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Adrián Z. Rivero
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La Sala Constitucional dio trámite para su estudio a una nueva acción de inconstitucionalidad presentada por los bancos en contra de la ley que les obliga a responder por los fraudes electrónicos que sufran sus clientes.
Dicha norma, vigente desde el 22 de abril de 2026 como la Ley 10.889, hace responsables a los bancos incluso cuando no tengan culpa directa de la situación.
Las únicas tres excepciones son los autofraudes, cuando exista dolo (entendido como toda conducta deliberada de una persona orientada a cometer un acto ilícito, con pleno conocimiento de su ilegalidad), o cuando las transferencias fueron entre cuentas del mismo titular.
Esta nueva acción —la segunda a la que la Sala da curso en apenas unas semanas— fue presentada por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF). La anterior fue interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
“La Cámara no cuestiona el objetivo de la ley. Lo que se somete al análisis de la Sala Constitucional es la forma en que fue aprobada, pues existen elementos que podrían constituir vicios sustanciales en el procedimiento legislativo y que deben ser valorados por el Tribunal”, explicó Luis Ortiz, asesor legal de la CBF, en un comunicado de prensa.
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La ley, vigente desde finales de abril, obliga a las entidades financieras a responder por fraudes electrónicos que sufran sus clientes.
Entre los cuestionamientos que hacen los banqueros está que el texto aprobado “no fue sometido a debida consulta”, pese a que fue modificado durante su trámite; la existencia de dudas por el hecho de que se aprobara en una comisión legislativa, en vez del Plenario; o que se confieren “competencias ajenas” a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef).
La Cámara pide al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad total de la Ley 10.889, así como “valorar la suspensión de determinados efectos de la normativa mientras se emite una resolución definitiva sobre el fondo del asunto”.
La Ley 10.889 fue aprobada por la Comisión Plena Tercera el 4 de marzo de 2026 tras varios años en los que las estafas informáticas crecieron abruptamente.
Según reportó UNIVERSIDAD, con información aportada por el OIJ, entre 2019 y 2025 los ciberfraudes bancarios crecieron un 1.446%, al pasar de 665 a 10.142 casos denunciados.
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Vulnerabilidades, filtraciones de datos y potencial de generar ganancias colocan al país en una posición altamente atractiva para ser blanco de los ciberdelincuentes.
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