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Vinicio Chacón Soto
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Recién este martes la Sala Constitucional emitió una resolución en la que acogió una gestión de desobediencia planteada contra el alcalde de Osa, Minor Anchía Angulo, por la usurpación de la zona marítimo terrestre (ZMT) en playa Dominical.
En noviembre la Sala IV había dado la razón a un recurso de amparo planteado por un grupo de personas vecinas de la zona sobre el tema y había ordenado a Anchía Angulo, alcalde de Osa, y al encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esa Municipalidad, que en plazo de cuatro meses debían contar con una solución definitiva al problema.
Sin embargo, la situación con el paso del tiempo se repitió, lo que obligó al grupo de vecinos a regresar a la Sala IV con la gestión de desobediencia.
En esta nueva resolución, ese tribunal constató que “a pesar de que los recurridos”, es decir la Alcadía y el Departamento de ZMT, “han realizado gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia, lo cierto del caso es que la problemática persiste”.
Añade que en el informe rendido esas autoridades “reconocen” que “la ocupación irregular y la eventual usurpación de la zona pública de la Playa Dominical requiere una respuesta continua, coordinada e integral, por tal razón indican que se encuentran impulsando la elaboración y la ejecución de un plan estratégico de operación conjunta con las siguientes autoridades Fuerza Pública, Policía de Migración, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fiscalía Ambiental, Ministerio de Salud”.
De manera que “se le ordena a Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde, y a Daniela López Rivera, en su condición de encargada a. i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, o quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala” en la sentencia de noviembre; “en el sentido de que se aborde, tramite e inspeccione la playa en que el recurrente denunció el incumplimiento a la Zona Marítimo Terrestre en su denuncia del 19 de mayo de 2025 y de acreditar la inobservancia a la legislación, deberán tomar todas las medidas necesarias para que la zona marítima sea respetada, de conformidad con las amplias potestades que establece la Ley de la Zona Marítimo Terrestre”.
El abogado Karl Villalobos Hoffmann, quien representa al Comité de Comerciantes y Ciudadanos pro Defensa de Playa Dominical, recordó que debieron dar la lucha por cuanto esa playa “ha sido invadida por miles de ocupantes ilegales, que han hecho cualquier tipo de construcciones y han impedido que la ciudadanía costarricense pueda disfrutar de esta zona de acceso público”.
Recordó que la situación ha incidido en tráfico de drogas, amenazas a las personas residentes locales e incluso el homicidio de un turista durante un asalto.
Tras apuntar que luego de la resolución de noviembre “la Municipalidad se vio obligada” al “desalojo de todas estas personas, así como la demolición de los ranchos ahí existentes”; lamentó que “sin embargo, nuevamente los ocupantes ilegales regresaron y con ello el problema de venta drogas, situaciones de proxenetismo, caos y la delincuencia desatada en toda la zona de playa Dominical”.
Por ello “lamentablemente tuvimos que volver a recurrir a la Sala Constitucional para ponerlos al tanto de que la invasión se da y de que nuevamente el señor alcalde Minor Anchía a pesar de las reiteradas comunicaciones por escrito de desalojar a estas personas, no ha querido hacerlo”.
De manera que la Sala Constitucional, como se dijo, dio la razón nuevamente y acogió la gestión de desobediencia y con ello, “le exige al señor Alcalde accionar ante el incumplimiento reiterado y permanente de la orden muy clara de la Sala Constitucional, de que la ZMT de playa Dominical debe estar libre para el acceso de los ciudadanos que quieren llegar a disfrutar en familia y sanamente de un medio ambiente sano, lo que no se puede realizar en este momento”.
Añadió que la Sala IV “ha hecho una condena muy tajante, muy precisa a la Municipalidad de Osa en el sentido de que debe tomar todas las medidas necesarias para que la ZMT de playa Dominical sea respetada”. Además, “le advierte también al señor Alcalde que debe actuar de conformidad con las amplias potestades que establece la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre”.
Añadió que esa legislación “da amplias facultades a cualquier alcalde para llegar con la Fuerza Pública, hacer las detenciones del caso y las demoliciones que procedan”; así como “hacer las denuncias penales correspondientes contra los ocupantes ilegales por el delito de usurpación de bienes de dominio público”.
Sin embargo, dijo que se trata de “acciones que el Alcalde no quiere tomar y aquí es donde nos cuestionamos el por qué el Alcalde es renuente y se niega a actuar en contra de esos ocupantes ilegales, que prácticamente impiden a las familias costarricenses poder visitar y accesar libremente playa Dominical”.
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