J
José Jauregui
Guest
Actualmente existe una propuesta para reformar la ley orgánica de educación y parece que también viene en camino otra iniciativa impulsada por la ministra de Educación. Es cierto que Panamá necesita una reforma educativa profunda, pues la legislación vigente ha quedado obsoleta frente a los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, cada vez que se plantea una reforma surge una pregunta fundamental: ¿para quién se está reformando el sistema educativo?
En la actualidad, Panamá opera bajo un modelo de subsidio a la oferta educativa. Es decir, el Estado asigna un presupuesto al Ministerio de Educación (Meduca), que luego distribuye esos recursos entre los diferentes centros educativos del país, donde alrededor del 70% de ese gasto se va en gastos de funcionamiento y solo el 30% va para inversión (infraestructura, tecnología, etc.).
En este esquema, las decisiones sobre el uso del dinero quedan concentradas principalmente en el Meduca, solo una parte queda para la descentralización mediante el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), donde los directores pueden ejecutar parte del presupuesto para mejorar las condiciones de sus escuelas. Aunque este modelo es utilizado en muchos países, su éxito depende de la calidad de las instituciones que administran los recursos.
En Panamá, los resultados evidencian deficiencias persistentes en su asignación, lo que ha contribuido al deterioro de la calidad de la educación pública.
Cuando el financiamiento se dirige principalmente a la oferta, se crean incentivos que favorecen la aparición de grupos de presión interesados en preservar el control sobre los recursos públicos. Con frecuencia, parte del presupuesto termina respondiendo a intereses particulares en lugar de traducirse en mejores escuelas, docentes mejor preparados o mayores oportunidades para los estudiantes.
Las interrupciones del calendario escolar por conflictos gremiales y los recientes casos de docentes con títulos falsificados son ejemplos de un sistema cuyos incentivos no siempre están alineados con el derecho de los jóvenes a recibir una educación de calidad.
Es por esto que una verdadera reforma a la ley orgánica debería comenzar por modificar esos incentivos. Para lograrlo, es necesario reconocer quiénes son los verdaderos protagonistas del sistema educativo: los estudiantes y sus familias. Son ellos quienes buscan una educación que les permita acceder a mejores oportunidades y construir un futuro distinto.
Con esa visión, diversos países han impulsado reformas en las que el dinero sigue al estudiante y no a la institución. Este modelo, conocido como subsidio a la demanda, permite que sean las familias quienes elijan el centro educativo que consideran más conveniente.
Los cupones o vouchers escolares son uno de los mecanismos más conocidos para aplicar este principio. El Estado asigna a cada estudiante el monto correspondiente al costo de su educación y este puede utilizarlo para matricularse en una escuela pública, concertada o privada que cumpla con los requisitos establecidos.
Las escuelas concertadas de hecho son un buen ejemplo de cómo funciona un voucher. Esta modalidad no es más que un colegio gestionado de manera privada, ya sean fundaciones, cooperativas o instituciones religiosas.
En Panamá un modelo concertado podríamos parecerse a casos como el Colegio la Salle, Fe y Alegría, El Instituto Técnico Don Bosco; donde el Estado destina fondos para programas específicos o ayudar con sus programas para jóvenes vulnerables o prestar un servicio educativo para el interés público.
Cuando los recursos siguen al estudiante, las escuelas tienen mayores incentivos para ofrecer una educación de calidad, atraer familias y responder a sus necesidades. La competencia deja de basarse únicamente en el acceso al presupuesto público y comienza a depender de la capacidad de cada institución para brindar mejores resultados.
Experiencias como las de Suecia, Chile y algunos estados de Estados Unidos muestran que, cuando estos sistemas cuentan con reglas claras, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas, pueden mejorar la calidad educativa y ampliar las opciones disponibles para las familias.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
Sigue leyendo...
En la actualidad, Panamá opera bajo un modelo de subsidio a la oferta educativa. Es decir, el Estado asigna un presupuesto al Ministerio de Educación (Meduca), que luego distribuye esos recursos entre los diferentes centros educativos del país, donde alrededor del 70% de ese gasto se va en gastos de funcionamiento y solo el 30% va para inversión (infraestructura, tecnología, etc.).
En este esquema, las decisiones sobre el uso del dinero quedan concentradas principalmente en el Meduca, solo una parte queda para la descentralización mediante el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), donde los directores pueden ejecutar parte del presupuesto para mejorar las condiciones de sus escuelas. Aunque este modelo es utilizado en muchos países, su éxito depende de la calidad de las instituciones que administran los recursos.
En Panamá, los resultados evidencian deficiencias persistentes en su asignación, lo que ha contribuido al deterioro de la calidad de la educación pública.
Cuando el financiamiento se dirige principalmente a la oferta, se crean incentivos que favorecen la aparición de grupos de presión interesados en preservar el control sobre los recursos públicos. Con frecuencia, parte del presupuesto termina respondiendo a intereses particulares en lugar de traducirse en mejores escuelas, docentes mejor preparados o mayores oportunidades para los estudiantes.
Las interrupciones del calendario escolar por conflictos gremiales y los recientes casos de docentes con títulos falsificados son ejemplos de un sistema cuyos incentivos no siempre están alineados con el derecho de los jóvenes a recibir una educación de calidad.
Es por esto que una verdadera reforma a la ley orgánica debería comenzar por modificar esos incentivos. Para lograrlo, es necesario reconocer quiénes son los verdaderos protagonistas del sistema educativo: los estudiantes y sus familias. Son ellos quienes buscan una educación que les permita acceder a mejores oportunidades y construir un futuro distinto.
Con esa visión, diversos países han impulsado reformas en las que el dinero sigue al estudiante y no a la institución. Este modelo, conocido como subsidio a la demanda, permite que sean las familias quienes elijan el centro educativo que consideran más conveniente.
Los cupones o vouchers escolares son uno de los mecanismos más conocidos para aplicar este principio. El Estado asigna a cada estudiante el monto correspondiente al costo de su educación y este puede utilizarlo para matricularse en una escuela pública, concertada o privada que cumpla con los requisitos establecidos.
Las escuelas concertadas de hecho son un buen ejemplo de cómo funciona un voucher. Esta modalidad no es más que un colegio gestionado de manera privada, ya sean fundaciones, cooperativas o instituciones religiosas.
En Panamá un modelo concertado podríamos parecerse a casos como el Colegio la Salle, Fe y Alegría, El Instituto Técnico Don Bosco; donde el Estado destina fondos para programas específicos o ayudar con sus programas para jóvenes vulnerables o prestar un servicio educativo para el interés público.
Cuando los recursos siguen al estudiante, las escuelas tienen mayores incentivos para ofrecer una educación de calidad, atraer familias y responder a sus necesidades. La competencia deja de basarse únicamente en el acceso al presupuesto público y comienza a depender de la capacidad de cada institución para brindar mejores resultados.
Experiencias como las de Suecia, Chile y algunos estados de Estados Unidos muestran que, cuando estos sistemas cuentan con reglas claras, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas, pueden mejorar la calidad educativa y ampliar las opciones disponibles para las familias.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
Sigue leyendo...