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Ohigginis Arcia
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Un callejón de 10 metros de ancho se ha convertido en el centro de una disputa que va más allá de Santa Clara, en el distrito de Antón. Aunque los planos originales lo identifican como una servidumbre pública para llegar al mar, inspecciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) concluyen que parte del acceso conocido como Callejón del Mar ha sido ocupado por particulares, lo que limita el paso hacia una de las playas más visitadas del Pacífico.
El caso refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país. En los últimos años han aumentado las denuncias por el cierre o la apropiación de accesos públicos a playas en provincias como Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí, pese a que el artículo 258 de la Constitución establece que estos espacios son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
Una de las primeras denuncias sobre esta situación en Santa Clara fue presentada en 2021 por el abogado y empresario Luis Alberto Fonseca ante el Miviot. Sin embargo, ya en 2017 Benito Ortega, otro residente de la zona, había acudido a la corregiduría de Río Hato para denunciar el cierre de la servidumbre.
Tras la denuncia de Fonseca, funcionarios del Miviot realizaron una inspección y determinaron que el acceso público había sido privatizado mediante la instalación de una puerta de hierro. Además, constataron que la servidumbre había sido reducida en al menos cinco metros con respecto a sus dimensiones originales. Posteriormente, en 2023, la Alcaldía de Antón solicitó a una jueza de cumplimiento ordenar la apertura de la servidumbre que permanecía ocupada.
Si bien el portón permanece abierto, como pudo constatar La Prensa durante un recorrido por el lugar, parte de la servidumbre continúa ocupada por particulares. Así lo señala un informe del Miviot, fechado en febrero de 2025, que concluye que el Callejón del Mar tiene, según el plano de lotificación, un ancho de 10 metros. No obstante, la construcción colindante, denominada proyecto Desarrollo de las Sirenas, ha invadido parte de esa servidumbre.
El informe también indica que el otro lindero fue ocupado mediante la instalación de pilotes. El Miviot recuerda que las servidumbres públicas no pueden ser obstruidas ni enajenadas, por lo que corresponde a las autoridades ordenar el retiro de esas estructuras.
Otro informe de inspección, elaborado por el Departamento de Mensura Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y fechado el 26 de febrero de 2025, concluyó que la servidumbre conocida como Callejón del Mar debe mantener un ancho de 10 metros, de acuerdo con el plano regulador de Santa Clara.
La inspección, realizada el 13 de febrero con la participación de funcionarios de Ingeniería Municipal, del Miviot y de moradores de la comunidad, también verificó los puntos de entrada y salida hacia la playa previamente delimitados por las autoridades municipales.
El documento añade que el acceso público presenta afectaciones en ambos linderos. En el costado este se detectó la construcción de un muro de contención, mientras que en el lado oeste se observó una cerca desmontable que invade parte de la servidumbre. Durante la inspección también se revisó otra servidumbre ubicada cerca del proyecto Villa Hay 18, donde los técnicos constataron que el paso estaba parcialmente obstruido por pilotes.
Luego de las denuncias ciudadanas y de las inspecciones realizadas por las autoridades, uno de los particulares que ocupó parte de la servidumbre, Mayer Miro Yohoros, envió una nota a la Junta de Desarrollo Local de Santa Clara en la que se comprometió a dar mantenimiento y limpieza al área de la servidumbre. Además, aseguró que no cerrará ni obstruirá el paso y garantizará el libre tránsito por el lugar.
El alcalde de Antón, Eric Domínguez, sostuvo que su posición es que el acceso a las playas debe mantenerse libre, aunque reconoció que la apertura de estos pasos públicos también plantea desafíos para las autoridades.
“Mi posición es que el acceso a las playas es libre, pero también hay una realidad: cuando dejamos un acceso libre hay temas de seguridad, basura y trasiego de drogas”, afirmó.
Agregó que el caso del Callejón del Mar ya está siendo atendido por la asesoría legal del municipio y por un juez de cumplimiento.
Domínguez señaló que el distrito cuenta con ocho destinos de playa y enfrenta problemas recurrentes relacionados con el manejo de desechos y el desorden vehicular.
“Las playas son libres, pero cuando llegan muchas personas todo se descontrola. Nos ha hecho falta un tema de planificación”, manifestó.
Según explicó, el municipio busca una solución que garantice tanto el acceso público como el orden y la seguridad en estas zonas costeras.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo reiteró que el cobro por estacionamiento o ingreso a las playas, así como la imposición de horarios que restrinjan el acceso, constituyen prácticas ilegales por contravenir el artículo 258 de la Constitución Política, que establece que las playas son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
La institución advirtió que mantendrá la vigilancia, a través de sus oficinas regionales, para que las autoridades locales garanticen el acceso gratuito a estos espacios. Además, recordó que en 2023 y 2024 realizó inspecciones e intervino en distritos como Antón, Taboga, San Carlos, Arraiján, San Félix y Colón, luego de que gobiernos locales emitieran decretos que limitaban el libre acceso a las playas.
El conflicto por el acceso al Callejón del Mar no es un caso aislado. Durante una reciente gira por la provincia de Veraguas, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, reconoció que la falta de planificación urbana ha propiciado disputas por las servidumbres y el acceso a las playas, especialmente en distritos como Mariato.
Según el funcionario, uno de los objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) es garantizar que estos espacios públicos permanezcan abiertos a la población. Por su parte, el alcalde de Mariato, Ángel Batista, advirtió que, ante la ausencia de normas claras, particulares se han apropiado de accesos y de algunas de las mejores zonas costeras, por lo que pidió reforzar la protección de las servidumbres públicas.
Durante la gira, Osorio también inspeccionó la servidumbre de Playa Morrillo y se reunió con moradores del corregimiento de Quebro, quienes denunciaron el bloqueo de los accesos al mar. El viceministro sostuvo que el desarrollo turístico debe ir acompañado de reglas claras que protejan el interés público y aseguró que los futuros Planes de Ordenamiento Territorial contemplarán mecanismos para garantizar el libre acceso a las playas.
“El desarrollo debe generar prosperidad y empleo, pero sin afectar a las comunidades locales”, afirmó.
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El caso refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país. En los últimos años han aumentado las denuncias por el cierre o la apropiación de accesos públicos a playas en provincias como Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí, pese a que el artículo 258 de la Constitución establece que estos espacios son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
Una de las primeras denuncias sobre esta situación en Santa Clara fue presentada en 2021 por el abogado y empresario Luis Alberto Fonseca ante el Miviot. Sin embargo, ya en 2017 Benito Ortega, otro residente de la zona, había acudido a la corregiduría de Río Hato para denunciar el cierre de la servidumbre.
Informes confirman invasión
Tras la denuncia de Fonseca, funcionarios del Miviot realizaron una inspección y determinaron que el acceso público había sido privatizado mediante la instalación de una puerta de hierro. Además, constataron que la servidumbre había sido reducida en al menos cinco metros con respecto a sus dimensiones originales. Posteriormente, en 2023, la Alcaldía de Antón solicitó a una jueza de cumplimiento ordenar la apertura de la servidumbre que permanecía ocupada.
Si bien el portón permanece abierto, como pudo constatar La Prensa durante un recorrido por el lugar, parte de la servidumbre continúa ocupada por particulares. Así lo señala un informe del Miviot, fechado en febrero de 2025, que concluye que el Callejón del Mar tiene, según el plano de lotificación, un ancho de 10 metros. No obstante, la construcción colindante, denominada proyecto Desarrollo de las Sirenas, ha invadido parte de esa servidumbre.
El informe también indica que el otro lindero fue ocupado mediante la instalación de pilotes. El Miviot recuerda que las servidumbres públicas no pueden ser obstruidas ni enajenadas, por lo que corresponde a las autoridades ordenar el retiro de esas estructuras.
Otro informe de inspección, elaborado por el Departamento de Mensura Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y fechado el 26 de febrero de 2025, concluyó que la servidumbre conocida como Callejón del Mar debe mantener un ancho de 10 metros, de acuerdo con el plano regulador de Santa Clara.
La inspección, realizada el 13 de febrero con la participación de funcionarios de Ingeniería Municipal, del Miviot y de moradores de la comunidad, también verificó los puntos de entrada y salida hacia la playa previamente delimitados por las autoridades municipales.
El documento añade que el acceso público presenta afectaciones en ambos linderos. En el costado este se detectó la construcción de un muro de contención, mientras que en el lado oeste se observó una cerca desmontable que invade parte de la servidumbre. Durante la inspección también se revisó otra servidumbre ubicada cerca del proyecto Villa Hay 18, donde los técnicos constataron que el paso estaba parcialmente obstruido por pilotes.
El debate
Luego de las denuncias ciudadanas y de las inspecciones realizadas por las autoridades, uno de los particulares que ocupó parte de la servidumbre, Mayer Miro Yohoros, envió una nota a la Junta de Desarrollo Local de Santa Clara en la que se comprometió a dar mantenimiento y limpieza al área de la servidumbre. Además, aseguró que no cerrará ni obstruirá el paso y garantizará el libre tránsito por el lugar.
El alcalde de Antón, Eric Domínguez, sostuvo que su posición es que el acceso a las playas debe mantenerse libre, aunque reconoció que la apertura de estos pasos públicos también plantea desafíos para las autoridades.
“Mi posición es que el acceso a las playas es libre, pero también hay una realidad: cuando dejamos un acceso libre hay temas de seguridad, basura y trasiego de drogas”, afirmó.
Agregó que el caso del Callejón del Mar ya está siendo atendido por la asesoría legal del municipio y por un juez de cumplimiento.
Domínguez señaló que el distrito cuenta con ocho destinos de playa y enfrenta problemas recurrentes relacionados con el manejo de desechos y el desorden vehicular.
“Las playas son libres, pero cuando llegan muchas personas todo se descontrola. Nos ha hecho falta un tema de planificación”, manifestó.
Según explicó, el municipio busca una solución que garantice tanto el acceso público como el orden y la seguridad en estas zonas costeras.
Un problema nacional
El año pasado, la Defensoría del Pueblo reiteró que el cobro por estacionamiento o ingreso a las playas, así como la imposición de horarios que restrinjan el acceso, constituyen prácticas ilegales por contravenir el artículo 258 de la Constitución Política, que establece que las playas son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
La institución advirtió que mantendrá la vigilancia, a través de sus oficinas regionales, para que las autoridades locales garanticen el acceso gratuito a estos espacios. Además, recordó que en 2023 y 2024 realizó inspecciones e intervino en distritos como Antón, Taboga, San Carlos, Arraiján, San Félix y Colón, luego de que gobiernos locales emitieran decretos que limitaban el libre acceso a las playas.
El conflicto por el acceso al Callejón del Mar no es un caso aislado. Durante una reciente gira por la provincia de Veraguas, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, reconoció que la falta de planificación urbana ha propiciado disputas por las servidumbres y el acceso a las playas, especialmente en distritos como Mariato.
Según el funcionario, uno de los objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) es garantizar que estos espacios públicos permanezcan abiertos a la población. Por su parte, el alcalde de Mariato, Ángel Batista, advirtió que, ante la ausencia de normas claras, particulares se han apropiado de accesos y de algunas de las mejores zonas costeras, por lo que pidió reforzar la protección de las servidumbres públicas.
Durante la gira, Osorio también inspeccionó la servidumbre de Playa Morrillo y se reunió con moradores del corregimiento de Quebro, quienes denunciaron el bloqueo de los accesos al mar. El viceministro sostuvo que el desarrollo turístico debe ir acompañado de reglas claras que protejan el interés público y aseguró que los futuros Planes de Ordenamiento Territorial contemplarán mecanismos para garantizar el libre acceso a las playas.
“El desarrollo debe generar prosperidad y empleo, pero sin afectar a las comunidades locales”, afirmó.
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