Rocío Alfaro advierte que Junta Directiva de la CCSS podría estar sesionando de forma «irregular» tras fallo de la Sala IV

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Monserrat Cordero Parra

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La exdiputada Rocío Alfaro advirtió este martes a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que el máximo órgano colegiado podría estar sesionando de manera irregular e incurriendo en vicios de nulidad legal, luego del fallo de la Sala Constitucional semanas atrás.

En una carta enviada a los directivos, Alfaro cuestionó que en las sesiones del 18 y 20 de agosto se haya aceptado sesionar con la participación de una persona designada como representante sindical “pro tempore”, pese a que su existencia y fundamento jurídico, según señaló, no se desprenden de la normativa que regula la integración de la Junta Directiva.

Esta situación se dio después de que la Sala Constitucional, el pasado 13 de agosto, dejara sin efecto el rechazo del Consejo de Gobierno a la juramentación de la persona electa por el sector sindical. Para Alfaro, ese pronunciamiento desapareció el obstáculo que había impedido su juramentación, por lo que considera necesario revisar las actuaciones posteriores que se hayan sustentado en esa situación.

Para la exlegisladora, “no resulta suficiente” que por la ausencia de notificación directa a la Junta Directiva, “prescindir completamente de la existencia y contenido de un fallo constitucional cuya existencia era conocida”.

Además, señaló que no es válido decir que la Junta Directiva era un actor pasivo que debía obedecer al Consejo de Gobierno, pues fue precisamente la propia presidencia ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, quien solicitó a este la designación de una persona “pro tempore” como representante sindical.

En la misma línea destacaron que “el por tanto de la Sala Constitucional que dejó sin efecto el rechazo a la juramentación de la persona electa por el sector sindical fue posterior a la comunicación del Consejo de Gobierno donde lo designa y anterior a la sesión donde el señor Rivera Mora se incorporó por primera vez a la Junta Directiva. Por consiguiente, resulta jurídicamente necesario determinar si subsistía el presupuesto que había servido para justificar la designación excepcional de una persona distinta de aquella elegida por el sector sindical, particularmente cuando el acto que impedía la juramentación de esta última había sido objeto de un pronunciamiento adverso de la Sala Constitucional”.

Alfaro agregó que tampoco sería válido justificar la incorporación de esta persona bajo el argumento de que era necesario completar el quórum de la Junta Directiva, pues la normativa interna de la CCSS contempla la posibilidad de sesionar con los miembros nombrados cuando exista una situación de emergencia o necesidad apremiante, bajo determinadas condiciones.

Semanas atrás, incluso, la Junta Directiva de la CCSS sesionó bajo la figura de funcionario de hecho para conocer un tema urgente.

“Si existía una disposición expresa que permitía atender los asuntos verdaderamente urgentes mientras se restablecía la integración regular de la Junta Directiva, ¿Cuál era el fundamento jurídico y la necesidad de incorporar como representante “pro tempore” del sector sindical a una persona que no había sido electa mediante el procedimiento establecido para ese sector?”, cuestionó.

Cuestiona validez de acuerdos

Otro de los aspectos que cuestionó Alfaro fue la validez de los acuerdos del máximo órgano, ante el nombramiento de este representante “pro tempore”.

“Incorporar al señor Roger Rivera Mora con el propósito de completar el denominado quorum integral o legal, sin que resulte claro el fundamento normativo que habilita una representación sindical «pro tempore», plantea serias dudas sobre la regularidad de la integración del órgano y , consecuentemente, sobre la validez de las sesiones celebradas y de los acuerdos adoptados bajo esa conformación”, indicó.

Señaló también que la continuidad de actuaciones sustentadas en una integración cuya legalidad está siendo cuestionada podría eventualmente generar responsabilidades de distinta naturaleza si se determinara que se actuó en contravención del ordenamiento jurídico.

A esto se suma, según la representante sindical, una posible afectación en el uso de recursos públicos, pues una invalidez de las actuaciones podría provocar la duplicación de procedimientos, inseguridad jurídica y retrasos adicionales en asuntos que requieren una respuesta efectiva de la CCSS.

Finalmente, Alfaro pidió a los directivos reconsiderar su actuación y revisar lo actuado, así como adoptar las medidas necesarias para restablecer una integración de la Junta Directiva que esté plenamente ajustada al ordenamiento jurídico y respete la representación sindical electa.

La Junta Directiva de la CCSS se encuentra sesionando este martes sin la participación de Alfaro, quien a la fecha, aún no ha sido juramentada por el Consejo de Gobierno.

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