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Daniela Muñoz Solano
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La ex superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, confirmó este jueves ante la comisión legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público que la normativa existente no dispone de maneras de sancionar cuando se realiza un nombramiento no idóneo en la junta directiva de una entidad bancaria, así esto haya sido determinado oficialmente.
La comisión convocó a Aguilar para referirse desde su experiencia a los “nombramientos irregulares y la falta de idoneidad de los miembros de la junta directiva y la gerencia general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, que están siendo investigados como parte del expediente 24,629. La exjerarca comenzó explicando que durante su paso por la superintendencia se aprobó la norma conocida como 15-22, que se refiere a la idoneidad técnica de las autoridades de las entidades bancarias.
Una vez aprobada la norma, en 2022, se inició su implementación y según relató al ponerse en funcionamiento en el Banco Popular hubo una “divergencia con respecto al tema de la experiencia”. Puntualmente se había establecido en la norma la necesidad de que los integrantes de la junta directiva tuvieran 8 años de experiencia pero esa no se logró acreditar en el caso del banco en cuestión, por lo que la superintendencia -entonces a su cargo- ordenó a la junta mencionada informar al Consejo de Gobierno de la situación, pues es ese órgano el que tiene la competencia para destituir directores que no cumplan con los requisitos establecidos.
Aguilar concluyó allí su intervención pero es conocido que aunque efectivamente se emitió un informe por parte de una empresa autora independiente donde se contemplaba el tema de experiencia, nunca hubo un proceso de destitución de los miembros que no cumplían con los requisitos, pues casualmente son los mismos que el gobierno actual había nombrado.
Francisco Nicolás del PLN le preguntó a Aguilar sobre el caso de Jorge Eduardo Sánchez y la ex superintendenta confirmó que hubo tres directores que no cumplían con requisitos y que uno de ellos era Sánchez, además de que confirmó que el Consejo de Gobierno no tomó ninguna decisión al respecto y que en ningún lado quedaron debidamente documentadas las razones por las cuales no se destituyó a las personas que no cumplían con los requisitos.
De seguido realizó su intervención la diputada Dinorah Barquero, quien preguntó a la exjerarca si existía un riesgo sobre los recursos públicos o los intereses de los trabajadores que dependen del banco, a lo que Aguilar respondió que no se podía decir que hubiera una situación en la que la entidad esté en “último riesgo”, pero que sí había problemas en que hubiera un órgano de dirección sin las competencias necesarias para hacer una calibración integral de los riesgos existentes y poder tomar decisiones oportunas.
Sobre posibles medidas correctivas para enfrentar estas situaciones Aguilar dijo que desde el punto de vista técnico era necesario que hubieran concursos de antecedentes y que se fortaleciera el régimen sancionatorio para que se pudiera inhabilitar a quienes no cumplían con los requisitos de idoneidad y que se requiere más potestad de la Sugef para poder emitir recomendaciones de carácter vinculante.
Más adelante, cuestionada por la frenteamplista Sofía Guillén, Aguilar dijo que la superintendencia solamente tenía potestad de ordenar que se notifiquen diversas situaciones a los órganos que toman las decisiones pero que “carece de músculo, en el caso del órgano de dirección, para solicitar su destitución”.
La ex superintendenta profundizó diciendo que no existía posibilidad de sancionar al Consejo de Gobierno si no actúa de conformidad con la normativa, a la junta directiva o a sus miembros en particular que estaban incumpliendo con los requisitos de ley, y que incluso ni siquiera había una sanción de multa debidamente establecida para el caso en cuestión, lo que llevó a Guillén a decir que este era un vacío de ley que debían considerar en adelante los diputados de la próxima legislatura.
Luz Mary Alpízar intervino para hacer algunas consultas y concluyó diciendo que en su criterio el Banco Popular -que conoce bien pues ha sido delegada ante la Asamblea de Trabajadores- debería tener una supervisión diferenciada para que pueda seguir jugando un rol social que beneficie a todos los trabajadores, por lo que se requieren cambios sustanciales que permitan que el banco sea efectivamente supervisado.
Aguilar terminó su participación al recordar que este conflicto no es solo de carácter administrativo, es reputacional y puede eventualmente generar problemas de confianza en los mercados, problemas para los trabajadores dueños y en el sistema financiero. “Yo esperaría que las recomendaciones que se hayan dado en temas de transparencia y alguna reforma legal se puedan llevar adelante”, concluyó la ex superintendenta.
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