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José Alejandro Sánchez
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La Corte Plena aprobó este lunes 13 de julio una hoja de ruta de siete etapas para elaborar una propuesta de reforma integral al Código Procesal Penal, cuya presentación ante el máximo órgano del Poder Judicial está prevista para dentro de nueve meses.
El plan fue presentado por el magistrado de la Sala de Casación Penal (Sala III) Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien indicó que el trabajo forma parte del Proyecto Nacional de Modernización de la Justicia Penal Costarricense. La propuesta no sustituirá otras reformas puntuales que la Sala pueda preparar durante ese periodo. Alfaro explicó que la Sala Tercera continuará reuniéndose semanalmente para identificar modificaciones que puedan presentarse antes de que finalice el proceso integral, por lo que la Corte trabajará mediante dos vías: una reforma general y propuestas específicas de corto plazo.
La primera etapa consistirá en un diagnóstico integral del sistema procesal penal y tendrá una duración estimada de dos meses. El análisis deberá identificar problemas normativos, operativos y jurisprudenciales en la etapa preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral, los recursos, el tratamiento de la prueba, la duración de los procesos, la participación de las víctimas y la distribución de las cargas de trabajo.
También se examinarán las medidas cautelares, el manejo de la prueba digital y los factores institucionales que inciden en los plazos de tramitación.
La segunda etapa será un estudio de derecho comparado de un mes. Esta sala revisará los modelos procesales de Chile, Colombia, Uruguay, Alemania, España, Estados Unidos, Noruega y Finlandia. El resultado será una matriz para identificar las características de cada sistema y valorar cuáles de sus componentes podrían utilizarse en Costa Rica.
La tercera fase tendrá una duración aproximada de un mes y se dedicará a definir el modelo procesal costarricense. En ese periodo se discutirán asuntos como el papel del juez de garantías, el alcance de la oralidad, el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, la atención a las víctimas y el diseño institucional requerido para aplicar el nuevo modelo.
Una vez definido ese marco, la cuarta etapa comprenderá la elaboración del anteproyecto durante dos meses. El documento deberá incluir una exposición de motivos, los principios de la reforma, la justificación de cada modificación, el texto articulado, una comparación con la normativa vigente y el análisis de su impacto institucional y presupuestario.
La quinta fase consistirá en mesas técnicas nacionales durante otros dos meses. El texto será sometido a consulta de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Colegio de Abogados y Abogadas, universidades, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en tecnología, cibercrimen y protección de datos. De esas consultas deberá surgir un informe de observaciones y consensos mínimos.
La sexta etapa será una revisión técnica de un mes. El grupo de trabajo de este tribunal penal estudiará las observaciones recibidas y, cuando corresponda, elaborará una segunda versión del anteproyecto.
La última fase será la presentación institucional del texto definitivo ante la Corte Plena, que deberá discutirlo antes de que sea remitido a la Asamblea Legislativa. La suma de los plazos planteados por Alfaro ubica la entrega del anteproyecto alrededor de nueve meses después del inicio del trabajo.
Magistraturas plantean cambios sobre nulidades, víctimas, tecnología y duración de los procesos
Durante la discusión, el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, propuso que el diagnóstico incorpore investigaciones desde la criminología y los derechos fundamentales. Señaló que el país no cuenta con un centro especializado que estudie los obstáculos y cuellos de botella del sistema penal. Cruz afirmó que las reformas penales no resuelven por sí solas los problemas de seguridad y relacionó esta materia con la desigualdad y el funcionamiento del Estado social.
También solicitó revisar la regulación de la actividad procesal defectuosa. Según expresó, en la práctica se recurre a la nulidad para devolver los casos a etapas anteriores, en vez de corregir los errores dentro del mismo proceso, lo cual prolonga la tramitación de las causas. Otro de sus planteamientos fue reformular las reglas de colaboración con la justicia, incluido el denominado “testigo de la corona”, especialmente en investigaciones de crimen organizado y corrupción. Indicó que cualquier modificación deberá mantener un equilibrio entre la eficacia de la investigación, las garantías procesales y el debido proceso. Cruz también pidió destinar recursos a la atención de las víctimas y considerar una participación más activa del sistema bancario estatal y de la Procuraduría General de la República en investigaciones por delitos financieros y hechos de corrupción. El magistrado cuestionó además la participación que ha tenido el Ministerio de Justicia en la formulación de reformas procesales penales. Recordó que la transformación aplicada a partir de 1998 también surgió del Poder Judicial y separó las funciones de investigación, asignadas al Ministerio Público, de las funciones de garantía correspondientes a los jueces.
Al responder a las observaciones, el magistrado de la Sala III Gerardo Rubén Alfaro Vargas indicó que una reforma legislativa no resolverá por sí sola las dificultades de la justicia penal. Alfaro mencionó la existencia de sistemas tecnológicos que no están interconectados entre los distintos circuitos judiciales y las limitaciones para efectuar peritajes económicos e informáticos. También señaló que algunas herramientas utilizadas por la institución presentan rezagos tecnológicos. Según Alfaro, la reforma legal deberá acompañarse de una estructura institucional que permita enfrentar el crimen organizado, la delincuencia transnacional y los delitos informáticos. El trabajo deberá avanzar tanto en la modificación de las normas como en la modernización de los recursos necesarios para aplicarlas.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia pidió que la reforma preste atención a la duración de los procesos por delitos sexuales, particularmente cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes. Chacón señaló que algunas causas por violación se extienden durante años y que las personas afectadas deben esperar periodos prolongados para obtener una resolución. También mencionó los procesos por femicidio y la necesidad de que las familias reciban una respuesta judicial que les permita concluir el trámite. La magistrada comunicó que se trabaja en una propuesta vinculada con los delitos sexuales y que esta será remitida a la Comisión de la Jurisdicción Penal y a la Sala III para su valoración como una posible reforma adicional.
Por su parte, la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya planteó que dentro de la revisión se analicen las obligaciones procesales de las personas que comparecen como testigos.
La magistrada Iris Rocío Rojas Morales, Sala Primera consultó si el resultado del proceso será un nuevo Código Procesal Penal o una reforma del texto actualmente vigente. Rojas manifestó que el país requiere una legislación procesal articulada conforme a las condiciones actuales, pero pidió que ese trabajo no impida presentar cambios parciales en un plazo menor. Entre las materias que mencionó se encuentran las etapas del proceso, las medidas cautelares y los recursos contra las decisiones relacionadas con esas medidas. Solicitó que se preparen soluciones inmediatas para reducir la duración de los procesos mientras continúa la elaboración de la propuesta integral.
Representantes de la Sala Tercera respondieron que ambos trabajos se desarrollarán de forma separada. Uno se concentrará en la reforma general y el otro en modificaciones puntuales que puedan remitirse con mayor rapidez a la Asamblea Legislativa. La magistrada y vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas Vásquez, solicitó que la reforma incorpore una perspectiva de género e interseccionalidad para la atención de poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas. Vargas mencionó específicamente a los pueblos indígenas y pidió revisar las obligaciones derivadas de los convenios y normas internacionales que regulan su acceso a la justicia. También propuso incluir en las mesas de trabajo a profesionales de ingeniería industrial para examinar los procedimientos desde criterios de eficiencia y celeridad, además de la perspectiva jurídica de magistrados, jueces, fiscales y defensores.
Expediente 24.913 propone reformas puntuales al proceso penal
La Sala Tercera recordó que la revisión integral no constituye la primera propuesta remitida por la Corte a la Asamblea Legislativa para modificar el proceso penal. El expediente 24.913, presentado el 26 de marzo de 2025, surgió de una propuesta preparada por este tribunal de penal aprobada por unanimidad por la Corte Plena y posteriormente acogida para su trámite legislativo por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez.
La iniciativa plantea reformas a los artículos 30, 71, 90, 92, 104, 277, 316, 317, 318, 319 y 373 del Código Procesal Penal, así como a tres disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su objetivo es modificar aspectos específicos de las audiencias preliminares, la representación de las partes, la integración de los tribunales y la aplicación de salidas alternas.
Uno de los cambios permitiría declarar en rebeldía a la persona imputada que no asista, sin una justificación válida, a la audiencia preliminar. La propuesta busca impedir que la ausencia detenga el avance de esa etapa y obligue a reprogramar la diligencia.
El texto también amplía la competencia de los tribunales unipersonales. Actualmente, determinados juicios requieren la participación de un tribunal colegiado compuesto por tres personas juzgadoras. La reforma permitiría que un solo juez conozca los procesos por delitos cuya pena máxima no supere los 10 años de prisión, salvo las excepciones establecidas para casos de delincuencia organizada. Otro apartado regula los choques de agenda de los abogados defensores. La imposibilidad del profesional de asistir a una audiencia no sería suficiente para suspenderla de manera automática. La persona imputada tendría un máximo de cinco días para designar a otro defensor y, si no lo hace, se le asignaría representación de la Defensa Pública.
La iniciativa establece además que la audiencia preliminar será el último momento procesal para solicitar una solución alterna, como la conciliación o la reparación integral del daño, o para acogerse a un procedimiento especial abreviado. Para aplicar estas alternativas, la comparecencia de la persona imputada sería obligatoria. La víctima también tendría que ser convocada cuando se discuta una reparación integral, con el fin de que pueda pronunciarse sobre el acuerdo planteado.
El proyecto igualmente busca evitar que las audiencias se suspendan por ausencias o conflictos de agenda de otros participantes. Para ello modifica las reglas relativas a la representación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República, el querellante y el actor civil. El Poder Judicial presentó la iniciativa como una reforma de aspectos puntuales que pretende agilizar los procesos, eliminar prácticas que producen atrasos y mantener las garantías procesales y el debido proceso.
Durante la sesión de Corte Plena, las magistraturas indicaron que el expediente 24.913 seguirá su trámite de manera independiente. Las propuestas inmediatas que prepare la Sala Tercera podrán complementar ese texto o presentarse como nuevos proyectos, mientras continúa el proceso de nueve meses para elaborar la reforma integral.
La entrada Sala III liderará reforma integral al Código Procesal Penal en un plazo de nueve meses aparece primero en Semanario Universidad.
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