municipal reconoció su incumplimiento en el oficio MP-SM-OF-020-01-2026. «Debido a un error administrativo, dicho documento fue archivado sin realizar el trámite de notificación correspondiente. Reconozco que esta omisión en la notificación oportuna puede haber generado inconvenientes en los procesos correspondientes. Por tal motivo, ofrezco mis más sinceras disculpas por este error, el cual ha sido identificado y corregido en nuestros procedimientos internos para evitar su repetición en el futuro”, fue parte de lo escrito por la secretaria municipal, María Yahaira López, quien se comprometió a hacer llegar el acuerdo a los integrantes del Comité Cantonal.
Pese a esto, la misiva generó molestia en los regidores Gerardo Zúñiga y Kimberly Castro, quienes reprocharon la omisión y consideraron que el supuesto olvido no es una justificante para la falta cometida. Incluso Zúñiga fue más allá y adelantó que está gestionando la apertura de un proceso disciplinario contra López, ya que de acuerdo con él hay dictámenes de la Procuraduría General de la República que establecen un plazo máximo de tres días para notificar acuerdos.
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