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Aleida Samaniego
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley No. 227 el pasado 27 de octubre. La propuesta busca crear un marco regulatorio integral para los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas de administración de nicotina, con énfasis en la protección de los menores de edad.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el crecimiento del mercado informal y el aumento del consumo juvenil. Actualmente, Panamá no cuenta con una regulación específica para estos productos, lo que ha permitido su circulación sin controles sanitarios ni fiscales.
El anteproyecto establece multas de hasta $100,000 para quienes vendan o distribuyan estos productos a menores. Esta medida responde al incremento sostenido del uso de vapeadores entre adolescentes y a la necesidad de políticas de prevención más efectivas.
La propuesta fue presentada por el diputado panameñista Medin Jiménez Pittí. El texto clasifica como infracciones graves la venta a menores, la falta de verificación de edad al momento de la compra y la participación de adolescentes en actividades de comercialización o distribución.
Estas infracciones podrán ser sancionadas con multas de entre $5,000 y $100,000. En paralelo, los padres o tutores de menores sorprendidos consumiendo estos dispositivos enfrentarán sanciones económicas de $500 a $5,000. También deberán asistir a talleres de educación parental sobre adicciones y riesgos para la salud.
El anteproyecto incorpora además medidas para fortalecer la fiscalización sanitaria y aduanera. La intención es frenar el ingreso y la venta de productos sin certificación, especialmente líquidos de nicotina de origen desconocido que circulan en el mercado informal.
Autoridades de salud y representantes del sector privado han advertido que este mercado paralelo se ha expandido debido a la ausencia de una regulación clara. Esto ha permitido que dispositivos y sustancias sin estándares de calidad lleguen con facilidad a los jóvenes.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) respaldó el anteproyecto 227. En una carta enviada a Edwin Vergara, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el gremio indicó que la propuesta representa “un avance necesario” para ordenar un mercado actualmente desregulado.
El gremio destacó que el proyecto protege a los menores mediante la prohibición estricta de venta y comercialización dirigida a este grupo poblacional. También valoró la inclusión de sanciones severas para quienes incumplan.
La Cámara subrayó que el anteproyecto crea un marco fiscal ordenado. Esto permitiría al Estado recaudar impuestos sobre productos que hoy se comercializan sin tributar, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.
El gremio indicó, además, que la iniciativa mantiene coherencia con la postura técnica del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente tras la publicación de la Resolución No. 146 de 2025. Esta norma dejó atrás el enfoque prohibicionista y adoptó una visión de regulación y control sanitario del mercado.
Para la Cciap, regular es más efectivo que prohibir. Señaló que un marco moderno disminuye el acceso de menores y fortalece la vigilancia institucional.
En contraste, el gremio rechazó el proyecto de Ley 263, actualmente en primer debate. Este plantea restablecer un esquema de prohibición absoluta sobre los cigarrillos electrónicos.
La Cámara recordó que un modelo similar fue parte de la Ley 315 del 30 de junio de 2022. Esta norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2024 por violar principios de igualdad ante la ley, libre competencia y trato equitativo.
Según el gremio, prohibir un producto que es funcionalmente similar al cigarrillo tradicional —cuyo uso sigue permitido— crea distorsiones de mercado y abre espacios al contrabando.
Durante la vigencia de la Ley 315, el consumo juvenil no disminuyó. Por el contrario, aumentó. Datos del Minsa indican que el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes pasó de 6.4% en 2017 al 8.5% en 2023.
La Cciap sostiene que estos datos confirman que la prohibición absoluta no funciona. También advierten que este tipo de políticas debilita el control del Estado y expone a los jóvenes a productos sin regulación.
El anteproyecto 227 también recibió respaldo de la Fundación Libertad. La organización señaló que la propuesta es coherente con los principios de regulación racional y fiscalización efectiva, además de respetar la libertad económica.
Según la fundación, el texto combate el comercio ilícito, protege a los menores y crea una estructura tributaria progresiva sin recurrir a medidas arbitrarias.
La Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá también apoya la iniciativa desde una perspectiva científica. La organización recordó que los productos sin combustión reducen significativamente la exposición a sustancias tóxicas frente al cigarrillo convencional.
Además, planteó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoce estos dispositivos como alternativas menos nocivas para fumadores adultos que no logran abandonar el hábito.
Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 315, Panamá quedó sin una normativa que regule la importación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos. Este vacío favoreció la expansión del mercado informal y la venta sin control de líquidos de nicotina sin certificación, especialmente entre jóvenes.
[Lea también: Corte Suprema declara inconstitucional la ley que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vaporizadores de tabaco]
El anteproyecto 227 surge como respuesta a este vacío normativo. Propone un marco regulatorio equilibrado que combina control institucional, protección de menores, reducción de riesgos sanitarios y normas fiscales claras.
El debate en torno a los cigarrillos electrónicos vuelve a colocar en la mesa la necesidad de políticas públicas modernas, basadas en evidencia y capaces de equilibrar salud, regulación y libertad económica.
Mientras la Asamblea retoma el análisis de ambas propuestas —la restrictiva y la regulatoria—, el país enfrenta el reto de definir un modelo que reduzca el acceso de menores, combata el comercio ilícito y garantice un mercado bajo control estatal.
El futuro del tema quedará en manos del pleno legislativo, que deberá decidir si Panamá vuelve a un esquema prohibicionista o si avanza hacia una regulación más técnica, sostenible y acorde con la realidad actual.
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La iniciativa surge en un contexto marcado por el crecimiento del mercado informal y el aumento del consumo juvenil. Actualmente, Panamá no cuenta con una regulación específica para estos productos, lo que ha permitido su circulación sin controles sanitarios ni fiscales.
El anteproyecto establece multas de hasta $100,000 para quienes vendan o distribuyan estos productos a menores. Esta medida responde al incremento sostenido del uso de vapeadores entre adolescentes y a la necesidad de políticas de prevención más efectivas.
La propuesta fue presentada por el diputado panameñista Medin Jiménez Pittí. El texto clasifica como infracciones graves la venta a menores, la falta de verificación de edad al momento de la compra y la participación de adolescentes en actividades de comercialización o distribución.
Estas infracciones podrán ser sancionadas con multas de entre $5,000 y $100,000. En paralelo, los padres o tutores de menores sorprendidos consumiendo estos dispositivos enfrentarán sanciones económicas de $500 a $5,000. También deberán asistir a talleres de educación parental sobre adicciones y riesgos para la salud.
El anteproyecto incorpora además medidas para fortalecer la fiscalización sanitaria y aduanera. La intención es frenar el ingreso y la venta de productos sin certificación, especialmente líquidos de nicotina de origen desconocido que circulan en el mercado informal.
Autoridades de salud y representantes del sector privado han advertido que este mercado paralelo se ha expandido debido a la ausencia de una regulación clara. Esto ha permitido que dispositivos y sustancias sin estándares de calidad lleguen con facilidad a los jóvenes.
Gremios respaldan el proyecto
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) respaldó el anteproyecto 227. En una carta enviada a Edwin Vergara, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el gremio indicó que la propuesta representa “un avance necesario” para ordenar un mercado actualmente desregulado.
El gremio destacó que el proyecto protege a los menores mediante la prohibición estricta de venta y comercialización dirigida a este grupo poblacional. También valoró la inclusión de sanciones severas para quienes incumplan.
La Cámara subrayó que el anteproyecto crea un marco fiscal ordenado. Esto permitiría al Estado recaudar impuestos sobre productos que hoy se comercializan sin tributar, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.
El gremio indicó, además, que la iniciativa mantiene coherencia con la postura técnica del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente tras la publicación de la Resolución No. 146 de 2025. Esta norma dejó atrás el enfoque prohibicionista y adoptó una visión de regulación y control sanitario del mercado.
Para la Cciap, regular es más efectivo que prohibir. Señaló que un marco moderno disminuye el acceso de menores y fortalece la vigilancia institucional.
En contraste, el gremio rechazó el proyecto de Ley 263, actualmente en primer debate. Este plantea restablecer un esquema de prohibición absoluta sobre los cigarrillos electrónicos.
Adjuntos
Acuse nota CCIAP a HD Edwuin Vergara Comision TSDSAS 10152025.pdfLa Cámara recordó que un modelo similar fue parte de la Ley 315 del 30 de junio de 2022. Esta norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2024 por violar principios de igualdad ante la ley, libre competencia y trato equitativo.
Según el gremio, prohibir un producto que es funcionalmente similar al cigarrillo tradicional —cuyo uso sigue permitido— crea distorsiones de mercado y abre espacios al contrabando.
Durante la vigencia de la Ley 315, el consumo juvenil no disminuyó. Por el contrario, aumentó. Datos del Minsa indican que el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes pasó de 6.4% en 2017 al 8.5% en 2023.
La Cciap sostiene que estos datos confirman que la prohibición absoluta no funciona. También advierten que este tipo de políticas debilita el control del Estado y expone a los jóvenes a productos sin regulación.
El anteproyecto 227 también recibió respaldo de la Fundación Libertad. La organización señaló que la propuesta es coherente con los principios de regulación racional y fiscalización efectiva, además de respetar la libertad económica.
Según la fundación, el texto combate el comercio ilícito, protege a los menores y crea una estructura tributaria progresiva sin recurrir a medidas arbitrarias.
Adjuntos
nota Fundacion Libertad-proy263 (1).pdfLa Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá también apoya la iniciativa desde una perspectiva científica. La organización recordó que los productos sin combustión reducen significativamente la exposición a sustancias tóxicas frente al cigarrillo convencional.
Además, planteó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoce estos dispositivos como alternativas menos nocivas para fumadores adultos que no logran abandonar el hábito.
Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 315, Panamá quedó sin una normativa que regule la importación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos. Este vacío favoreció la expansión del mercado informal y la venta sin control de líquidos de nicotina sin certificación, especialmente entre jóvenes.
[Lea también: Corte Suprema declara inconstitucional la ley que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vaporizadores de tabaco]
El anteproyecto 227 surge como respuesta a este vacío normativo. Propone un marco regulatorio equilibrado que combina control institucional, protección de menores, reducción de riesgos sanitarios y normas fiscales claras.
El debate en torno a los cigarrillos electrónicos vuelve a colocar en la mesa la necesidad de políticas públicas modernas, basadas en evidencia y capaces de equilibrar salud, regulación y libertad económica.
Mientras la Asamblea retoma el análisis de ambas propuestas —la restrictiva y la regulatoria—, el país enfrenta el reto de definir un modelo que reduzca el acceso de menores, combata el comercio ilícito y garantice un mercado bajo control estatal.
El futuro del tema quedará en manos del pleno legislativo, que deberá decidir si Panamá vuelve a un esquema prohibicionista o si avanza hacia una regulación más técnica, sostenible y acorde con la realidad actual.
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