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Vinicio Chacón Soto
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La Sala Constitucional acogió para su estudio un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Presidencia de la República, por la reciente firma de participación en “la Declaración Conjunta de Seguridad emanada de la conferencia “Americas Counter Cartel Conference” (ACCC), presidida por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth”.
El amparo, presentado por un grupo de seis personas, apunta además que ello se dio “en el marco del programa denominado Escudo de las Américas” y que durante esa conferencia Hegseth, cuyo puesto en realidad es secretario de Guerra, “reafirmó la Doctrina Monroe y expuso un mapa estratégico hemisférico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América (Golfo de México), el Canal de Panamá y los países circundantes”.
Además adujeron que la declaración firmada “promueve una doctrina de seguridad basada en el principio denominado “paz a través de la fuerza” (sic)”.
El amparo alega al mismo tiempo que la firma de semejante documento “generó efectos jurídicos y políticos inmediatos al vincular a Costa Rica con la concepción hemisférica militarista que resulta incompatible con nuestro ordenamiento jurídico costarricense”.
En concreto, se apunta que tal firma se dio sin consultar ni recibir autorización de la Asamblea Legislativa y que “tampoco fue valorada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como competente en la materia”.
De manera que se reclama que violenta varios artículos de la Constitución, empezando por el 1: “Costa Rica es una República democrática, libre e independiente, multiétnica y pluricultural”. Así como “la Ley 9288 sobre neutralidad perpetua, activa y no armada y la Proclama de Neutralidad de 1983 que impide la alineación con coaliciones de naturaleza militar”.
También “estiman que el acto en cuestión violenta los principios del Derecho Internacional incorporados en el artículo 7 constitucional que obligan al Estado a mantener la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos”.
Así las cosas, al acoger el recurso la Sala Constitucional concedió tres días hábiles a partir de la notificación para que Mario Zamora, ministro de Seguridad, y la presidenta electa Laura Fernández, en su calidad de ministra de la Presidencia, presenten el correspondiente informe con la posición del gobierno.
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