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Daniela Muñoz Solano
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La relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Lawliet, mostró preocupación por el intento de criminalizar a la comunicadora y activista costarricense Stella Chinchilla.
En una publicación en sus redes sociales, Lawlor afirmó que se había enterado del caso y que consideraba la noticia “muy preocupante”.
“He recibido noticias muy preocupantes sobre una investigación penal, amenazas, vigilancia y hostigamiento contra la defensora de derechos humanos y comunicadora social Stella Chinchilla Mora en #CostaRica”, escribió la relatora.
De seguido consideró que la investigación aparenta ser “un abuso del derecho penal nacional para criminalizar la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente”.
Es pertinente recordar que la Dirección de Inteligencia y Seguridad acusó ante el Ministerio Público que Chinchilla estaba presuntamente planificando un atentado contra la vida del presidente Rodrigo Chaves, presentando como evidencia supuestos pantallazos de conversaciones en WhatsApp (que a todas luces parecen editados).
La comunicadora por su parte se ha sacudido las acusaciones y ha afirmado que se trata de un montaje en retribución por su trabajo crítico al gobierno.
Además de ser comunicadora independiente y activista en la defensa de derechos humanos, Chinchilla es la vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz, una organización pacifista.
Según informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la relatora recibió información sobre la situación de Chinchilla, “que en su calidad de comunicadora social está siendo criminalizada y está en situación de riesgo, ella y su familia”.
“Cejil está acompañando a doña Stella porque hemos identificado en Centroamérica patrones de criminalización de periodistas y comunicadores y nos inquieta que Costa Rica siga está tendencia”, explicó el Centro.
Para los especialistas, el pronunciamiento de la relatora visibiliza que la comunicadora podría estar siendo sujeta de un abuso del derecho penal nacional y por eso, consideran que da pie para que “la Fiscalía lleve a cabo la investigación en este caso de forma autónoma, libre de presiones y considerando que doña Stella es una persona defensora de derechos humanos”.
“Los estándares internacionales obligan a los Estados a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a garantizar las condiciones para que ejerza su trabajo”, concluyeron.
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