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Daniela Muñoz Solano
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por tres ciudadanas costarricenses, con apoyo de más de 1800 firmas, contra la falta de elección de magistraturas suplentes para ese mismo tribunal. Así mismo, en respuesta al recurso, la mencionada Sala pidió explicaciones a la Asamblea Legislativa.
La Sala Constitucional funciona con 9 magistraturas titulares y 12 suplentes. Si bien el nombre puede ser confuso, los magistrados y magistradas suplentes son indispensables pues a menudo los titulares deben abstenerse de ver asuntos en los que puede presentarse algún conflicto de interés o en los que ya se han pronunciado previamente, por lo que los suplentes deben entrar a deliberar.
En setiembre de 2025, luego de un largo proceso de selección que implica la publicación del concurso, recepción de documentos, revisión de antecedentes, estudios socioeconómicos y laborales, entrevistas y más, la Sala Constitucional remitió la Corte Plena una lista de 18 candidaturas para llenar nueve plazas de magistratura suplente en el tribunal más importante del país.
Este órgano validó la nómina y remitió la propuesta la Asamblea Legislativa, pero desde entonces y hasta el final de legislatura pasada (en abril de este año) la fracción oficialista bloqueó la posibilidad de que se eligiera una sola magistratura, pues previeron que tendrían mayoría en este periodo y que podrían hacerse con la decisión.
Ya en mayo, con nuevos diputados y con mayoría oficialista, comenzó a darse el debate sobre el nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas, pero nuevamente el chavismo se rehusó a elegir, emitiendo en cada ocasión tres decenas de votos en blanco, y por eso, tras 11 votaciones, no se había electo a una sola persona como magistrada suplente.
El pasado 11 de julio el oficialismo aprobó una moción para devolver a la corte la nómina sin justificación alguna más que no se había logrado una mayoría.
La Corte Suprema resolvió de seguido que no había razón para alterar la nómina y la devolvió al plenario, donde ahora nuevamente los oficialistas han acordado no elegir magistratura suplentes.
Así, más de 80 amparos que no pueden ser vistos por inhibitorias de los magistrados titulares, hacen fila en la Sala Constitucional y la cantidad crece cada día.
Por eso, se han interpuesto más de una docena de recursos pidiendo que se condene a la asamblea legislativa y puntualmente a la fracción chavista, porque el no tomar esta decisión produce impedimentos en el derecho de acceso a la justicia. Justamente eso es lo que alega el recurso que la sala admitió.
Las recurrentes alegaron que las demoras injustificadas, falta de acuerdos, votaciones infructuosas, ausencia de priorización efectiva, falta de votaciones suficientes, devoluciones de nóminas y comportamientos por parte de los diputados, constituye una violación al mandato constitucional de designar magistraturas.
Así mismo reclaman que la Asamblea Legislativa “no puede transformar una competencia constitucional de nombramiento en una facultad de bloqueo indefinido” y que si se reinicia el proceso, este podría extenderse durante meses, sin garantía alguna de que una nueva nómina no sea bloqueada. La omisión legislativa denunciada, alegan las denunciantes, amenaza sus derechos personales y los de la colectividad, “en cuanto a acceso efectivo a la justicia constitucional pronta, cumplida, independiente, accesible y efectiva, así como el derecho a la protección judicial consagrado en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Sala dio a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, tres días hábiles para pronunciarse sobre el asunto, por lo que a más tardar este viernes la diputada deberá haber emitido el informe.
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