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Ashley Quesada
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La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este martes su preocupación por el presunto ataque contra la jueza costarricense Kattia Carballo y advirtió que hechos de este tipo no solo vulneran la integridad personal de quienes administran justicia, sino que además pueden afectar la independencia judicial en Costa Rica.
En una publicación en X, la relatora especial señaló que le inquieta que la agresión habría ocurrido tras declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo y sostuvo que el caso podría formar parte de un patrón más amplio de agresiones contra el Poder Judicial. Además, recordó que su mandato ya había trasladado sus preocupaciones al Gobierno costarricense sobre este tema.
Satterthwaite es académica y especialista en derechos humanos. Fue nombrada relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en octubre de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el encargo de monitorear y alertar sobre riesgos a la autonomía judicial y sobre posibles actos de intimidación, presión o represalia contra operadores de justicia y personas que colaboran con mecanismos internacionales de derechos humanos.
Su pronunciamiento de este martes se produce en medio de una serie de señalamientos que han escalado en las últimas semanas en torno al trato hacia el Poder Judicial costarricense. La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunció que la jueza de ejecución de la pena fue agredida físicamente cerca de su vivienda por un vecino de Heredia, luego de un proceso de exposición pública que, según la organización, habría sido alimentado desde Casa Presidencial con burlas, señalamientos y la difusión de su identidad.
Acojud sostuvo que, tras esa exposición, comenzaron a circular amenazas en redes sociales y llamadas dirigidas tanto a la jueza como a familiares suyos. La asociación también advirtió que la singularización pública de personas juzgadoras en contextos de alta tensión social puede derivar en hostigamiento, estigmatización y afectaciones directas a la independencia judicial.
El pronunciamiento no apareció aislado. El pasado 12 de mayo de 2025, la relatora envió una comunicación formal al Gobierno de Costa Rica en la que expresó preocupación por mensajes de desprestigio contra Acojud y su presidenta, Adriana Orocú Chavarría, así como por alegadas injerencias indebidas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. En ese documento también advirtió que las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre la asociación de jueces podrían haber sido percibidas como represalias por haber acudido a los Procedimientos Especiales de la ONU.
En esa misma carta, Satterthwaite amplió el foco de alarma y mencionó denuncias sobre vallas publicitarias con mensajes dirigidos contra autoridades del Estado, declaraciones públicas del presidente y actos oficiales en los que, según la información recibida por su mandato, se habrían emitido críticas e insinuaciones contra jueces, fiscales y otros jerarcas. También recordó que ya en diciembre de 2024 había comunicado su inquietud por reformas legislativas y por presuntas presiones contra funcionarios judiciales.
La relatora, además, vinculó su preocupación con otros episodios recientes. El 8 de abril de este año, la relatora especial sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, ya había alertado sobre la situación de la comunicadora y activista Stella Chinchilla, en un caso que organizaciones como Cejil interpretaron como un posible intento de criminalización. UNIVERSIDAD reportó que el nombre e imagen de la jueza agredida habían sido divulgados en una conferencia de Casa Presidencial el 3 de setiembre anterior, en una exposición que terminó siendo señalada como parte del clima de hostigamiento.
En su nueva publicación, la académica insistió en que los ataques contra personas funcionarias judiciales constituyen una amenaza directa al Estado de derecho. También recordó que, conforme a los estándares internacionales, las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de cualquier conducta que pueda interpretarse como presión o interferencia sobre la labor jurisdiccional.
Lo que viene ahora es la respuesta oficial del Gobierno a la comunicación remitida por la relatora. Según el propio texto de Naciones Unidas, esa respuesta y la carta original serán publicadas en un plazo de 60 días y luego incorporadas al informe correspondiente ante el Consejo de Derechos Humanos. En otras palabras, el caso no solo sigue abierto, sino que ya quedó inscrito en el radar internacional como una nueva alerta sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y la judicatura costarricense.
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