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Daniela Muñoz Solano
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La Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de Amparo presentado por cinco ciudadanos contra los ministerios de la Presidencia y de Seguridad Pública por sumar a Costa Rica a la coalición militar “Escudo de las Américas”, promovida por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos de América.
El líder sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, informó mediante sus redes sociales que el tribunal constitucional había acogido los reclamos “contra de la decisión traidora de Rodrigo Chaves Robles y de Mario Zamora Cordero de meter a Costa Rica en la coalición militarista-guerrerista de corte fascista del depravado-degenerado presidente estadounidense Trump”.
Y es que días atrás, el gobierno de ultraderecha de los Estados Unidos realizó una conferencia en la que participaron representantes de distintos países latinoamericanos -incluido Rodrigo Chaves- donde se anunció “una coalición militar para erradicar los carteles criminales», de acuerdo con las palabras del personeros del mismo gobierno de Trump.
Esta coalición ha generado cuestionamientos pues pone en duda la soberanía de los países al tomar decisiones en materia de seguridad, permite el uso de la fuerza en sus territorios e incrementa las posibilidades de acción militar de Estados Unidos en otros países.
En vista de que Costa Rica fue uno de los países que se sumó a la iniciativa -por voluntad del gobierno- y que la nación tiene una vocación pacifista y de neutralidad establecida constitucionalmente estos ciudadanos -y otros que interpusieron otro recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad, según informó el departamento de prensa del tribunal- acudieron a la sala cuarta para que se revise la compatibilidad de esta decisión con los mandatos constitucionales.
El recurso en cuestión alega que la declaración firmada por los distintos países promueve una doctrina de seguridad basada en el principio “paz a través de la fuerza”.
Además, la adhesión a la coalición militar, dicen los recurrentes, genera efectos jurídicos y políticos inmediatos pues vincula a Costa Rica con una “concepción hemisférica militarista que resulta incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”.
Los ciudadanos también reclaman que la declaración no fue objeto de consulta ni de autorización por parte del poder legislativo ni fue valorada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que en su criterio contraviene los artículos 1, 2, 7, 9, 11 y 12 de la Constitución Política, de la Ley 9288 sobre neutralidad perpetua, activa y no armada, de la Proclama de Neutralidad de 1983, que directamente impide la alineación con coaliciones de naturaleza militar.
También reclaman que la decisión del gobierno violenta los principios constitucionales que obligan al Estado a mantener la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos.
En el reclamo además, los recurrentes recuerden que ya en votos anteriores la sala constitucional había declarado inconstitucionales actos del poder ejecutivo que expresaban apoyo a coaliciones militares y finalmente alegan que el ministro de Seguridad no posee competencia legal para suscribir un acto de alcance geopolítico o de política exterior, sino que esas decisiones corresponden al poder ejecutivo en su conjunto con la participación de la Asamblea Legislativa.
“Esperamos que el fallo constitucional haga honor al legado del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, Juan Rafael Mora Porras, don Juanito; líder de la Gran Guerra Patria de 1856-1857. Estoy seguro de que Chaves no conoce de su historia ni, mucho menos, de su legado”, escribió en sus redes Albino Vargas sobre el tema.
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