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Adrián Z. Rivero
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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, enfrentará un juicio por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
Así lo confirmó este miércoles el abogado Gerardo Huertas, quien representa al rector: “Anteayer (lunes) nos notificaron que el juez dictó el auto de apertura a juicio en el caso de don Carlos Araya y ordenó elevar la causa a juicio”, indicó a UNIVERSIDAD.
El presunto incumplimiento de deberes lo habría cometido Araya cuando, durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) del 1 de abril de 2025, votó contra una moción, sobre la que, en apariencia, debía abstenerse de participar, ya que la votación trataba sobre sí mismo.
“En el caso en específico de este funcionario público, a él se le endilga haber participado en una votación en la que se discutía un asunto relacionado con sí mismo y la obligación legal que él tenía era de separarse, de inhibirse de conocer este asunto”, había señalado previamente el fiscal del caso, Diego Maroto.
La referida moción fue presentada por otro miembro del CU con la intención de que el rector se inhibiera de conocer asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR, para evitar posibles conflictos de interés.
A inicios de 2025, se conoció otro caso sobre supuestas irregularidades en la construcción de varios edificios, a cargo de la OEPI, que habrían sucedido cuando Araya era vicerrector de Administración (2012-2020). Como parte de este tema, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) allanó la UCR y detuvo a dos funcionarios que figuran como imputados, quienes luego fueron liberados.
Sobre el supuesto incumplimiento de deberes por la votación en el CU; en julio de 2025, la Fiscalía comunicó que solicitaría la apertura de juicio contra Araya, tras concluir su investigación y haber formulado la acusación. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que reclamará ₡1 millón por concepto de daño social en este caso.
La audiencia preliminar, donde se conocería si el rector tendría que enfrentar un juicio a raíz de la situación, fue el pasado viernes 17 de abril, pero la decisión de que así sucederá fue notificada hasta este lunes, según indicó Huertas.
“El juez, al dictar esto, en ningún momento dijo que rechazara los argumentos de la defensa, sino que lo que dijo fue que esos argumentos, en su criterio, requieren ser valorados recibiendo la prueba y la prueba solo se puede recibir en juicio”, señaló el defensor.
El abogado aseguró que Araya no tenía que inhibirse de la votación que ahora lo sentará en el banquillo de los acusados, pues “desde el día anterior ya había delegado la competencia de eso”.
“No tenía razón de ser la inhibición; era una mera exhortación, además, y por ende, era un aspecto jurídico que consideramos si podía y debía resolverse en audiencia preliminar, pero bueno, el juez consideró que, en realidad, eso debería resolverse en juicio recibiendo la prueba”, agregó el penalista.
Huertas afirmó que Araya “está muy tranquilo” porque confía en que, en la etapa de juicio, con la presentación de pruebas, se podrá confirmar que “no se puede configurar el incumplimiento de deberes; que los hechos son totalmente atípicos y que la acusación realmente es muy ligera y temeraria”.
El abogado explicó que ahora el Tribunal Penal de Hacienda deberá fijar una fecha para el juicio: “Puede que un par de meses, con suerte en un mes, notifiquen la fecha, pero el juicio vendrá probablemente el próximo año”, manifestó.
El Artículo 339 del Código Penal establece la sanción por el delito de incumplimiento de deberes, en los siguientes términos:
“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
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