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El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra el regidor Walky Cuevas Charles y la empresa W. Cuevas Autoimport, al concluir que la acusación presentada por el Ministerio Público contiene pruebas suficientes para ser conocidas en un juicio de fondo, informó este jueves la procuraduría General de la República.
La decisión acoge la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y mantiene las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de los imputados.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público sostuvo que reunió pruebas testimoniales, documentales, periciales, financieras, materiales y digitales que respaldan la acusación. La jueza Andrea E. Corcino Cueto consideró que esos elementos fueron obtenidos conforme a la ley y resultan pertinentes para ser debatidos en la etapa de juicio.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, afirmó que la resolución valida el trabajo realizado por el equipo investigador y permitirá que las pruebas sean examinadas durante el proceso judicial.
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La acusación fue presentada el pasado año contra Cuevas Charles y otros presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que, según el Ministerio Público, era encabezada por Yunior Santos Restrepo, condenado previamente a 12 años de prisión.
Junto al regidor también fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Autoimport.
De acuerdo con la investigación, el principal acusado habría movilizado a través del sistema financiero 264,876,599.60 de pesos y 1,063,632.59 de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para ocultar fondos provenientes del narcotráfico. El Ministerio Público sostiene que los demás implicados participaron en la adquisición de bienes, el lavado de dinero y otras actividades vinculadas a la organización.
La investigación se originó tras los allanamientos realizados el 21 de septiembre de 2023, durante los cuales las autoridades ocuparon 93 paquetes de cocaína, con un peso de 96.72 kilogramos, además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, relojes, documentos y equipos electrónicos.
Cargos y medidas
Cuevas Charles enfrentará juicio por presuntas violaciones a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y 72-02 sobre Lavado de Activos.
En tanto, la empresa W. Cuevas Autoimport fue enviada a juicio por presuntas infracciones a la Ley 155-17.
La jueza también rechazó los incidentes planteados por las defensas, al considerar que los medios de prueba cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad exigidos por la legislación procesal.
Asimismo, el tribunal mantuvo las medidas de coerción impuestas al regidor, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, así como las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, entre ellas la inmovilización de fondos, el secuestro e incautación de activos y la oposición a su traspaso o entrega.
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La decisión acoge la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y mantiene las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de los imputados.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público sostuvo que reunió pruebas testimoniales, documentales, periciales, financieras, materiales y digitales que respaldan la acusación. La jueza Andrea E. Corcino Cueto consideró que esos elementos fueron obtenidos conforme a la ley y resultan pertinentes para ser debatidos en la etapa de juicio.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, afirmó que la resolución valida el trabajo realizado por el equipo investigador y permitirá que las pruebas sean examinadas durante el proceso judicial.
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El caso
La acusación fue presentada el pasado año contra Cuevas Charles y otros presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que, según el Ministerio Público, era encabezada por Yunior Santos Restrepo, condenado previamente a 12 años de prisión.
Junto al regidor también fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Autoimport.
De acuerdo con la investigación, el principal acusado habría movilizado a través del sistema financiero 264,876,599.60 de pesos y 1,063,632.59 de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para ocultar fondos provenientes del narcotráfico. El Ministerio Público sostiene que los demás implicados participaron en la adquisición de bienes, el lavado de dinero y otras actividades vinculadas a la organización.
La investigación se originó tras los allanamientos realizados el 21 de septiembre de 2023, durante los cuales las autoridades ocuparon 93 paquetes de cocaína, con un peso de 96.72 kilogramos, además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, relojes, documentos y equipos electrónicos.
Cargos y medidas
Cuevas Charles enfrentará juicio por presuntas violaciones a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y 72-02 sobre Lavado de Activos.
En tanto, la empresa W. Cuevas Autoimport fue enviada a juicio por presuntas infracciones a la Ley 155-17.
La jueza también rechazó los incidentes planteados por las defensas, al considerar que los medios de prueba cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad exigidos por la legislación procesal.
Asimismo, el tribunal mantuvo las medidas de coerción impuestas al regidor, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, así como las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, entre ellas la inmovilización de fondos, el secuestro e incautación de activos y la oposición a su traspaso o entrega.
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