V
Vinicio Chacón Soto
Guest
Al 13 de abril el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó el registro de 206 homicidios, una muy significativa merma en comparación con los 266 a la misma fecha de 2025.
Recién a finales de marzo, el director interino del OIJ, Michael Soto, ofreció una conferencia de prensa para explicar en qué ha consistido el esfuerzo estratégico que a partir de la desarticulación de grupos criminales organizados ha dado el buen resultado.
En esa oportunidad, Soto aclaró que “esto no es una ciencia exacta” para ofrecer su proyección para este año. Según dijo, si se mantiene la tendencia “es muy probable que tengamos menos de 800 homicidios”, y especificó que sus proyecciones entonces varían entre 693 y 766, dependiendo de cómo se mantenga el promedio por día.
Aún la estimación más alta de Soto significaría un avance importante, luego de que la cifra se mantuviera estancada con 876 y 873 en 2024 y 2025, respectivamente; sin dejar de mencionar los 907 de 2023, cuando “se perdió el control”. Eso sí, en ese momento, se determinó que “casi el 80% de los homicidios tenía que ver con narcotráfico, el ajuste de cuentas”.
La respuesta del OIJ fue diseñar y poner en marcha el Plan Estratégico de Contención y Control de la violencia (Pecov), “muy sencillo pero realmente efectivo”, según Soto.
Esa estrategia consiste en cuatro puntos, el primero de los cuales es a su vez el llamado Plan Escudo, que consiste en instruir a todas las oficinas del OIJ “para que atiendan de forma prioritaria el fenómeno del narcomenudeo y la venta de drogas”. Más precisamente, “atacar ventas de narcomenudeo con operaciones el mismo día para tratar de generar algún tipo de impacto”.
El segundo punto ha sido establecer a nivel nacional como prioritarios los ejes de trabajo en narcotráfico y homicidios. Ello implicó “revisión caso por caso, identificando grupos, estableciendo prioridades, utilizando técnicas científicas. Aquí nos entró también el tema de la investigación utilizando el ADN de contacto. Todo esto nos ha ayudado bastante a contener homicidios”.
Por otra parte, destacó la importante inyección de recursos que significó la creación de plazas de investigación especializadas en crimen organizado, en febrero de 2024, de manera que al día de hoy “todas las oficinas de OIJ tienen unidades de crimen organizado”.
Finalmente, se fortaleció el trabajo de inteligencia en la investigación y el seguimiento de estructuras criminales a partir de la herramienta informática denominada Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre las Organizaciones Criminales y la Resiliencia (Decisor).
Ese recurso sistematiza información para “definir, identificar la estructura criminal con todos sus componentes, establecer cuáles son los objetivos en el tiempo; es decir, tenemos una estructura, quiénes la componen, cuáles son sus actividades, sus puntos de trabajo y empezar a accionar sobre ese grupo hasta desarticularlo”.
Mencionó que se pasó de 488 casos por venta de drogas presentados en 2023, a 912 en 2024 y 1.244 el año pasado. Entre sus ejemplos, mencionó el caso de Batán, distrito del cantón limonense de Matina. Desde el segundo semestre de 2023 a través del Pecov se determinó que estaba entre los tres de mayor incidencia de homicidios pues había registrado prácticamente uno por semana, “hoy tenemos dichosamente Batán controlado”.
También explicó cómo esas herramientas sirvieron para delimitar en mapas los espacios en Puntarenas y Limón controlados por las diferentes bandas.
Sin medidas autoritarias
Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en primera instancia destacó el trabajo de atacar a las estructuras criminales de alta peligrosidad y procesar a sus líderes, pero dijo asumir las cifras con “cautela”, pues consideró son muy recientes y se requiere ver si se mantienen en el tiempo.
Así, consideró que sería “muy precipitado” conceder desde ya como un logro que se haya mitigado el problema. Ello por cuanto “las condiciones socioeconómicas se mantienen, las comunidades siguen siendo un caldo de cultivo de criminalidad y la violencia, el tráfico de drogas se sigue dando en Costa Rica, lo observamos a través de la gran cantidad de decomisos de droga que se dan en distintas partes del país”.
Por todo ello, apuntó que el hecho de que haya una disminución de la violencia homicida “no significa que haya ausencia de delito”.
“Definitivamente, el tema de la seguridad tiene que verse de forma estratégica contemplando lo represivo con lo preventivo”, explicó, pues si bien centrarse en medidas de tipo represivo, como la persecución policial, “impacta en el tiempo inmediato, en el día a día en la contención de la criminalidad”, el problema es que “estas acciones prácticamente son de nunca acabar si no se trabaja de forma complementaria con la prevención” en aras de “mitigar este ciclo de violencia que tenemos en el país”.
“Mientras se mantengan las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que hay en las comunidades, mientras se siga dando el tráfico de droga a lo interno del país y se amplíen los mercados de consumo, la policía va a seguir en esta dinámica de trabajo constante”, aseguró.
Además de manera muy vehemente observó que los números positivos hasta ahora registrados por el OIJ demuestran que “Costa Rica sí tiene la posibilidad de intervenir el crimen organizado sin necesidad de caer en medidas autoritarias, extremas, como un estado de excepción o realizar allanamientos sin orden de un juez”.
Espejismo
La criminóloga Tania Molina Rojas ofreció una lectura aún más crítica de la situación. “Este país se volvió experto en estar botando portones y desarticular (bandas), pero vámonos para atrás, ¿qué están esperando para no tener que estar desarticulando?”, cuestionó, también en referencia a la falta de trabajo e inversión en labores de prevención de las comunidades.
Con no poca frustración coincidió en observar que aún puede ser prematuro para celebrar las cifras, pues “usted ve homicidios dolosos día y noche” y al respecto recordó el enfoque multidimensional que planteó en su primer libro Futuro Secuestrado para atender el problema de la inseguridad.
Molina Rojas subrayó que es preciso atender problemas “estructurales, institucionales, demográficos”, así como “la Exo-Criminalidad de Riesgo, que tiene que ver con el fenómeno de la migración irregular”. A ello se suma cantidad de “elementos que son regionales y mundiales”, tal como lo hizo ver en su otro libro Crimen organizado transnacional.
Entre otras cosas, aseveró que para atacar la criminalidad y sus efectos se requiere “política pública con perspectiva de género, sí, de género masculino”. Explicó al respecto que la tasa de crecimiento histórica entre 1990 y 2019 de homicidios de hombres se mantuvo en 0,34 por cada cien mil habitantes; pero a partir de la pandemia entre 2020 y 2023 esa tasa de crecimiento ha sido de 6,20.
“O sea, ha habido un incremento casi 20 veces más acelerado después del 2020”, puntualizó.
Por ello insistió en que se debe abordar “estas causas que son las que motivan y empujan los homicidios” y que, más allá del trabajo del OIJ o de la policía en lo criminalístico o represivo, se debe “analizar este patrón” porque es “crucial”.
Por otro lado, apuntó que asumir la cantidad de homicidios dolosos como la herramienta para medir cuán violento es un país es “un espejismo”, porque además de que “también hay mucho más conflicto interpersonal, riñas”, la disminución en los números “perfectamente obedece a pactos entre pandillas o porque ya tienen controlados sus mercados”.
Aseguró que “por eso es que bajan los homicidios, pero sigue existiendo otro tipo de violencia: la violencia de la amenaza, de la extorsión, del cobro de peajes, de toques de queda. Entonces, una disminución en los homicidios no refleja que el país es menos violento”.
La entrada Reducción de homicidios, aunque alentadora, no implica disminución de violencia ni del narcotráfico aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...