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Fabiola Pomareda García
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El abandono estatal y el miedo al crimen organizado transfronterizo asfixian a las comunidades de Cutris, en la frontera norte, mientras diputados de oposición y de Gobierno negocian en la Asamblea Legislativa una salida política a la crisis generada por la minería ilegal en Crucitas.
Los habitantes de las comunidades de Cutris, en la región fronteriza norte, enfrentan a diario lo que ha significado vivir por años en el abandono del Estado: caminos de lastre en mal estado, poca cobertura de agua potable, limitado acceso a Internet y el crimen organizado transfronterizo que se emplazó en esta extensa zona, refugiado en la minería ilegal.
Las personas que viven en las comunidades de Chorreras, Moravia, Coopevega, Tablillas, Chamorro, El Jocote, Llano Verde y Crucitas, la mayoría de quienes subsisten de actividades agrícolas, un poco de ganado y en la elaboración artesanal de quesos, exigen la reparación de los caminos y la construcción de puentes; la mejora de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) y las escuelas; pero, sobre todo, recuperar la paz que han perdido debido a la presencia del crimen organizado por la extracción ilegal del oro.
La minería ilegal ha acarreado una condición de inseguridad permanente en las comunidades de Chorreras, Moravia, Coopevega, Tablillas, Chamorro, El Jocote, Llano Verde y Crucitas. (Foto: Frente Amplio)
“El daño más grande que se le ha hecho a Crucitas y a la zona fronteriza ha sido el abandono estatal (…) y es que el Estado no está, nunca ha estado y cada vez que se han acordado de la gente de Crucitas es para ir a sacar ese oro”, dijo el abogado y diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya.
Después de la gira realizada el 19 de junio por la presidenta de la República, Laura Fernández y delegaciones de diputados, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, también apuntó a la “evidente ausencia del Estado y un abandono de la zona que se agravó en la administración anterior y que han provocado esta crisis”.
“Aquí si no se resuelve el tema de la seguridad, no se va a resolver tampoco el tema del oro y el tema de la seguridad es una responsabilidad principalmente del Gobierno. Si usted está gastando $1 millón (al mes) cuidando una finca privada, estamos perdidos. No es esa la solución al problema de la inseguridad. Tenemos que recuperar el control de nuestras fronteras. Si no hay una protección efectiva de nuestras fronteras, no hay una forma de resolver tampoco el problema del oro”, dijo Ramírez.
Para la diputada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Abril Gordienko, no se puede hablar solo del proyecto de minería, sino que se debe garantizar que el Ejecutivo también tome las otras acciones necesarias para atender la seguridad, el saneamiento, la protección de la zona, el recurso hídrico y el problema de soberanía que se enfrenta ahí.
Y el problema en estas comunidades no es solo de inseguridad, sino también de miedo. Como lo dijo contundentemente Angie Segura, representante de la Asociación Integral de Desarrollo (ADI) de Crucitas, “hay miedo y mucho”.
“Todo lo que se diga puede ser usado en su contra, por lo que llamamos ‘chisme de pueblo’, que va a llegar allá. Hay muchas cosas que no podemos decir nosotros por salvaguardar nuestra seguridad y la de nuestros papás que están allá en Crucitas y toda la gente de Crucitas”, declaró Segura el 16 de junio de 2025 ante la Comisión de Alajuela, de la Asamblea Legislativa.
Imagen aérea de una de las zonas afectadas por la minería ilegal en Crucitas. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)
Minería ilegal bien financiada y organizada
A partir de mediados de 2017 empezó la explotación minera ilegal en el yacimiento identificado en Crucitas, de una forma muy bien organizada y sospechosamente repentina, en los cerros Botija y Fortuna, en la finca Vivoyet.
Como denunció el Frente Amplio, un aspecto que llamó la atención del “arranque repentino, bien financiado y organizado del coligallerismo en Crucitas” en 2017, fue el “evidente conocimiento previo que tenían de las zonas de mayor concentración de oro”. “Denota que podrían haber tenido acceso a información o participación de personas vinculadas a Infinito Gold, que era la única empresa que tenía los estudios detallados de los yacimientos y que obviamente debieron haber guardado con mucho celo”, según afirmó el FA en la exposición de motivos de su propuesta de ley.
Ya para 2020 el Ministerio Público apuntó a la presencia de grupos organizados para contrabandear el oro de Crucitas, haciéndolo pasar como parte de oro legal extraído de Abangares.
En el presente la actividad ha escalado a tal punto que las autoridades ya han denunciado la presencia del crimen organizado detrás de la minería ilegal en la zona, como parte de las redes que financian y proveen equipos y materiales, así como en los compradores que procesan el oro.
Hasta ahora, la minería ilegal realizada en su mayoría por los coligalleros nicaragüenses se ha concentrado en la extracción superficial y subterránea de la saprolita. La saprolita es una roca suave, terrosa, rica en arcilla. Ese material arcilloso se lava con agua, para concentrar el oro, y luego se agrega el mercurio para formar una amalgama que se calienta y evapora, dejando el oro expuesto. Esta extracción implica remover grandes volúmenes de tierra para obtener cantidades minúsculas de oro puro.
En la zona aún no se ha extraído el oro que está en la roca dura, dentro de formaciones geológicas sólidas, a mayor profundidad. Esto implica un proceso industrial de varias etapas para extraer el mineral de la roca perforando y usando explosivos; triturando la roca; separándola para concentrar el metal; y aplicando un tratamiento químico, como la cianuración, para disolver y extraer el oro puro.
Lo que plantean los proyectos de ley
Actualmente, el debate se centra en las alternativas disponibles en la Asamblea Legislativa.
En el 2010, Costa Rica fue declarado un país libre de minería metálica a cielo abierto. Pero el proyecto del Ejecutivo, “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos” (Expediente 24.717), que acumula 644 mociones de fondo vía artículo 137, autoriza la minería de oro a cielo abierto en todo el distrito de Cutris, que abarca 84.800 hectáreas.
Propone que la empresa concesionaria pague un canon minero al Estado de un 5% de las ventas brutas anuales del oro extraído. Un 72% de esos ingresos irán a la Caja Única del Estado; un 25% para la Municipalidad de San Carlos; y un 3% para las asociaciones de desarrollo integral del cantón.
Las propuestas del Frente Amplio y del PLN se enfocan en mantener la prohibición de la minería de oro a cielo abierto; pero autorizar la emisión de títulos, certificados digitales o bonos verdes, respaldados por el valor del oro que está enterrado en la roca dura, lo cual se deberá comprobar científicamente sin extraerlo. Con estos recursos se plantean financiar diversos proyectos productivos y científicos que apoyen el desarrollo en la zona.
El proyecto de “Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica” (Expediente 24.675), presentado por el FA en la legislatura pasada, plantea la recuperación ambiental de la zona afectada por la minería ilegal y el desarrollo de proyectos agroproductivos y de investigación científica.
Estos proyectos se financiarán con la garantía ambiental depositada por Industrias Infinito en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) (alrededor de $600.000 más intereses); con el oro obtenido como subproducto tras la remoción del mercurio (estimado en $402,5 millones); y mediante certificados digitales o títulos valores respaldados por el valor del oro que está en la roca dura.
Mientras que el proyecto de “Ley para la recuperación ambiental, restauración territorial y desarrollo sostenible de Crucitas” (Expediente 25.426), presentado por el diputado del PLN en la legislatura pasada, Pedro Rojas, autoriza de manera excepcional, temporal y condicionada, las actividades de minería de pequeña escala sin uso de mercurio dentro del área de saprolita delimitada en la Zona de Intervención Integral Crucitas, para controlar la minería ilegal y financiar saneamiento ambiental.
La fracción del PLN también explora la posibilidad de presentar un proyecto de ley para crear la figura de activos digitales, o “tokens”, respaldados por el valor del oro enterrado, o incluir un capítulo al respecto en el Código Minero.
Además, la iniciativa del PLN también ordena al Ministerio de Seguridad Pública garantizar la presencia permanente en la Zona de Intervención Integral Crucitas, y la del FA especifica que se instalará una Delegación de la Fuerza Pública en la zona. El proyecto de Gobierno no aclara cómo se garantizará la seguridad en la zona. El FA también presentó un proyecto de ley para penalizar la minería ilegal con hasta cinco años de cárcel.
El proyecto “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales” (Expediente 23.952) reforma el Código de Minería, para que establezca que se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien desarrolle actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación en cualquier bien que corresponda a Patrimonio Natural del Estado, ya sea parque nacional, reserva biológica u otra área de conservación de vida silvestre que goce de protección absoluta en la legislación vigente.
Más allá del laberinto legislativo
El pasado 26 de junio se realizó una “mesa técnica” en la que participaron las bancadas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, para analizar distintas alternativas.
Posterior a la reunión, la diputada del FA, Sigrid Segura, dijo que se logró avanzar “en el acuerdo de mejorar el proyecto de ley del Gobierno” y “en definir algunas propuestas que podríamos presentar para mejorar la seguridad y sanidad de la zona”. Sin embargo, el FA aún no ha aclarado si efectivamente está dispuesto a retirar las mociones presentadas al expediente. La oposición tampoco ha anunciado si apoyará la explotación minera a cielo abierto, a cambio de modificaciones sustantivas al proyecto de ley del Ejecutivo.
Por su parte, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, señaló que las bancadas valoran retirar algunas mociones. “La idea es que el bloque opositor retire mociones y nosotros trabajar aquellas que son relevantes para ellos, pero también discutir el tema de ‘tokenización’ como un proyecto aparte, discutir el cómo sancionar la minería ilegal y sobre todo ver cómo podemos mejorar la condición de vida de la gente de Crucitas”.
Mientras toda la atención se centra en la discusión legislativa, el Ejecutivo no ha aclarado cómo está controlando el embarque y desembarque de coligalleros en la margen costarricense del río San Juan, en la zona cercana al cerro Conchudita, ubicado a escasos 50 metros del río San Juan y donde se concentra actualmente la minería ilegal.
La entrada Resolver el caos en Crucitas es “misión imposible” sin un plan real de seguridad aparece primero en Semanario Universidad.
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