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Daniela Muñoz Solano
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El Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras respondieron este miércoles a la misiva del Ministerio de Educación Pública que limita la libertad de los docentes para hablar de política, que calificaron como un intento intimidar al magisterio y coartar la libertad de expresión de los docentes.
Es pertinente recordar que días atrás el Ministerio en cuestión emitió la circular DM-CIR-0047-2026, estableciendo lineamientos sobre la neutralidad politico-ideologica y prohibiendo el proselitismo en los centros educativos.
El SEC sin embargo afirman que la circular “no aporta nada” pues ya está establecido en normativas previas que el personal docente debe mantener neutralidad política e ideológica.
Eso sí, “lo preocupante” dicen, es “el momento en que se emite y el tono de redacción, pues da la impresión de buscar intimidar al Magisterio Nacional para que no critique la política educativa, no reclame salarios justos, ni exprese su preocupación por la violencia y el deterioro de la democracia”.
“Olvidan las autoridades del MEP que la educación costarricense tiene como uno de sus principales fines formar ciudadanos conscientes de sus derechos, libertades y responsabilidades; fortalecer la democracia, la dignidad humana, la solidaridad y el pensamiento crítico”, reza el documento.
El sindicato recordó que la Ley Fundamental de Educación establece desde hace casi 70 años la promoción de una ciudadanía respetuosa de la diversidad y libre de discriminación como uno de los objetivos del sistema de educación pública y que aún si eso no fuera suficiente, los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica obligan a enseñar la realidad económica, política y social del país “para que el estudiantado comprenda los problemas de su tiempo y analice críticamente las distintas respuestas que plantean gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales”.
Ambos sindicatos reconocen que en efecto ninguna persona docente debe “adoctrinar” o hacer proselitismo en su trabajo, pero “eso no significa renunciar a formar ciudadanos críticos, reflexivos y conscientes y capaces de cuestionar al poder cuando este se aparta de los valores democráticos y civiles que han distinguido a Costa Rica”.
El SEC concluyó apelando al ministro, a quien le recordaron que “las personas docentes no adoctrinamos, pero tampoco callamos ante la injusticia social, el abandono del sector agropecuario, la violencia, el crimen ni la preocupante deriva autoritaria que percibimos en el actuar del Gobierno”
“La educación pública debe formar ciudadanía crítica, no sumisa”, concluyeron.
Gilda Montero, presidenta de ANDE, dijo por su parte que este acto no tenía precedente y que, siendo Costa Rica un país que “presume de ser defensor de los derechos humanos y libertades constitucionales”, es preocupante que este documento pretenda coartar la libertad educativa, “bajo el supuesto de promover la neutralidad política e ideológica”.
Las disposiciones del MEP, dijo Montero, pueden considerarse intimidatorias para quienes ejercen la docencia y deben promover ante sus estudiantes la libertad ideológica, derecho que junto con la libertad de expresión, son pilares de la democracia.
“Una de las libertades fundamentales que reconoce el orden constitucional costarricense es la libertad de enseñanza, que es propia de una educación libre, democrática, de formación humana y no mero adoctrinamiento, y no puede ser limitada por prohibiciones injustificadas y fuera de contexto”, dijo categóricamente la sindicalista.
La presidenta de ANDE reconoció que estas prohibiciones son intimidatorias pues se expresan en un momento en que las instituciones educativas no han sido utilizadas para “ninguna clase de adoctrinamiento político, como sucede en actualidad por medio de un mal uso de las redes sociales, donde muchas veces se distorsiona la realidad y se venden mentiras”.
Así, dijo, las disposiciones son absolutamente inmerecidas e innecesarias y más bien se usan para desprestigiar la labor docente.
“ANDE lamenta profundamente que este tema no se haya discutido con las organizaciones que representamos a miles de docentes en todo el país, que no merecen este tipo de disposiciones intimidatorias que menoscaban la labor educativa”, concluyó.
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