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Monserrat Cordero Parra
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La exdiputada Rocío Alfaro, junto con el Movimiento Sindical, presentaron un recurso de reposición el pasado 1° de julio que busca anular el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó los nombramientos de los representantes de este sector en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con el recurso, el acuerdo impugnado “no solo rechazó ilegalmente los nombramientos de las personas electas, sino que además desconoció la decisión democráticamente adoptada por la Asamblea Sectorial integrada por las organizaciones sindicales”.
Específicamente, alegaron que el Consejo de Gobierno abandonó su función técnica para actuar bajo intereses políticos.
«El Consejo de Gobierno transformó una potestad reglada de verificación de requisitos legales en una potestad discrecional para decidir quién puede y quién no puede representar al Movimiento Sindical», se lee en el recurso.
Para Alfaro y los sindicatos, esta acción altera el modelo de representación diseñado por el legislador, pues la Ley Constitutiva de la CCSS solo faculta al Gobierno a verificar requisitos, no a escoger a su gusto.
“El acto impugnado evidencia que el Consejo realizó un juicio de oportunidad, conveniencia e idoneidad política que excede ampliamente el ámbito de sus atribuciones legales”, agregaron.
El Movimiento Sindical Costarricense eligió el pasado 9 de junio a la exdiputada Rocío Alfaro para ocupar este cargo; sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó su designación recientemente.
En una certificación, con fecha de 26 de junio, el Consejo decidió no aceptar el nombre de Alfaro, alegando que “no cumple el requisito legal de competencia en materias económico-sociales y honorabilidad, previstos en los artículos 6 y 7 inciso a).
Argumentaron además que la exdiputada incumple lo establecido en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe a los miembros de la Junta Directiva y a los gerentes participar activamente en asuntos de política electoral.
También señalaron un potencial conflicto de interés debido a su parentesco con dos funcionarios del Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés, así como un menoscabo de la honorabilidad producto de las opiniones de Alfaro mientras fue legisladora.
Defensa
En el documento, Alfaro y el sector sindical señalaron que estos alegatos son una valoración subjetiva del Gobierno, el cual considera una maestría en Ciencias Sociales como “insuficiente”, la militancia política como “prohibición de acceso”, el parentesco con funcionarios como una “incompatibilidad permanente”, y el control político parlamentario como una “afectación a la honorabilidad”.
Tenemos entonces, que no son los hechos los que justifican la decisión. Sino es la valoración subjetiva que el Consejo de Gobierno hace de esos hechos. (…) La potestad de verificar requisitos legales no autoriza a crear nuevas razones para excluir a una persona del ejercicio de un cargo público. Sin embargo, eso fue precisamente lo ocurrido en el presente caso. Cada uno de los motivos invocados por el acuerdo impugnado responde a una construcción interpretativa de la Administración y no al texto de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, mencionaron.
El Movimiento Sindical además sostuvo que esta decisión es además un ataque directo a la libertad sindical y a la autonomía de la CCSS. El recurso advierte que permitir este precedente dejaría la representación del sector en manos del mandatario de turno.
«La decisión recurrida constituye una injerencia indebida en la autonomía del movimiento sindical», se lee en el recurso.
El recurso concluye solicitando la revocatoria total del acuerdo y el nombramiento inmediato de las dos representantes electas: Rocío Alfaro como representante titular y la sindicalista Martha Rodríguez como suplente.
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