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Javier Córdoba
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¿Y ahora resulta que quienes por décadas se han beneficiado del secuestro sindical del Estado se presentan como defensores de la democracia? ¿Es en serio?
La pregunta no es retórica. En junio de este año, diversos sectores agrupados en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) formalizaron un “Pacto Patriótico Costarricense” con las jefaturas de fracción del PLN, el Frente Amplio y el PAC. Sí, le digo PAC, porque cambiar de nombre no cambia su esencia.
RENASES es una red que aglutina organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles y académicas, entre otras. Su “Equipo Timón” quedó legitimado como interlocutor oficial ante las jefaturas de fracción, con capacidad para coordinar acciones de control político y proyectos de ley.
Es decir, se trata de una coalición muy amplia, con vocería técnica y política propia, que se posiciona como garante de la institucionalidad democrática en momentos de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Además, cuenta con el apoyo de tres partidos con poder en la Asamblea Legislativa y de muchas organizaciones que financiamos con nuestros impuestos como los sindicatos o las universidades.
Lo que significa, y lo que no significa, democracia
Antes de seguir, hay que ser claros con los conceptos, porque de nada sirve hablar de “defender la democracia” si vaciamos la palabra de contenido.
La democracia no se define en las calles, mediante plantones y consignas. Tampoco se trata de mantener el poder, década tras década, en manos de los mismos grupos organizados, aunque estos cambien de bandera según les convenga. Si un pacto entre partidos y sectores termina blindando privilegios que nadie más disfruta, eso no es defender la institucionalidad: es capturarla con otro nombre.
Y aquí conviene decirlo sin rodeos: el secuestro de las instituciones no puede considerarse parte de la democracia.
Cuando un grupo captura una institución pública y la pone al servicio de sus propios intereses, no ejerce un derecho democrático; está obligando a todos los contribuyentes y usuarios a sostener los privilegios de unos cuantos, sin haber tenido voz ni voto en esa decisión. Eso es abuso, se mire por donde se mire y por eso no debe permitirse, aunque aquí nos hayan acostumbrado a lo contrario.
Cómo llegamos hasta aquí
Durante décadas, muchos gremios acumularon privilegios desconectados de la productividad y de la realidad del país. El Estado, en lugar de acompañar al sector productivo y servir al ciudadano, terminó convertido en una enorme agencia de empleo al servicio de grupos organizados.
Ese modelo se agotó hace décadas, aunque cada intento de reformarlo encontró una fuerte resistencia. Aun así, algunas transformaciones lograron limitar ese poder: la Ley de Huelgas, la apertura de los mercados de seguros y telefonía y la eliminación del monopolio portuario de JAPDEVA. En esos tres sectores quedó demostrado que cuando se limita la capacidad de los gremios para capturar instituciones y se introduce competencia, los servicios comienzan a responder mejor a las necesidades de la mayoría.
En cambio, el contraste es evidente en los sectores donde ese poder gremial todavía conserva su capacidad de impedir cambios: la educación y la salud, dos servicios esenciales en los que los intereses de los usuarios han quedado relegados frente a la defensa de privilegios laborales.
El sindicalismo del sector público tiene responsabilidad directa en el apagón educativo, que hoy nos enfrenta a generaciones enteras sin las competencias básicas que necesitan. También en la crisis de especialistas de la CCSS, que mantiene a miles de personas esperando años por una cita médica.
No son problemas aislados. Son consecuencias de un mismo modelo: gremios que se resisten a la evaluación del desempeño y a cualquier reforma que amenace sus beneficios, mientras los usuarios son obligados a financiar un sistema carísimo que no responde a sus necesidades.
La factura la pagamos todos
Ese desorden no se queda en el discurso: tiene números. Es una de las causas de que hoy tengamos una deuda pública superior al sesenta por ciento del PIB, porque gastamos mucho y gastamos mal.
Buena parte de ese gasto no genera bienestar, sino que mantiene una burocracia inflada, con salarios y pluses desconectados de las labores que realizan. Se paga por antigüedad, por puesto y por convención delictiva, pero nunca por resultados. A ese gasto mal hecho se suma la recaudación que se deja de percibir porque algunos de estos grupos de presión han conseguido exoneraciones que el resto de los contribuyentes no disfruta, como la del salario escolar o las que reciben las cooperativas.
El problema, entonces, es doble: gasto de mala calidad y privilegiados exonerados. Además, tiene un costo de oportunidad clarísimo: cada colón que se destina a pagar deuda o a sostener planillas improductivas es un colón que no se invierte en infraestructura, becas o pensiones del régimen no contributivo.
El hartazgo ciudadano es real y tiene mucho que ver con un Estado que no se actualizó porque demasiados intereses se beneficiam de que nada cambie.
Defender la democracia no es solo salir a la calle
Por eso, no basta con proclamar que se defiende la democracia: es difícil encontrar a alguien que se declare en contra de esa afirmación. El verdadero debate está en cómo se pretende llevar esas proclamas a la práctica y en cómo los intereses particulares de sus promotores pueden terminar chocando con los objetivos que dicen defender.
Ya tuvimos una experiencia semejante. El PAC reunió a distintos sectores alrededor de una causa tan amplia e incuestionable como la lucha contra la corrupción. Sus dirigentes se presentaron como una alternativa ética frente a los partidos tradicionales y terminaron protagonizando prácticas iguales o peores que las que prometieron erradicar.
Ahora, “defender la democracia” corre el riesgo de convertirse en una fórmula igualmente ambigua: una consigna con la que todos pueden identificarse, pero que no dice qué se hará para resolver los problemas estructurales del país, quién asumirá los costos ni cuáles intereses deberán ceder.
Costa Rica necesita un verdadero plan de desarrollo nacional, y cualquier plan serio tocará, inevitablemente, los privilegios, las instituciones y los recursos públicos de estos mismos actores que hoy se presentan como defensores de la democracia. ¿Estará alguno de ellos dispuesto a renunciar a sus privilegios por el bien de la mayoría?
Por ahora, el pacto más parece una defensa del metro cuadrado de cada organización que una propuesta para transformar el país. No plantea las reformas que los diagnósticos técnicos llevan años señalando: más libertad económica, eliminación de monopolios, menos instituciones —pero más efectivas—, impuestos y cargas sociales bajos, digitalización del Estado y un régimen de empleo público en el que se pague a cada persona por el trabajo que realiza y se le haga responsable de sus resultados.
Lo que sí contiene es una lista de peticiones tan larga y diversa como la cantidad de organizaciones que integran RENASES: fortalecer la CCSS, repartir el ROP, destinar más dinero a las universidades y al Poder Judicial, nuevos subsidios, etc. Detrás de esa diversidad de reclamos aparece un denominador común: todos quieren recibir más recursos públicos, pero ninguno explica de dónde saldrán ni a qué está dispuesto a renunciar para obtenerlos.
Pero esta historia no tiene que terminar como la del PAC, pero para evitarlo debemos aprender de aquella experiencia y no dejarnos llevar otra vez por los cantos de sirena de consignas tan amplias como “luchar contra la corrupción” o “defender la democracia”. Antes de respaldar a esos líderes, debemos exigirles soluciones concretas y, sobre todo, la disposición de anteponer el interés general sobre el personal o el de los grupos a los cuales pertenecen.
La lección del PAC debería bastarnos: las buenas intenciones proclamadas no garantizan buenos resultados.
La entrada RENASES ¿Defensores de qué? aparece primero en Semanario Universidad.
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