Regidor denuncia que convenio para desarrollar “Biocantón” arriesgaría fondos públicos

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Daniela Muñoz Solano

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El convenio de cooperación suscrito entre la Municipalidad de Montes de Oca, el grupo Amigos del Río Torres y la empresa panameña Movilisa Holding para el “desarrollo del Biocantón de Montes de Oca como espacio planetario seguro para la vida” pone en peligro los fondos públicos que administra el municipio y estaría lleno de irregularidades, asegura el regidor suplente del partido En Común, Mario Ruiz.

En una conversación con UNIVERSIDAD, Ruiz detalló las presuntas anomalías que se han presentado en el proceso de aprobación del convenio y en el texto del mismo, que la agrupación política de la que forma parte había mencionado en una publicación en su sitio web.

Según consta, en el mismo sitio de la mencionada municipalidad, a mediados de octubre del año pasado, el gobierno local suscribió con la Organización No Gubernamental (ONG) y la sociedad panameña un convenio para “crear una relación de cooperación de largo plazo entre las partes en tomo a la formulación y ejecución del proyecto que hemos denominado ‘Desarrollo del Biocantón de Montes de Oca como espacio planetario seguro para la vida, incluyendo la rehabilitación de la microcuenca del río Torres y otras’”.

En el documento se detalla que el proyecto pretende resolver “todos los problemas de infraestructura que generan inundaciones” y otras emergencias ambientales, mejorar la gestión del agua, de desechos sólidos, hacer compras de tierra para proteger ecosistemas, reparar infraestructura existente en materia de salud y educación, crear sistemas de transporte colectivo sostenible, construir viviendas, disminuir la pobreza y mejorar los espacios públicos.

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El “Informe de avance y priorización de proyectos del Biocantón de Montes de Oca” se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra.

En el documento la municipalidad se compromete a “ejecutar un presupuesto verde como herramienta de gobernanza” y a realizar una propuesta de modificaciones al plan regulador para que se alinee con la visión del proyecto.

Además se destaca que las tres organizaciones firmantes se comprometen a colaborar para formular y diseñar el proyecto, “llevarlo a nivel de un presupuesto detallado, conseguir los permisos requeridos, y en el caso de Movilisa Holding, gestionar y proveer con la debida trazabilidad de origen y transparencia los fondos no reembolsables que se requieren, ejecutarlo y entregarlo bajo la modalidad llave en mano”, utilizando para ese fin un fideicomiso.

El regidor comentó que este primer convenio marco fue aprobado por todas las agrupaciones políticas que integran el concejo municipal (incluyendo la que él representa) pues se trataba de un convenio que “no implicaba nada”, sino que sentaba las reglas de una posible cooperación posterior. Eso sí, dijo, desde el primer momento en que se involucró a Movilisa Holding, él advirtió que la inclusión de una empresa que tiene fines de lucro cambiaba la lógica del convenio.

Recientemente, en una sesión extraordinaria el 14 de julio, el alcalde presentó un “Informe de avance y priorización de proyectos del Bíocantón de Montes de Oca”, que da banderazo de salida al proyecto.

Desde resolver inundaciones hasta poner un tren aéreo

El nuevo documento incluye una cartera de proyectos por un monto total de más de ₡540.000 millones ($1.200 millones) que incluye acciones relacionadas con el manejo del recurso hídrico por casi ₡31.500 millones (unos $70 millones), un nuevo edificio municipal valorado en más de ₡84.000 millones o $187 millones (que el regidor asegura se trata de la compra del edificio conocido como outlet mall), un proyecto de “Ciudad Digital” de ₡13.500 millones ($30 millones), una torre de medicina nuclear valorada en casi ₡18.000 millones en una primera etapa y una segunda de más de ₡112.000 millones.

Además incluyen otras propuestas millonarias para conservación de bosque, un laboratorio de plasma y un sistema aéreo de tren elevado semejante al que la empresa panameña tiene planificado desarrollar en Alajuela.

Como si todo esto fuera poco, Ruiz asegura que no se presentó ningún estudio técnico para darle sustento al proyecto y que el alcalde proveyó la información por medio de la carpeta virtual que usa el concejo apenas una hora antes de la sesión donde se trató el asunto. Tanto la fracción de En Común como la del Frente Amplio se opusieron pero el texto igual se aprobó.

Entre las múltiples objeciones está principalmente la preocupación de que este convenio implique el uso de un mecanismo de cooperación o alianza público privada para enmascarar una contratación administrativa sin que medie un proceso de licitación como manda la ley.

“Del mismo texto del convenio se puede desprender que el verdadero objeto y la finalidad material de ese instrumento es establecer un marco técnico, jurídico, administrativo, financiero y operativo para preparar, activar la financiación privada, el desarrollo, ejecución y las demás etapas (…). Y además la ejecución y la entrega de llave en mano de las obras públicas y de infraestructura municipal de todos esos proyectos”, dijo Ruiz y agregó que esos dos elementos hacen que esta sea “una operación sustancialmente idéntica a lo que en este país se le conoce como concesión de obra pública o un esquema de alianza público-privada, que son dos figuras que nada tienen que ver con un convenio de cooperación”.

Además, según dijo Mario Ruiz, se trata de un proyecto en el que una empresa privada recaudaría y administraría un presupuesto mucho mayor al que maneja actualmente la municipalidad, mediante un mecanismo que él considera cuestionable y que pone en peligro el gobierno local.

“Ellos alegan que todo esto es como una donación, de una empresa muy, muy, muy buena gente que se le ocurre donar $1.200 millones”, dijo Ruiz, pero agregó que el mecanismo que se usaría para financiar estas obras serían fideicomisos privados que probablemente dependerían de la colocación de instrumentos de deuda internacional como bonos verdes, usando el cantón como referente para la deuda y por ende arriesgando su patrimonio.

“Puede pasar que nunca se haga ninguna obra, pero se hizo un negocio de administración del fideicomiso y Montes de Oca que queda mal parado frente a la deuda internacional”, dijo el regidor.

Además detalló que este mecanismo permitiría que el holding contrate a quienes ejecuten las obras sin que haya supervisión por parte de la Contraloría o que se apliquen las reglas de la contratación pública.

El proyecto, agregó, pretende establecer “una estructura fiduciaria privada sobre infraestructura pública” para evadir el control del que el ordenamiento jurídico dispone para la administración de bienes públicos.

Más gravemente, aseguró el regidor, en el convenio la municipalidad se compromete a asumir como patrimonio propio las obras que se desarrollen en el marco del convenio y a darles luego de su entrega el mantenimiento correspondiente.

“Son como cuatro años que se plantea que va a ser los fideicomisos quienes van a hacerse cargo del mantenimiento y ya después lo asume totalmente la municipalidad”, detalló el regidor y agregó que desde entonces será el gobierno local el responsable de mantener y operar “toda esa infraestructura de altísima complejidad y costo que además está fuera de las competencias municipales, ¡es absurdo!”.

Ruiz adelantó que esta misma semana presentará ante la Contraloría General de la República una denuncia sobre el convenio.

UNIVERSIDAD remitió un listado de consultas a la alcaldía para conocer las motivaciones para suscribir el convenio, los alcances del proyecto, las previsiones que se están tomando en materia presupuestaria y de legalidad, y otros detalles. La oficina de comunicación de la municipalidad acusó recibido de la solicitud de información, pero al cierre de este reportaje la misma aún se encuentra en trámite.

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